El presidente de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Jamie Fly, denunció los crecientes esfuerzos de Rusia por forzar a RFE/RL -incluyendo su venerable Servicio Ruso y la red digital 24/7 Current Time- a abandonar el país.
Fly declaró que "RFE/RL está en el punto de mira de las autoridades rusas porque seguimos proporcionando a una audiencia creciente en Rusia de noticias e información objetivas en un momento en que el Kremlin está intentando limitar el acceso a la información. Seguiremos luchando contra estos ataques a nuestra capacidad de operar en Rusia por todos los medios posibles. Creemos que el pueblo ruso quiere más opciones".
Fly hizo sus comentarios cuando la RFE/RL se enteró de que el regulador de los medios de comunicación de Rusia, “Roskomnadzor”, notificaría a la RFE/RL una nueva ronda de 130 acusaciones a partir del 16 de abril, con lo que el número total de infracciones imputadas por “Roskomnadzor” asciende a 520, y el importe total previsto de las multas impuestas a 2,3 millones de dólares.
En los últimos cinco años, RFE/RL casi ha duplicado su audiencia en Rusia hasta alcanzar actualmente un alcance semanal de al menos el 6,5% de los adultos rusos, o casi 6,7 millones de personas. Entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, los vídeos producidos por Current Time fueron vistos más de 1.500 millones de veces en las plataformas de medios sociales y el número de suscriptores a las páginas de medios sociales de Current Time se duplicó con creces hasta superar los 5 millones; las audiencias en línea del Servicio Ruso de RFE/RL también crecieron de forma espectacular, con 250 millones de visualizaciones de vídeos en todas las plataformas de medios en 2020.
Roskomnadzor ya ha notificado a RFE/RL 390 acusaciones de infracción en los últimos tres meses, que han dado lugar a multas previstas de 1,4 millones de dólares, por violar las normas invasivas de auto etiquetado que exigirían que RFE/RL etiquetara cada pieza de texto, vídeo, audio o contenido de medios sociales con un descargo de responsabilidad prominente y extenso, exigido por el Estado.
El contenido de vídeo está obligado a llevar una cláusula de exención de responsabilidad de 15 segundos al principio de cada clip, y las cláusulas de exención de responsabilidad publicadas con los artículos de texto y las publicaciones en las redes sociales deben realizarse con un tamaño de letra dos veces mayor que el del texto.
RFE/RL no ha cumplido con estas normas de etiquetado que, según dice, violan la Constitución y la ley rusas de medios de comunicación, y podrían distraer a las audiencias que buscan alternativas a los medios estatales rusos.
Los reguladores rusos han señalado a RFE/RL -cuya independencia editorial también está consignada en la legislación estadounidense- por encima de otras operaciones de noticias extranjeras en Rusia.
En 2017, los reguladores rusos incluyeron el Servicio Ruso de RFE/RL en una lista de medios de comunicación que se considera reciben financiación extranjera para la actividad política como "agentes extranjeros", junto con los servicios de noticias regionales en lengua rusa de RFE/RL y Current Time, la red dirigida por RFE/RL en cooperación con Voz de América.
La ley también pone a los periodistas de la RFE/RL en riesgo de ser procesados penalmente. Con cerca de 270 “freelances” y más de 50 contratistas locales, RFE/RL tiene una de las mayores redes de periodistas independientes en Rusia y mantiene una oficina en Moscú desde 1991, cuando fue invitada por el presidente ruso Boris Yeltsin.
El 6 de abril, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó a través de Twitter su "preocupación por los esfuerzos de Rusia para cerrar Radio Free Europe/Radio Liberty y silenciar esta valiosa fuente de información independiente", tras una reunión con la directora general en funciones de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, Kelu Chao.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, había declarado previamente que Estados Unidos está "profundamente preocupado" por las acciones del gobierno ruso contra RFE/RL, que también han sido criticadas por la Unión Europea, por miembros del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por The Washington Post y por grupos de defensa de la libertad de prensa, como el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras.