La agrupación Archivo Cuba está impulsando el documento “Cuba Libre: Compromiso Cívico de Transición a la Democracia” en el que se llama a una transición pacífica y ordenada que ponga fin al régimen comunista implantado en la isla desde hace seis décadas.
La organización, con sede en los Estados Unidos y dirigida por la activista María Werlau, asegura que el texto que recauda firmas en Change.org ya cuenta con el respaldo de 140 "destacados opositores y activistas, muchos en representación de organizaciones de Cuba y la diáspora".
"El variado grupo incluye hasta la fecha a abogados, artistas, autoridades religiosas y laicos, científicos, empresarios, escritores, economistas, ex altos militares cubanos, ex presos políticos, intelectuales, líderes políticos, médicos, músicos, politólogos, profesores universitarios y otros", explica una nota de Archivo Cuba.
A continuación publicamos el texto completo de la propuesta.
CUBA LIBRE: COMPROMISO CÍVICO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
Nosotros, cubanos que en la actualidad residimos en el territorio nacional o hemos sido forzados a abandonar nuestro país, reivindicamos el libre ejercicio de todos nuestros derechos cívicos, políticos, económicos y culturales, y aspiramos a un cambio pacífico hacia un Estado organizado en principio de democracia e imperio de la ley como única solución viable a la crisis política, social, económica y humanitaria que afecta a Cuba.
Movidos por la imperiosa necesidad de rescatar la nación y procurar el bienestar individual y colectivo, llamamos:
1. A todos los cubanos, a la resistencia, la desobediencia civil, y la no cooperación con las organizaciones de masas, cuerpos represivos y toda orden, mandato, medida o imposición que viole los derechos humanos hasta lograr el fin de la dictadura; y a un debate nacional cívico, plural e inclusivo sobre cómo efectuar un proceso de transición efectivo y garantista que respete los derechos a todos los actores sociales.
2. Al actual régimen, a que desmantele los órganos represivos y viabilice una transición pacífica y ordenada a la democracia, y a los jefes de las fuerzas armadas y de seguridad a cesar su colaboración y respaldo al Partido Comunista y sus órganos de poder.
3. A los funcionarios y empleados públicos y de toda entidad de gobierno y Estado, a que salvaguarden los documentos y archivos oficiales.
4. A la comunidad internacional, a que no extienda créditos o asistencia material al actual régimen, a que exija que deponga el poder y sancione a sus dirigentes si se niegan, a que envíe ayuda humanitaria solo a través de instituciones y entidades realmente independientes o en casos extremos de desastre para socorrer al pueblo, a que apoye el empoderamiento de los ciudadanos cubanos y su acceso a las telecomunicaciones y a que ayude al pueblo cubano en su tránsito a la democracia.
Exhortamos a los cubanos de buena voluntad, incluidos los líderes cívicos, políticos, religiosos, académicos y sindicales, a activistas de derechos humanos y a otras figuras públicas respetadas de muy diversos campos —a título individual o en representación de movimientos y agrupaciones— a coordinar estrategias y concertar voluntades por el bien del pueblo cubano, procurando acuerdos que propicien una transición a la democracia.
Queremos una Cuba libre, independiente y democrática cuya soberanía resida plenamente en su pueblo y que de éste dimanen todos los poderes públicos. El proceso de transición a la democracia será complejo y amplio, pero debe poder contar con el aporte de todos los ciudadanos cubanos sin importar su lugar de residencia. Sugerimos tomar la Constitución de la República de 1940, última adoptada democráticamente, como marco de referencia legal hasta que se conforme un gobierno elegido y/o se apruebe una constitución por consulta popular, exceptuando el inciso “a” de su artículo 99, que no permite el voto de los asilados, y otros que sean excluyentes o imprácticos para estos tiempos.
Durante un período inicial de transición, propugnamos:
- La designación de un gobierno provisional de duración limitada conformado por individuos comprometidos con una transición hacia una democracia plena y que no podrán postularse a cargos de gobierno en las primeras elecciones. Sus funciones serán:
a.) Coordinar el traspaso del poder y dirigir el período de transición inicial hacia la restauración de todos los derechos fundamentales.
b.) Administrar provisionalmente el país y los recursos del Estado, priorizando la seguridad nacional, el orden público y los servicios esenciales.
c.) Planificar y programar elecciones generales por sufragio universal, igualitario y secreto en un período prudente, pero breve y no superior a 24 meses, para elegir un gobierno que impulsará y consolidará la transición y que entre sus tareas tendrá la elaboración de un proyecto de Constitución de la nueva República democrática que se someterá a un referendo nacional. - Prohibir la pena de muerte, así como todo acto de violencia y acción arbitraria contra todo ciudadano, bienes materiales o el orden y la paz públicos.
