Artículo de opinión
Los represores de cuello blanco en las universidades cubanas y otros centros académicos del país han sido poco visibilizados en un contexto social permeado -a lo largo de más de seis décadas─ por la sistemática violación de la libertad de pensamiento y de expresión, en un entramado político-ideológico signado por la intolerante y excluyente postura gubernamental.
Con el apoyo y bajo las orientaciones de una cúpula de gobierno que desde su arribo al poder lo primero que atacó fue la cultura como base del pensamiento –acto inicial de las dictaduras, según expresara el nigeriano Wolle Soyinka, Premio Nobel de Literatura 1986─ los represores han podido destruir con sus execrables actos carreras, individuos y familias.
El asalto contra la autonomía universitaria perpetrado por Fidel Castro Ruz en el año 1962, expulsó a decenas de profesores de pensamiento liberal y sólida formación académica, y cerró las disciplinas de ciencias sociales para luego reabrirlas vaciadas de sus metodologías y contenidos originales.
Pero este acto contra la libertad de pensamiento se veía venir, no sólo por ser inherente al proyecto político que se vislumbraba sería impuesto en el país, sino por algunos antecedentes a esta posición planteados en “Los discursos pronunciados por Fidel Castro en 1961”, según el Informe No.6 del Observatorio de Libertad Académica (OLA), de noviembre 2020.
De acuerdo con el Informe, en el primero de los discursos (23/1/1961) se destacan las consignas ideológicas en torno a “las responsabilidades que tendrían los maestros en el proyecto”, cuya idea era crear centros de formación comunista capaces de garantizar el adoctrinamiento de la clase académica e intelectual, y defender sobre todo los valores del régimen.
El segundo discurso, pronunciado el 27 de marzo del propio año 1961, marcaría un hito en cuanto a la motivación de las juventudes, y un camino a seguir de acuerdo con la ideología, ´pues aparte de invitar a los estudiantes a defender la revolución, los conminó a asegurarse de protegerla a toda costa en sus hogares, las calles, y todo centro de enseñanza, emplazando a los “contrarrevolucionarios” como el enemigo a derrotar y a destruir.
De ahí la obsesión “revolucionaria” de controlar la Universidad desde la vigilancia absoluta, impuesta tras la contrarreforma universitaria de Juan Marinello (1962). A partir de ahí, siempre hubo censura en la Universidad, como esencia fundamental de la ideología comunista para lograr sus fines.
En su infeliz intento de lograr una sociedad distópica orwelliana, donde la manipulación de la información, la vigilancia masiva y la represión política predominan como la fórmula ideal para conservar el poder ─al peor estilo de la novela 1984 de George Orwell─ la revolución cubana no ha dejado de imponer el “crimental” –crimen de la mente─ en los centros universitarios.
Esta criminalización del pensamiento que parece una parodia macabra de la ficticia sociedad de Orwell ─hecha verbo en la real de Castro Ruz─ ha contado con muchos y connotados represores de cuello blanco a lo largo de más de 60 años del poder absoluto de la “revolución” sobre la nación cubana.
Entre la desinformación, la ausencia de formación y la mordaza política, los profesores se sintieron presionados, menos los que provenían de la cantera de cuadros del Partido Comunista que, por supuesto, aportaban mucho de dogma y ortodoxia teológica para imponer en los diversos escenarios.
Políticos, académicos y amanuenses vinculados por razones ideológicas a las universidades como Juan Marinello, José Manuel Miyar Barruecos, Rubén Sardoya, Juan Vela, o Miriam Nicado, entre otros represores de cuello blanco, implementaron la excluyente consigna “La Universidad es para los Revolucionarios”.
Sin tomar en cuenta el nivel académico, la trayectoria y obra de profesores, alumnos e investigadores, muchos de ellos fueron enviados a ocupar espacios fuera de sus perfiles profesionales, condenados al ostracismo social, o expulsados definitivamente de las universidades, ensañándose en intelectuales del nivel de Walterio Carbonell y Manuel Moreno Fraginals.
Más adelante, como forma de acabar con la opinión otra, se perpetró el cierre de la revista de la Facultad de Filosofía, Pensamiento Crítico (1971), y en el año 1992, la expulsión del grupo de profesores del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría (ISPJAE), entre los que figuraba quien fuera luego un líder de la oposición, Félix Bonne Carcassés.
