El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó una vez más al Gobierno de España que interceda por la liberación del preso político Mario Josué Prieto Ricardo, con doble ciudadanía cubana y española.
Prieto Ricardo fue detenido durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba y condenado a 12 años de cárcel por el delito de sedición.
“Hemos alertado, hemos denunciado, junto a su familia, nuestra preocupación por el estado de salud de Mario Josué y por eso es que estamos pidiendo una mediación, gestiones, del gobierno español, incluso de Naciones Unidas”, informó a Radio Televisión Martí, Yaxis Cires, director de Estrategia de la organización, que tiene su sede en Madrid.
“Toda la documentación relacionada con el caso de Mario Josué ha sido enviada, en su momento, a las autoridades españolas”.
Tras el análisis de la sentencia, el OCDH concluye que, “en ningún momento quedó probado el delito de sedición que le era imputado” y “que no se respetó el principio o garantía de que las personas deben ser juzgadas por un juez natural y no por tribunales o salas de excepción”.
Asimismo, asegura que se manejó políticamente el caso, “sin tener en cuenta las incongruencias de los testigos de la fiscalía y cometiendo errores en la ponderación de pruebas”.
Tampoco se tuvieron en cuenta las circunstancias personales y de salud de Mario Josué.
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Reportaje de Yolanda Huerga
“Acabamos de publicar un informe jurídico que demuestra claramente las incongruencias, las violaciones al debido proceso, el condicionamiento político que ha primado en este, como en otros procesos del 11J”, apuntó Cires.
“Es decir, en todo momento, lo que hemos hecho es proporcionar a las autoridades españolas y ahora a Naciones Unidas información concreta sobre este caso, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la salud de Mario Josué y también desde el punto de vista humanitario”.
El dictamen del OCDH acerca del proceso seguido contra Prieto Ricardo precisa que “está ceñido a los dictados del Partido Comunista y su policía política, entrometidos en la actividad judicial, que no pretenden otra cosa que criminalizar conductas cívicas naturales espontáneas”.
Las autoridades españolas afirmaron, recientemente, que actúan en este caso “de acuerdo con lo que estipulan las leyes cubanas”.