Aún sin estar aprobado el Código Penal que contiene el artículo a través del cual podrían ir a la cárcel, hasta por diez años, quienes reciban fondos o financien lo que las autoridades consideren "actividades contra el Estado y su orden constitucional", la Seguridad del Estado advirtió a varios miembros de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) que podrían ser implicados en procesos penales bajo la espuria reglamentación.
Los periodistas Amarilis Cortina Rey, Julio César Álvarez y José Antonio Fornaris fueron citados a estaciones policiales para amenazarles con represalias legales por recibir ayuda económica del exterior para sostener el trabajo de la organización de la sociedad civil.
Cortina Rey fue interrogada el sábado 9 de abril, Fornaris Ramos el 12 y Álvarez López el 13.
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Reportaje de Yolanda Huerga
“La policía política dice que APLP para desarrollar su trabajo recibe financiamiento del extranjero y que eso será penado por la ley muy pronto. El objetivo es terminar con la APLP. A su vez han atacado a nuestra revista Vocablo y un chat que es colaborador de Vocablo porque ellos dicen que en el escriben mercenarios”, dijo Fornaris a Radio Martí.
Los agentes aseguraron que podrían practicar un registro domiciliar en la sede de la agrupación y ocupar los medios de trabajo. Asimismo, exhortaron a los periodistas a abandonar el país.
La APLP condenó la intimidación de los órganos represivos y denunció que el régimen, “que utiliza todos los fondos públicos en sus intereses partidistas y de casta”, pretende la liquidación de la prensa independiente cubana.
“Somos una organización sin fines de lucro que se dedica a velar por los derechos humanos y esto es algo que está autorizado, desde diciembre de 1998, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una reunión, donde estaba presente, lógicamente, algún representante del gobierno de Cuba y donde se acordó que este tipo de organizaciones podían recibir financiamiento para el desarrollo de su trabajo en favor de los derechos humanos”, puntualizó el comunicador, presidente de la APLP, que tiene su sede en La Habana.
“Nosotros pensamos que la ONU y organizaciones afines, deberían reclamar del régimen de La Habana, que por lo menos respete ese acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas", agregó Fornaris.