Un reporte sobre ventas de material militar español en el primer semestre de 2021, muestra a Cuba como un importante comprador, según revela el diario El País.
El informe enviado al Congreso de España por la Secretaría de Estado de Comercio indica que el régimen de La Habana destinó 350.000 euros para comprar "material antidisturbios para Cuba".
La venta fue autorizada por el gobierno de Pedro Sánchez en el primer semestre de este año, "antes de la violenta represión de las movilizaciones de julio pasado", aclara el artículo.
Pero añade que este informe "no explica si la exportación de los equipos policiales se consumó con posterioridad o se optó por suspender la entrega ante el riesgo de que fuera utilizado para reprimir manifestaciones pacíficas".
Las exportaciones de armas españolas alcanzaron los 1.633,9 millones de euros en el primer semestre de 2021, de este total las exportaciones de material policial, fue de 98.257 euros, un 86,3% menos que en el mismo periodo de 2020.
"El primer comprador fue Albania (con 78.948 euros, el 80% del total). Entre las operaciones autorizadas pero aún no ejecutadas destacan, además de Cuba, la República Democrática del Congo (4,6 millones), Togo (306.150) y Túnez (111.000). Entre los compradores de armas de caza figura Ucrania (1.044.853 euros)".
En 2020, las exportaciones de productos de doble uso (civil y militar) sumaron 139,1 millones de euros.
En ese año fue denegada "una intermediación de Bosnia a Cuba para vender detonadores no eléctricos por 20.000 euros a una empresa dedicada a la compraventa de armas", indicó El País en un artículo publicado en junio de 2021.
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Un informe de Human Rights Watch sobre las manifestaciones ocurridas en Cuba durante el verano indica que el régimen comunista cubano "llevó a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021".
El informe denuncia patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba que "sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta".
"Las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso. Al menos un manifestante falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años", dijo HRW.
La organización determinó que los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como “Seguridad del Estado”, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”. Las “brigadas de respuesta rápida”, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicados en varias golpizas".
Hasta el momento, la única víctima mortal de la represión policial ha sido Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, residente en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, quien murió el 12 de julio, luego que el subteniente Yoennis Pelegrín Hernández, le disparara por la espalda argumentando que actuó “en legítima defensa”.
Desde 1959, el entonces gobernante cubano Fidel Castro a su llegada a La Habana lanzó la consigna ¿Armas para qué?, con el objetivo de confiscar el armamento de otros grupos revolucionarios, activos en ese entonces.
Por más de seis décadas la población cubana ha tenido prohibida la posesión de armas de fuego.
A inicios de la década del 70, los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio de Interior que poseían armas de reglamento dejaron de portarlas diariamente.
Las armas están en cuarteles y unidades militares, bajo estricto control de la contrainteligencia militar.