El otorgamiento de una licencia a una compañía lituana para operar servicios de activos virtuales en Cuba despierta interrogantes sobre la apuesta del régimen de La Habana por las criptomonedas, el marco legal en el que ocurre esta actividad financiera y qué impacto tiene sobre los cubanos.
Según la Resolución 8 de 2025 del Banco Central de Cuba, publicada en la Gaceta Oficial el 21 de febrero pasado, la entidad otorgó una licencia a EBIORO UAB, autorizándola a "cobrar, pagar y realizar operaciones cambiarias, hacia, y desde el territorio nacional, incluyendo el desarrollo y gestión de plataformas digitales para estos fines".
¿Qué podría haber detrás del otorgamiento de esta licencia? "Algún negocio para el régimen cubano", dijo a Martí Noticias el economista radicado en Miami Miguel Alejandro Hayes.
Hayes es el presentador del podcast Hablando en Plata y colabora asiduamente con Martí Noticias.
El experto señaló que la mayoría de las políticas económicas que aplica el Estado cubano no tienen como objetivo alcanzar metas macroeconómicas convencionales como nivel de empleo, precios o inflación, sino que buscan establecer un "esquema de negocio".
Hayes apuntó que cuando el gobierno cubano otorga este tipo de licencias a empresas o firmas pequeñas tiende a beneficiar a "extranjeros amigos de la revolución, como les suelen llamar ellos, o amigos de Cuba, o simplemente a empresas de cubanos registradas en el extranjero", como es el caso de Fincimex, una firma del conglomerado militar cubano GAESA, registrada en Panamá.
Este parece ser el caso de EBIORO UAB, una empresa jurídicamente lituana, pero cuyo propietario es una persona de origen cubano de la que se conoce muy poco, dijo el economista.
Según la plataforma Okredo.com, la compañía fue registrada en 2022 por Yulexi Matienzo Carcasés y está integrada por cuatro accionistas, cuyos nombres no se revelan. Una búsqueda de información pública sobre Matienzo Carcasés, en su calidad de empresario, no arrojó otros detalles.
En el otorgamiento de esta licencia "no ha habido ningún tipo de transparencia, de licitación pública", lo que hace que clasifique como "un caso típico de corrupción", opinó Hayes.
EBIORO (del yoruba "ebi", que significa familia, y "oro"), se describe a sí misma como una empresa del sector de la tecnología financiera cuyo objetivo es "contribuir a la reducción de las fronteras económicas, permitiendo vivir en un mercado más eficiente e inclusivo, así como un mundo más profundamente integrado", según su página en internet.
La empresa asegura, además, que busca la reducción de costos en las transacciones a Cuba, permitiendo a los cubanos en el exterior comprar criptoactivos con tarjetas de crédito y enviarlas a sus familiares y allegados en la isla.
Con la licencia del Banco Central de Cuba, EBIORO UAB podrá "intercambiar activos virtuales y monedas de curso legal". También podrá administrar "activos virtuales e instrumentos que permitan su control, incluyendo monederos y cuentas digitales operados en plataformas de servicios de activos virtuales", detalla la resolución.
Antecedentes y un escándalo
El gobierno cubano legalizó las operaciones de criptoactivos en mayo de 2022, estableciendo una serie de requisitos para el otorgamiento de estas licencias, pero desde 2021 había decidido incluir a las criptomonedas entre los medios de pago legales utilizados en el país.
Expertos opinaron entonces que este movimiento del régimen de La Habana buscaba una vía para evadir las sanciones económicas del gobierno estadounidense.
Ese mismo año, un escándalo empañó el incipiente mercado cripto cubano. Ruslan Concepción, director de Trust Investing en la isla, fue detenido el 22 de abril de 2021 por presunta "actividad económica ilícita". Otros líderes del grupo también fueron puestos bajo custodia y sus bienes confiscados, según reportes en redes sociales.
A raíz del escándalo, las autoridades cubanas expresaron preocupación por el uso delictivo de las criptomonedas. El gobernante Miguel Díaz-Canel describió lo ocurrido como "operaciones monetarias ejecutadas por empresas transnacionales" que, a través del uso de criptomonedas, echaron a andar "esquemas especulativos" para maximizar ganancias "mediante procedimientos que pudieran ser motivos de fraudes, los que no son promovidos ni avalados por el Estado cubano".
De acuerdo con la ley, estas licencias para operar criptoactivos son aprobadas por un período de un año, y prorrogables por otro, "dado el carácter experimental y novedoso de este tipo de actividad", pero la cautela recuerda inevitablemente el caso de Trust Investing.
¿Licencia para el riesgo?