Otro caso fue el de la actual Doctora Marlene Azor. A mediados de la década de los 90, como profesora de la Facultad de Filosofía e Historia, presentó una tesis doctoral sobre las experiencias históricas del socialismo de Estado. La polémica propuesta le impuso una barrera.
Para continuar como profesora universitaria, debía hacer un doctorado y fue el Decano Dr. Rubén Sardoya Loureda quien la desautorizó a cursarlo debido a la actitud civil y académica de Azor frente a los métodos que se aplicaban, actitud por la que tuvo que salir entonces al exilio en México.
Estas purgas universitarias iniciadas en los años 60 del pasado siglo, y aún vigentes a cuentagotas, pero con sistematicidad, convirtieron los altos centros de estudios en otra trinchera política donde las opiniones favorables a la “revolución” son la única garantía de no ser expulsados de un plantel.
El Rey desnudo: La represión en Cuba bajo la mirada de internet
La llegada de internet a la isla –más allá de la precaria conexión, los altos y prohibitivos precios de los equipos y servicios, las limitaciones y la vigilancia política en las redes─ ha propiciado el poder desvelar las interioridades del monstruo de la represión política a todos los niveles de la sociedad.
La creación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) en el año 1992 creó extensas bases dentro de la isla para compilar y enviar con inmediatez a través de las redes y hacia organismos internacionales los constantes actos represivos cometidos por el régimen dentro del país.
La expulsión del Máster Julio Antonio Aleaga Pesant, mientras fungía como profesor de cine cubano en la Universidad de La Habana, propició mi primer contacto personal con una víctima de los represores de cuello blanco que han fungido como guardianes de la doctrina en las aulas universitarias desde los albores de la revolución hasta el día de hoy.
Expulsado el día 4 de abril del año 2005 por el Doctor Rogelio Rodríguez Coronel, Decano de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, bajo el supuesto crimen de ser un defensor de los Derechos Humanos en Cuba, el caso de Aleaga es otra muestra de la continuidad en la práctica de depurar por razones políticas los centros de Educación Superior en la isla.
Al preguntar quién decidía su expulsión del claustro de profesores de la universidad, el decano le dijo: “Son órdenes de la Seguridad del Estado”.
Aleaga recuerda que sus visitas a la Secretaría del Rectorado para exigir al rector, Juan Vela Valdés, los documentos del proceso de expulsión, fueron en balde, pues la política es no dejar huellas sobre estas situaciones.
Mi segundo contacto con una víctima de los ejecutores de este tipo de represión fue con Boris González Arenas, quien mientras se desempeñaba como profesor de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, fue expulsado por su activismo en las redes sociales. Es una muestra de la vigilancia y asedio del gobierno a quien busca información, y el castigo a quien la difunde.
La expulsión de Boris la ejecutó Gerónimo Labrada, un antiguo y anodino sonidista de la escuela que sustituyó al anterior, Rafael Rosales, quien, según Boris, es un honorable intelectual guatemalteco que por su postura cívica frente a las presiones del Partido Comunista y otros directivos del centro para que aprobara y firmara el despido del profesor fue también cesanteado.
“Es lógico pensar” –señala Boris─ “que detrás de todos estos funcionarios estaba la Seguridad del Estado, y en mi caso hay duplicidad de interpretaciones. Si por un lado”, agrega, “el director extranjero no admitía presiones, por el otro, el nacional se rebajaba y humillaba a cumplir las órdenes de la policía política”.
“Ya en dictadura el castrismo ha estado en el centro de las discusiones generales de la masa universitaria”, dice Gonzáles Arenas. “Pero también la universidad ha estado en el centro de las frustraciones del castrismo. Eso permite comprender el daño antropológico hecho por la dictadura, y cómo la censura a los medios académicos daña el desarrollo y el cuerpo intelectual y profesional de la nación”.
“Creo que los analistas abusan al considerar las acciones de Fidel Castro como estratégicas, cuando lo cierto es que eran condicionantes viscerales. El encanto que él buscaba producir entre intelectuales y científicos era visceral, parte de su percepción desquiciada de la realidad”, concluye.
Otros casos donde nuevos represores de cuello blanco han quedado al desnudo frente a la opinión pública nacional a través de las redes sociales, grupos independientes y acuciosos observadores y denunciantes de la realidad de la isla como la FHRC, son los de Oscar Casanella y Yanelis Nuñez Leyva, ambos expulsados por razones políticas de sus respectivos empleos.
