La policía política dio un ultimátum a la integrante de las Damas de Blanco, Annia Zamora, para que cese sus publicaciones en redes sociales.
Zamora había sido citada este martes en la mañana a la unidad policial de Jovellanos, la ciudad cabecera municipal del poblado Carlos Rojas, donde residen ella y su familia.
“Fui conducida a una oficina donde estaba una instructora penal [del Ministerio del Interior], llamada Dorka, que fue la que me golpeó el pasado 8 de marzo y el oficial de la Seguridad del Estado Ramón Pérez”, declaró.
Your browser doesn’t support HTML5
Comentarios de la dama de blanco Annia Zamora
La mujer denunció que ese día dos agentes de la Seguridad del Estado la golpearon en la estación de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) del poblado Carlos Rojas, cuando se negó a firmar un acta en la que se comprometía a detener sus constantes acusaciones contra el régimen en Facebook y otras plataformas.
La citación de este martes tuvo el objetivo de dar continuidad a las acciones anteriores contra Zamora: advertirle que se abstenga de hacer denuncias acerca de los presos políticos, en especial, sobre su hija Sissi Abascal que cumple una sentencia de seis años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad.
También, los comentarios contra el mandatario Miguel Díaz-Canel, quien Zamora considera que no fue elegido por el pueblo.
“Se lo dije bien claro ‘aquí no han hecho elecciones libres donde yo pueda votar por un presidente por lo que para mí es ‘un puesto a dedo’”, aseguró.
Zamora fue avisada que dejara de hacer afirmaciones sobre sus dirigentes municipales, a los que acusa de corruptos y llama “delincuentes”.
“Dejé bien claro que esas son mis palabras, mi opinión, pero son una realidad: son unos corruptos, delincuentes y que hagan lo que quieran porque no me van a callar”, recalcó.
El régimen ha instrumentado procesos penales y enviado a prisión a activistas y opositores por publicar opiniones críticas en las redes sociales. El más reciente ejemplo es el del banense Leandro Pupo Garcés, en espera de su sentencia firme tras un juicio en el que la fiscalía le pidió cuatro años de trabajo correccional con internamiento, por el delito de “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”.
En su informe “Restricciones a la Libertad de Expresión en Cuba”, Amnistía Internacional calificó el delito de “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires” como un arma utilizada a menudo por el gobierno de La Habana para obstaculizar “el debate público y las críticas a las autoridades y a la política gubernamental”.