- Abolir el control del Partido Comunista sobre el gobierno y el Estado, así como los órganos de poder del Estado y disolver las actuales organizaciones partidistas durante el período de transición.
- Abolir la policía política y todo órgano represivo del Estado.
- Cesar de sus cargos e inhabilitar temporalmente a miembros del Partido Comunista, altos funcionarios administrativos civiles (incluso Ministros, Viceministros Directores y Directores Adjuntos de empresas del Estado, Embajadores, Enviados Extraordinarios y altos cargos del Tribunal Supremo, la Fiscalía General y la Contraloría General), así como a los altos mandos del Ministerio de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.
- Mantener de manera provisional la estructura administrativa actual del Estado, sustituyendo a los cuadros dirigentes, y convidar a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, así como a funcionarios y empleados del gobierno e instituciones del Estado que no hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos a permanecer en sus puestos manteniendo el orden y la seguridad en concordancia con los objetivos de este compromiso.
- Separar de sus cargos a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad como tortura, asesinato, desaparición forzada y prevaricación, o graves violaciones a los derechos humanos y referirlos a la Justicia, garantizando su seguridad personal y el debido proceso jurídico.
- Derogar toda ley, regulación o práctica que suprima o atente contra las libertades fundamentales y los derechos ciudadanos, incluidos los de autodeterminación, conciencia, expresión, prensa, información, asociación, reunión, movimiento, sindicales, privacidad y culto.
- Legalizar las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil y las agrupaciones y los partidos políticos que se comprometan con la instauración de un sistema democrático.
- Garantizar a los ciudadanos libre acceso a las comunicaciones y priorizar el desmantelamiento de los monopolios del Estado sobre la prensa, la educación y las comunicaciones.
- Estimular la productividad, el abastecimiento y el acceso a los bienes y servicios esenciales —atendiendo prioritariamente a los más vulnerables— mediante la promulgación de medidas urgentes tales como las que liberen los precios y el mercado campesino, permitan el ejercicio libre de las profesiones y la exportación e importación por parte de los ciudadanos e induzcan el desarrollo económico y social de la población.
- Excarcelar incondicionalmente a todos los detenidos, procesados, y condenados por motivos políticos, así como a los condenados por peligrosidad social predelictiva, salidas y entradas del país, y delitos contra la seguridad nacional (denominados por el actual régimen como “delitos contra la integridad y estabilidad de la Nación y contra los poderes del Estado”).
- Poner en marcha la revisión de todas las condenas por todas las causas e invitar a organismos internacionales de derechos humanos a inspeccionar las prisiones y centros de detención.
- Permitir el regreso de los cubanos en el exterior, incluidos los desterrados y supuestos “desertores” de instituciones del Estado, eliminando toda causa política contra ellos y restituyendo sus derechos, incluidos los de voz y voto en el proceso democrático.
- Derogar los convenios políticos, militares y económicos, así como las colaboraciones de todo tipo con aliados y habilitadores del actual régimen y todo acuerdo que no sirva a los intereses de la democracia, incluidos los que conceden refugio a extranjeros vinculados con el terrorismo, el narcotráfico y otras actividades contrarias al bien nacional.
- Sancionar, mediante debido proceso de ley, a quien destruya, esconda, desfalque o malverse documentos, fondos, propiedades y otros activos del Estado.
- Adoptar una regulación de transparencia que garantice el rendimiento de cuentas sobre la gestión del gobierno provisional.
- Designar un Grupo de Trabajo que siente bases para un proceso de Verdad, Justicia, Memoria y Reconciliación que coordine aspectos esenciales de la transición incluidos archivos, víctimas, propiedad privada, bienes malversados, patrimonio nacional, reparaciones, lustración, reconciliación y memoria.
- La promulgación de leyes, la designación de una Comisión oficial de Verdad, Justicia y Memoria y la restructuración del aparato gubernamental/estatal será posterior al período provisional; corresponderá a los gobiernos elegidos y a lo que disponga una nueva constitución, que reflejarán la voluntad del pueblo soberano.