El consumo de drogas en Cuba ha aumentado de manera considerable en el último año, también entre los adolescentes, según declaraciones de funcionarios del régimen de La Habana en el programa Mesa Redonda de la televisión estatal.
"Debemos reconocer que desde 2022 en adelante ha habido un aumento en la participación de nuestros estudiantes, especialmente en la educación secundaria básica, en el noveno grado y en el primer y segundo año de la educación técnica y profesional, en hechos relacionados con las drogas", admitió el viceministro de Educación, Eugenio González Pérez, quien precisó que el promedio de edad de los consumidores había bajado de 18 a 15 años.
González Pérez precisó que la mayoría de los incidentes en los que se ven involucrados adolescentes y jóvenes ocurren en la esfera pública, pero que también han “tenido incidentes dentro o en los alrededores de las escuelas, así como en las áreas deportivas”.
Aunque las autoridades aseguran mantener un programa de Tolerancia Cero a los estupefacientes, reconocieron que cada vez son más diversas las vías y formas de enmascaramiento para introducir la droga al país. A ello se le suma el cultivo de marihuana en el propio territorio nacional, sobre todo en las provincias orientales.
De acuerdo con Juan Carlos Poey Guerra, jefe de la Dirección Antidrogas del DTI del Ministerio del Interior (MININT), este año fueron ocupados 1.756,31 kilogramos de drogas, con predominio de la marihuana (1.052,9 kilogramos), la de mayor consumo en la isla desde hace más de una década.
Poey Guerra acusó a los cubanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, de introducir droga al país por la vía aérea “con el empleo de pasajeros, cargas y envíos postales”.
De acuerdo con el reporte, por esta vía las autoridades pudieron obstaculizar 49 operaciones de narcotráfico dirigidas a Cuba, "la cifra más alta en los últimos cinco años". El coronel precisó que habían detenido a 91 personas (78 cubanos y 13 extranjeros). También, dijo, detectaron lanchas rápidas en doble operaciones de tráfico de personas e introducción de drogas por la zona occidental del país.
"Se aseguraron 37.499 kilogramos de cocaína, enervante que sería comercializado en el territorio nacional. Se detuvo a 10 personas —cubanos y mexicanos—, entre los que se encuentran dos lancheros, y se ocuparon las embarcaciones", detalló.
Agentes de las Tropas Guardafronteras en conjunto con el Séptimo Distritito del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, capturaron además una lancha rápida y recuperaron 340,7 kilogramos de marihuana que habían tirado al mar. Ese hecho, en particular, ocurrió al norte de la provincia de Holguín.
“Existen afectaciones por cultivos de marihuana, principalmente en Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Guantánamo y Las Tunas; actividad extendida a Villa Clara, Matanzas, Mayabeque, Artemisa, Pinar del Río y La Habana”, dijo el funcionario, y precisó que la capital es el principal “mercado” de drogas en el país.
“Todos los escenarios y territorios tuvieron afectaciones con mayor expresión y complejidad en La Habana, principal mercado para la articulación de estas actividades a partir de la diversidad, disponibilidad, altos precios, mayor base de apoyo, traficantes, expendedores y consumidores”.
En el programa de la televisión estatal también hablaron de las sanciones que contempla el Código Penal vigente. Julia Gómez Guerra, presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, dijo que en 2023 han sido sancionados un total de 689 personas y al 92% de ellos le han impuesto penas privativas de libertad.
"Lo que se sanciona en el Código Penal es la tenencia y el tráfico de drogas, no a los consumidores", aseguró.
Por delitos relacionados con el narcotráfico, las personas pueden enfrentar entre los cuatro y treinta años de privación de libertad, cadena perpetua y hasta pena de muerte.
“En la modalidad delictiva de cuatro a diez años van a estar previstas aquellas personas que producen, elaboran, adquieren, trafican, trasladan, tengan en su poder con el propósito de traficar con ellas, procuren a otras personas este tipo de sustancias, y las que introduzcan o extraigan del territorio nacional estas drogas ilícitas o sustancias con efectos similares”, explicó Gómez Guerra.
“Estas sanciones están previstas para quienes administren locales, viviendas, adonde acudan las personas para ingerir estas sustancias psicotrópicas; las que tengan en su poder y entreguen a otras personas recursos para el cultivo, producción y fabricación de drogas; los que cultiven la marihuana o tengan en su poder las semillas de estas plantas; las personas que oculten los hallazgos de drogas o que practiquen el escamoteo con el propósito de traficar y las que participen en la organización de operaciones de tráfico”.
La jurista aclaró que esta sanción procede cuando la cantidad de droga no rebase la libra.
“Las sanciones de diez a 30 años, prisión perpetua de libertad o la pena de muerte también se le pueden imponer a funcionarios o empleados públicos, a las autoridades o agentes auxiliares que cometan ellos mismos estos delitos o que faciliten su comisión”, agregó.
Desde el año pasado el régimen de La Habana ha insistido en el aumento de casos de tráfico de drogas, así como la complejidad para detectar las formas en las que estas son enmascaradas para su entrada al país. Según cifras oficiales, en el primer semestre de 2022 ya habían interceptado la misma cantidad de intentos que en todo 2021.