La compañía lituana estará obligada a informar a sus clientes sobre los riesgos de las operaciones con activos virtuales. La resolución puntualiza que esta información deberá incluir que los activos virtuales "no son moneda de curso legal y no están respaldados por el Banco Central de Cuba".
También deberá alertar sobre la volatilidad de los activos virtuales, la imposibilidad de revertir las operaciones una vez ejecutadas y los riesgos cibernéticos, tecnológicos y de fraude inherentes a los activos virtuales.
¿Por qué el gobierno cubano otorgaría una licencia a una entidad extranjera para realizar actividades financieras que exponen a sus clientes a estos riesgos?
De acuerdo con Hayes, quienes están detrás de esta autorización "deben estar obteniendo algún tipo de beneficio". También mencionó la posibilidad de Matienzo Carcasés, el cubano radicado en Lituania, sea "una persona que está prestando su nombre, o sea, un testaferro del régimen, para hacer este tipo de operación".
El experto añade que con este otorgamiento de licencia "estamos frente a una operación de promoción", en la que la función de la resolución publicada en la Gaceta Oficial, más allá de la formalidad de permitir el paso legal a esta empresa, es darla a conocer y validarla.
La noticia hizo titulares en varios medios estatales (únicos permitidos en Cuba), pero los reportes no ofrecieron detalles sobre las personas detrás de la empresa favorecida con la licencia.
"Está anunciándole a los cubanos un mercado de criptoactivos en el cual pueden insertarse", dijo Hayes.
Endeble marco legal
Aunque la resolución del Banco Central de Cuba establece que la compañía lituana deberá cumplir ciertos estándares y ser transparente sobre los riesgos de participación en este tipo de operaciones, "los cubanos no tienen ningún tipo de instrumento legal para responder" en caso de que la empresa decida hacer algún tipo de "rug pull" como ocurrió en Argentina, dijo Hayes.
En referencia a una acusación de fraude que pesa contra el presidente argentino Javier Milei por su promoción de las criptomonedas en las redes sociales, el economista cubano subrayó que en un país democrático, con separación de poderes, "nada protegió a los ciudadanos argentinos de lo que ocurrió".
¿Qué podría esperarse de Cuba, donde la capacidad del Estado de impartir justicia está sesgada por una ideología?, se cuestionó. "Cuando una persona reclame, si esa reclamación afecta directamente la credibilidad o el prestigio del Estado cubano, que es el promotor de este negocio, pues simplemente no procede ningún tipo de demanda", afirmó Hayes.
Un rug pull ocurre cuando los promotores de una criptomoneda atraen compradores, solo para detener la actividad comercial y quedarse con el dinero recaudado de las ventas.
Criptoactivos en una Cuba en crisis
Hayes opina que en un contexto como el de Cuba, en el que las instituciones enfrentan una crisis de credibilidad, y "con el historial de estafa del régimen", es muy probable que los servicios de EBIORO UAB no tengan éxito.
Los cubanos interesados en los criptoactivos, emprendedores "con un dominio de la tecnología, de acceso a la información, y con una serie de habilidades", tienen la capacidad de respuesta para evaluar el contexto en que esta empresa lanza sus operaciones en Cuba, dijo.
Por otro lado, la gran mayoría de los cubanos desconoce cómo funcionan los criptoactivos y no están en condiciones de realizar transacciones ni otras operaciones con activos virtuales, señaló el economista.
El experto insistió en que "nada protege al ciudadano cubano de que ocurra una estafa" en el manejo de estas operaciones por parte de una empresa avalada por el régimen, y en un país donde los mecanismos para procesar una denuncia de este tipo no existen.
Hayes dijo que el Estado cubano tiene un historial de estafa cuyo capítulo más reciente es la desprotección de la Moneda Libremente Convertible (MLC) ante la dolarización. Recordó episodios similares en la historia de la revolución cubana, como la eliminación del CUC como moneda y la consecuente devaluación de los ahorros de las personas que confiaron en las instituciones bancarias, y las "tiendas del oro", en las que en los años 80 los cubanos dejaron las joyas familiares a cambio de certificados en divisas para adquirir productos de primera necesidad.
"Son estrategias típicas de estafa" y con su puesta en práctica "la ciudadanía quedó totalmente desprotegida", dijo.
Hayes criticó que, en un mercado tan volátil como el de los criptoactivos, el gobierno cubano haya confiado una licencia a una empresa sin historial que avale su credibilidad.
"Parece un ejercicio irresponsable desde el punto de vista de la administración pública, en un contexto como el cubano, con una fuerte crisis económica. No es ético. No es recomendable. No es profesional", concluyó el experto.