Prisoners Defenders añadió 7 nuevos presos políticos en Cuba a su lista en el mes de febrero, incluidos tres activistas de derechos humanos, y dijo que el proceso de excarcelaciones tras un acuerdo con el Vaticano, que el régimen cubano dio por concluido esta semana, es "un fraude al descubierto".
Javier Larrondo presidente de la organización, dijo a Martí Noticia que, en total, se contabilizan en la isla 1.150 prisioneros políticos y de conciencia "sufriendo condenas judiciales y disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías, sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional".
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Declaraciones de Javier Larrondo
Entre los presos políticos incorporados a la lista en febrero se encuentra el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Alexander Verdecia Rodríguez, detenido el 7 de febrero pasado y encarcelado en la Prisión Las Mangas Nuevas, de Bayamo, en la provincia de Granma.
También fue enviado a prisión en febrero Amaury Díaz García, activista del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), detenido el 27 de noviembre de 2024 por colocar carteles frente a su vivienda en los que se podía leer: "¿Hasta cuándo estaremos sin corriente eléctrica? y Libertad para todos los presos políticos cubanos".
"Su salud está en grave riesgo debido a la negativa por parte de las autoridades de la prisión a suministrarle los medicamentos que necesita. El médico de la prisión le ha indicado que "no debía dejar de tomar 2 tabletas diarias de captopril, pues esta carencia lo podría llevar a la muerte", subraya en el informe Prisoners Defenders.
Otro activista de FANTU, Yaniel Tejeda Medina, fue encarcelado este mes en la Prisión Nieves Morejón, de Sancti Spíritus, acusado de “atentado”, “desacato” y “evasión de presos o detenidos”, delitos por los que podría ser condenado a entre 2 y 5 años de privación de libertad.
En su actualización, la lista de Prisoners Defenders incluye a tres ciudadanos sin afiliación política encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de expresión: Héctor Julio Cedeño, Tomás Chacón y Alejandro Morales Pereira, apunta el informe.
Un total de 33 prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores de edad siguen tras las rejas. Mientras, 222 manifestantes acusados de sedición, con un promedio de 10 años de privación de libertad, permanecen encarcelados, detalló Larrondo.
El presidente de la ONG recalcó que más de 700 presos políticos en Cuba "sufren patologías relevantes", 61 de ellos aquejados de trastornos graves de salud mental "sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado".
Excarcelaciones: "Un fraude al descubierto"
La organización evaluó las excarcelaciones en su informe mensual, en el que señala que estas no pueden considerarse como "liberaciones en modo alguno".
"Ninguno de los presos políticos fue propiamente liberado, pero entre los 553 sí se encontraban 323 presos comunes, delincuentes comunes que el régimen quiso hacer pasar por presos políticos. Junto a éstos, también 230 presos políticos fueron excarcelados, entre el 14 de enero y el 10 de marzo, bajo las draconianas condiciones de un “régimen carcelario-domiciliar”, apuntó la ONG.
Prisoners Defenders subraya que los manifestantes y presos políticos de conciencia excarcelados seguirán cumpliendo íntegramente sus condenas bajo dos tipos de subsidio de pena: libertad condicional y licencia extrapenal.
Su excarcelación se produjo, denuncia la ONG, "bajo graves y concretas amenazas de volver al régimen intracarcelario, revocando los subsidios de pena", si no se atienen a condiciones denigrantes como limitaciones de movimiento, la obligación de desempeñar trabajos forzosos asignados por la Seguridad del Estado, y la prohibición de publicar o expresar su opinión en redes sociales, o en declaraciones a la prensa, entre otras.
También se les prohíbe el activismo de derechos humanos o mantener comunicación con entidades que lo realizan.
Otras organizaciones han criticado el proceso. Este miércoles, Amnistía Internacional denunció que las excarcelaciones en Cuba se han llevado a cabo con poca transparencia.
La ONG dijo que hay más preguntas que respuestas, pues no se conocen los criterios bajo los cuales algunas personas fueron excarceladas mientras cientos de personas permanecen en prisión solo por ejercer sus derechos humanos.
Además, no ha habido un listado público de personas beneficiadas, no se ha hecho un reconocimiento de que en Cuba existen personas presas por razones políticas y el gobierno cubano no ha ofrecido garantías de Justicia y reparación.
Amnistía Internacional también exigió la libertad de todos los presos políticos, y de los prisioneros de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, Loreto Hernández, Maykel Osorbo, Roberto Pérez Fonseca y Saylí Navarro.