Naciones Unidas ha revisado sus normas mínimas para el tratamiento de los prisioneros conocidas como Reglas Mandela, en honor al desaparecido líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y quien fuera presidente de ese país tras 27 años en prisión.
Estas reglas que honran la memoria de Nelson Mandela, un notable luchador contra el racismo, también podrían llamarse Mario Chanes de Armas o Armando Sosa Fortuni, presos políticos cubanos que, al igual que Mandela, cumplieron largos años de cárcel por defender sus convicciones.
El líder sudafricano cumplió una importante parte de su sanción en la isla Robben, Chanes de Armas, expedicionario del Granma y atacante al cuartel Moncada, encerrado por 30 años, estuvo mucho tiempo recluido en otra isla, menos conocida y que nunca será patrimonio de la humanidad, Isla de Pinos.
Chanes estuvo encerrado tres décadas sin haber participado en actos de violencia contra el régimen de los Castro. Sin embargo, cuando Fidel y Raúl participaron en el ataque al Moncada en el que murieron decenas de personas de ambos bandos, Fidel fue condenado a 15 años de cárcel. De esa condena sólo cumplió, al igual que sus acompañantes, 22 meses de prisión.
Las condenas a prisión del castrismo no sólo son injustas sino excesivas. El comandante Huber Matos, por ejemplo, sólo por denunciar la penetración comunista fue encerrado 20 años. El poeta Jorge Vals estuvo el mismo tiempo tras las rejas por enfrentar las declaraciones de un fiscal.
El caso de Sosa Fortuni es aún más complejo que los anteriores. Es el prisionero político cubano de mayor edad. De sus 73 años, ha cumplido casi 40 de encierro, en dos periodos separados por poco más de una década.
Sosita, como le dicen sus amigos, está muy enfermo. Frecuentemente le suspenden la visita y le impiden recibir los alimentos que le lleva la persona que le atiende, un castigo que el régimen castrista aplica regularmente y que está sancionado en las reglas Mandela.
El líder venezolano Leopoldo López cumple una injusta sanción aislado y con numerosas restricciones. En consecuencia, el déspota Nicolás Maduro, al igual que Raúl Castro, viola las reglas Mandela.
Según Iban Simonovic, alto funcionario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ban Ki-moon, secretario general del organismo internacional, acogió favorablemente la revisión de las normas y destacó su importancia en la protección de los Derechos Humanos "de todas las personas privadas de libertad como uno de los grupos más vulnerables que corren el riesgo de ser víctimas de abusos y maltrato".
Otro de los acuerdos a destacar son los relativos al confinamiento solitario o celdas de castigos. Las reglas disponen que el encierro de un recluso por más de 22 horas sin contacto humano o el aislamiento por un periodo superior a 15 días, práctica contante de los esbirros en uniforme del castrismo, es violatorio de las conclusiones de este documento internacional.
Las nuevas normas también regulan las requisas que la dictadura cubana llama eufemísticamente visitas de control y plantea que durante, antes y después del registro, los carceleros deberán respetar la dignidad de los reclusos.
El acuerdo también sostiene que los presos no pueden ser torturados ni abusados y que el director del penal debe informar de inmediato sobre la muerte, desaparición o lesiones graves de una persona que esté bajo custodia y realizar una investigación, rápida, imparcial y efectiva sobre las circunstancias y las causas.
Las Reglas Mandela protegen a los presos de la tortura, daños físicos y de tratos inhumanos y degradantes. Según Mogens Lykketoft, presidente de la Asamblea General de la ONU, "es un profundo mensaje de que los prisioneros son seres humanos que nacen con dignidad y el derecho a la seguridad y al respeto a sus Derechos Humanos".
Este postulado es transgredido por el Gobierno de los Castro, que nunca acató las decisiones en las que la desaparecida Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo incriminaba. Tampoco, a pesar de las numerosas promesas, organismos internacionales como la Cruz Roja y Amnistía Internacional no se les otorga autorización para visitar las prisiones cubanas.
El documento es realmente exhaustivo y recoge un número de situaciones que deben ser erradicadas y que son padecidas por los presos sin que interesen las causas que los condujeron al encierro.
La aplicación de estas medidas debería ser obligatoria en todos los sistemas carcelarios del mundo, aunque no es prudente hacerse ilusiones con algunos Gobiernos como es el caso de Cuba y Venezuela que, aunque han firmado numerosos acuerdos supranacionales sobre la defensa y respeto a los Derechos Humanos, los violan de manera sistemática y permanente.