Miles de brasileños se volcaron a las calles este domingo por cuarta vez en el año para exigir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, pero sin conseguir aglutinar un apoyo masivo que encienda la alerta.
Las protestas contra la acosada mandataria izquierdista, blanco de un procedimiento de impeachment en el Congreso por maquillar las cuentas públicas, reunieron a unas 22.000 personas según la policía y a 82.000 según los organizadores en 39 ciudades, informó el portal G1 de Globo. Aún faltan las cifras de Sao Paulo, donde se espera que alcancen su clímax.
"El tiempo está demostrando la incapacidad de Dilma de gobernar el país, está llevando al país a un pozo. Hay elementos para el impeachment, la presidenta hizo muchas maniobras fiscales" ilegales, dijo a la AFP el ingeniero Adriano de Queiroz, de 36 años, mientras protestaba en Brasilia.
Aunque gran parte de la población está harta de la corrupción y Brasil atraviesa la peor recesión económica en décadas, la inflación supera el 10% y el desempleo crece, esta protesta contra Rousseff no igualó las cifras de las anteriores manifestaciones, que de acuerdo a la policía juntaron a más de un millón de personas en marzo y a cientos de miles en abril y agosto.
Los organizadores justifican la débil asistencia en que solo convocaron la marcha hace unos 15 días.
"Esperamos menos gente hoy porque en las otras manifestaciones tuvimos dos o tres meses para organizarnos. La de hoy es una señal de que la población está volviendo a las calles, que está muy atenta al proceso de impeachment", sostuvo Kim Kataguiri, coordinador nacional del Movimiento Brasil Libre, en declaraciones a la AFP en la marcha en Sao Paulo.
"Hoy vamos a fijar la fecha de la próxima manifestación, que será el año que viene e igualará a las otras tres que ya hicimos", aseguró.
En la céntrica avenida Paulista de Sao Paulo, miles de manifestantes exigían la salida del poder de la exguerrillera izquierdista de 67 años que tiene un 10% de popularidad a menos de un año de comenzar su segundo mandato.
Grandes globos con los rostros de Rousseff o su padrino político, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, sobrevolaban la protesta, pero la gran atracción fue un pato gigante que hace semanas adorna la puerta de la poderosa Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp), junto a la leyenda "No voy a pagar el pato", y donde todos querían fotografiarse.
"Estar aquí hoy es muy importante para que Brasil se libre de un proyecto criminal, que usa el dinero de la corrupción en las estatales para comprar votos de los congresistas. Ellos se venden por dinero y perpetúan la corrupción en el poder", dijo el ingeniero Ricardo Santos, de 54 años, junto a su perro vestido de amarillo.
En Brasilia, unos 6.000 manifestantes marcharon al Congreso y rodearon un gigantesco muñeco inflable de Rousseff con una gran nariz apodado de "Dilmentiras". Luego hicieron un entierro y cremacion simbólicos de la mandataria y de su Partido de los Trabajadores.
La policía se preparó para recibir a 60.000 manifestantes en Brasilia, pero finalmente solo contabilizó 6.000.
En Rio de Janeiro, unos pocos miles -6.000 según organizadores- desafiaron al intenso calor y el sol rabioso del mediodía para reclamar la salida de Rousseff frente a la playa de Copacabana, mientras turistas y bañistas se paseaban a su lado en minúsculos shorts y bikinis.
"Estamos aquí con la esperanza de que sin Dilma va a ser mejor. Es que no puede ser peor. Bajo el liderazgo de Dilma el país no hizo sino empeorar", dijo Armando Curado, un jubilado de 70 años.
La presión popular con millones de brasileños vestidos de negro manifestando en las calles de todo el país aceleraron en 1992 la caída del presidente Fernando Collor de Mello, que renunció justo antes de ser destituido por el Congreso por corrupción.
"La tendencia es a que estos movimientos aumenten. Ahora con las vacaciones es más difícil. Hay que quitar a esta gente el comando de Brasil", dijo el diputado ultraconservador Jair Bolsonaro a la AFP en Rio.
La Corte Suprema debe decidir este miércoles si mantiene o no la comisión especial elegida en la Cámara baja para estudiar el impeachment de Rousseff, cuestionada porque fue elegida por voto secreto en un ardid del jefe de Diputados Eduardo Cunha, archienemigo de la presidenta e investigado por corrupción en Petrobras.