El juez dictó penas para ellos que van desde los 15 hasta los 18 meses de prisión correccional tras acogerse a un sistema de procesamiento rápido.
Cinco de las 17 personas que fueron detenidas por un presunto delito de asociación ilícita para realizar el tráfico ilegal de cubanos a Ecuador aceptaron los cargos de los que se les acusaban y se acogieron al procedimiento judicial abreviado, de acuerdo a una noticia publicada en el diario La Hora, de Quito.
El juez sexto de Garantías Penales de Pichincha, Jaime Vayas, decretó su culpabilidad y dictó penas para ellos que van desde los 15 hasta los 18 meses de prisión correccional.
Todos los procesados habían presentado previamente, por medio de sus abogados, un escrito en la Fiscalía admitiendo el acto atribuido y aceptando el tipo de procedimiento para un juicio rápido, contemplado en los artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano en el caso los delitos con pena máxima inferior a 5 años.
Policías y una notaría entre los implicados
Los acusados formaban parte de una red delictiva que facilitaba el ingreso ilegal de cubanos a Ecuador en la que había policías, una notaria y varios empleados, así como ciudadanos comunes de nacionalidad tanto ecuatoriana como cubana.
Las peticiones de los procesados para acogerse a este procedimiento abreviado cumplen con la normativa actual según manifestó la fiscal que se ocupa del caso, Thania Moreno. El haber aceptado los hechos que se imputan además, por medio del escrito presentado por los abogados, ha hecho que no se haya opuesto al procedimiento.
Todos ellos, al admitir su culpabilidad en la red de tráfico de cubanos, asumieron las repercusiones legales y las penas que conllevan. La fiscal Moreno había solicitado dos años de prisión para los procesados Wilmer Lozada y Teresa Flores, y 18 meses de prisión para Carmen Quishpe y Angélica Ortiz. El juez Jaime Vayas les condenó finalmente a 18 meses de prisión a los dos primeros y 15 meses a los segundos según el diario La Hora.
En este mismo proceso, el Juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha aceptó la suspensión condicional del proceso a favor de la procesada Liliana O. Ésta deberá presentarse en la Fiscalía regularmente sin poder tener instrucciones penales por otros delitos.
En el caso de otro de los acusados, Patricio S., se ordenó su inmediata libertad previa caución de 5.000 dólares.
El juez sexto de Garantías Penales de Pichincha, Jaime Vayas, decretó su culpabilidad y dictó penas para ellos que van desde los 15 hasta los 18 meses de prisión correccional.
Todos los procesados habían presentado previamente, por medio de sus abogados, un escrito en la Fiscalía admitiendo el acto atribuido y aceptando el tipo de procedimiento para un juicio rápido, contemplado en los artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano en el caso los delitos con pena máxima inferior a 5 años.
Policías y una notaría entre los implicados
Los acusados formaban parte de una red delictiva que facilitaba el ingreso ilegal de cubanos a Ecuador en la que había policías, una notaria y varios empleados, así como ciudadanos comunes de nacionalidad tanto ecuatoriana como cubana.
Las peticiones de los procesados para acogerse a este procedimiento abreviado cumplen con la normativa actual según manifestó la fiscal que se ocupa del caso, Thania Moreno. El haber aceptado los hechos que se imputan además, por medio del escrito presentado por los abogados, ha hecho que no se haya opuesto al procedimiento.
Todos ellos, al admitir su culpabilidad en la red de tráfico de cubanos, asumieron las repercusiones legales y las penas que conllevan. La fiscal Moreno había solicitado dos años de prisión para los procesados Wilmer Lozada y Teresa Flores, y 18 meses de prisión para Carmen Quishpe y Angélica Ortiz. El juez Jaime Vayas les condenó finalmente a 18 meses de prisión a los dos primeros y 15 meses a los segundos según el diario La Hora.
En este mismo proceso, el Juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha aceptó la suspensión condicional del proceso a favor de la procesada Liliana O. Ésta deberá presentarse en la Fiscalía regularmente sin poder tener instrucciones penales por otros delitos.
En el caso de otro de los acusados, Patricio S., se ordenó su inmediata libertad previa caución de 5.000 dólares.