La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró su llamado al Estado cubano a garantizar el debido proceso legal de las personas acusadas por participar en manifestaciones públicas.
La entidad hizo la exhortación a través de Twitter tras recibir "reportes sobre alegadas violaciones al debido proceso" en el juicio contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, El Osorbo, que se celebró el lunes y el martes en el Tribunal Municipal de Marianao.
La Relatoría instó al Estado cubano a cesar la criminalización contra periodistas, artistas, disidentes y personas que ejercen los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación; así como a garantizar que puedan realizar su labor sin temor a represalias.
Además, la entidad reiteró su llamado al gobierno de Cuba a reconocer y proteger el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión sin discriminación por razones de opinión política.
#Cuba🇨🇺 La RELE recibió reportes sobre alegadas violaciones al debido proceso en el juicio contra los activistas Luis Manuel Otero y Maykel Castillo, acusados de cargos contra el orden público y desacato, presuntamente con relación a su participación en manifestaciones pacíficas.
— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) June 1, 2022
El juicio contra los artistas quedó el martes concluso para sentencia. La fiscalía del régimen pide 7 años de cárcel, para Otero Alcántara y 10 años para El Osorbo, por los presuntos delitos, de atentado desacato y desórdenes públicos.
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El proceso contra ambos ha desatado una oleada de críticas y condenas de numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han calificado el juicio como un “circo” y una “farsa”.
La organización Human Rights Foundation (HRF), con sede en Nueva York condenó enérgicamente los juicios y dijo que son infundados y "parte de una campaña más amplia del régimen cubano para perseguir a artistas, intelectuales y defensores de los derechos humanos relacionados con las históricas protestas contra la dictadura del 11 de julio que asolaron la isla el año pasado".
La organización internacional Civil Rights Defenders también condenó el juicio arbitrario contra los activistas y señaló que no tuvieron acceso ni representantes de embajadas europeas, ni ONGs ni medios de comunicación.
Juan Pappier, investigador sénior de Human Rights Watch, aseguró en declaraciones a Efe que el juicio es una gran farsa y Erika Guevara-Rosas, representante de Amnistía Internacional en América Latina, dijo que se trataba de un circo.
El gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en La Habana denunció que "para sorpresa de nadie, el juicio no fue ni libre ni justo. El régimen utilizó cargos inventados. Se les persigue por su arte y sus opiniones".