A Oscar lo expulsan del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología el director del centro, Dr. Luis Curbelo Alonso, y el vicedirector de investigaciones y docencia, Dr. Lorenzo Anasagasti, por sus vínculos de amistad con un músico del grupo Porno para Ricardo, opuesto al régimen.
Por otra parte, Nuñez Leyva, graduada de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, crítica de arte y curadora del Museo de la Disidencia, es expulsada por la Doctora Luisa Campuzano Senti de la revista Revolución y Cultura, por opiniones “subversivas”.
También los hermanos Ariel y Omara Ruiz Urquiola han pasado a formar parte de una considerable y creciente lista de profesores y alumnos de diversas universidades o centros académicos que han sido expulsados por no ser ejemplos de “rectitud política” o compromiso ideológico con los supuestos postulados de una revolución que ve las libertades de opinión, expresión, pensamiento y conciencia como ejes del mal.
En el caso del Msc Ariel Ruiz Urquiola, fue expulsado del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana por denunciar en las redes algunas decisiones laborales y gubernamentales que afectan el normal desarrollo de un profesional. Por igual causa, su hermana, Omara Ruiz Urquiza, fue cesanteada del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI).
Como caso final de este trabajo –quedan cientos a lo largo y ancho del país─ quiero mencionar el de una joven que se ha convertido en el suceso actual más visible del despotismo revolucionario en el mundo académico y de su comportamiento violatorio de los Derechos Humanos elementarles, al impedirle la entrada a su país –condenándola al destierro─ a la periodista Karla Pérez González.
Pérez González, quien había ido a estudiar periodismo en Costa Rica luego de ser expulsada de la Universidad Central de Las Villas (2017) por sus vínculos con el grupo opositor Somos Más, regresaba graduada a su patria y otra vez la Seguridad del Estado y el gobierno cubano volvieron a violar un derecho humano fundamental, esta vez, el de poder entrar a su país.
Si en el 2017 su expulsión fue avalada por los integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Giovani Peñate, Armando Reguera Monzón y Jorge Castañeda López, en esta ocasión, la Cancillería cubana, la Aduana de la República y algún oscuro y tétrico enviado por el partido, hicieron el papel.
Además, si en aquella ocasión las caras de los títeres y la voz de los ventrílocuos que ejecutaron la orden de la policía política fueron las de la Dra. Osneydi León Bermúdez, Decana de la facultad de artes y letras, la Dra. Osana Moleiro Pérez, Vicerrectora primero, y ahora rectora, y el exrector Andrés Castro Alegría, ahora le tocó asumir el penoso rol a la directora de comunicación e imagen de la Cancillería cubana, Yaira Jiménez Roig.
En resumen, los estudiantes, profesores e investigadores de las universidades y centros académicos son víctimas de la violación de diversos derechos humanos, tales como el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a la libertad de pensamiento o conciencia, el derecho a la libertad académica y el derecho al trabajo, entre otros.
Para imponer esos niveles de control, coacción, amenazas, chantaje y represión política, el estado totalitario se vale de los represores de cuello blanco, muchos de ellos prestigiosos académicos y funcionarios del país.
Muchos de los académicos y directores formados y aupados en tiempo de dictadura son inescrupulosos y amorales, hasta que se pruebe lo contrario. Por ejemplo, la Doctora Luisa Campuzano Sentí, es filóloga. Gerónimo Labrada es sonidista de profesión. El Doctor Rogelio Rodríguez Coronel, filólogo y Presidente del capítulo cubano de la Academia Cubana de la Lengua. El Doctor Luis Curbelo, es un famoso oncólogo que acaparaba todos los viajes al exterior en el instituto que dirigía, para formarse en resonancia nuclear. Todos son sumisos e incondicionales al poder.
Para resumir el grado de sumisión, cinismo, cobardía e impunidad con que actúan estos inquisidores del pensamiento, la opinión y la conciencia libres, sólo se necesita leer una de las citas de las “reflexiones que bajo el título Ser profesor universitario, publicara la viceministra de Educación Superior, Martha del Carmen Mesa Valenciano, el pasado 13 de agosto de 2019, en alusión al caso de Omara Ruiz Urquiola. Según aseguró:
“El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”.
Con los alumnos que incumplen estos patrones se ha demostrado que puede ser peor. Características de la dictadura cubana que a menudo son silenciadas o tergiversadas por quienes las conocen bien en los círculos académicos internacionales.