Seis Mandatos de Derechos Humanos de Naciones Unidas acusaron al régimen cubano por quebrantamientos sistémicos del debido proceso “y otras graves violaciones cometidas”.
Se trata de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la Relatoría Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La ONG asentada en España, Prisoners Defenders, precisó que las decisiones del organismo de derechos humanos responden a su denuncia fundamentada de 2023 con 520 casos de prisioneros políticos.
“Son violaciones que afectan a todas y cada una de las causas penales en Cuba y en particular a los más de 1,500 presos políticos que ha documentado Prisoners Defenders, solo desde 2021”, indicó Javier Larrondo, su presidente.
En una carta fechada el 3 de abril de 2024, enviada al gobierno de La Habana, los grupos de trabajo y las relatorías aseguran que, basados en las informaciones recibidas, suficientemente fiables, están preocupados “por el gran número de manifestantes que han sido juzgados”, a los que parece, dice el organismo, “se ha vulnerado su derecho a conocer los hechos de la acusación y se les ha restringido el derecho de defensa”.
En este sentido, la ONU (Organización de Naciones Unidas) recuerda a las autoridades cubanas que “los abogados tienen derecho a desempeñar sus funciones profesionales sin ninguna amenaza, intimidación, acoso o interferencia, y sin sufrir ni ser amenazados con procesamiento ni sanciones administrativas o disciplinarias por las acciones emprendidas de conformidad con los deberes profesionales y las normas éticas”.
Naciones Unidas @ONU_es 🇺🇳 acusa al régimen cubano de sus graves violaciones sistémicas al DEBIDO PROCESO en Cuba y es contundente respecto a 7⃣ sustanciales violaciones que invalidan todos los procesos penales de los más de 1.500 presos políticos en #Cuba 🇨🇺 desde 2021:◾️1.… pic.twitter.com/bFVb9WTDAS
— Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) June 3, 2024
Igualmente apunta que la ausencia de procedimientos acordes con los derechos humanos que se emplean con los arrestados y la falta de supervisión judicial pertinente, aumentan el riesgo de amenazas o malos tratos reales.
La organización planetaria reiteró que la prohibición de desaparición forzada y el derecho a la vida son normas decisivas aplicables de acuerdo con el derecho internacional convencional y consuetudinario.
La comunicación de los seis Mandatos señala, además, otras transgresiones, como la dependencia de fiscales y jueces del poder político, la presentación de peritos y testigos del Estado como única fuente acusatoria, la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales y la aplicación de delitos fácilmente manipulables por su poca concreción y los civiles juzgados en tribunales militares.
“Agradecemos también su acompañamiento y confianza con el trabajo que venimos realizando desde 2019 y, especialmente, en adoptar también la cifra de las detenciones arbitrarias en las manifestaciones del 11J entre 5,000 y 8,000 personas en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 que conseguimos demostrar con nuestro trabajo en el terreno”, manifestó Larrondo.
Según el presidente de Prisoners Defenders, la advertencia al régimen de Cuba de que Naciones Unidas sacará más condenas públicas sucesivas en base a este trabajo alimenta la esperanza para la liberación de todos los presos políticos en la isla.
“Nos sumamos a la advertencia de Naciones Unidas, con conocimiento de causa, y avisamos por ello al régimen de Cuba que nuestro trabajo con los distintos mandatos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resultará, dada la gravedad de los hechos, en condenas sucesivas durante los próximos meses, que no tendrán precedentes ni siquiera en los procedimientos especiales”, adelantó.
Se desconoce si el gobierno de Cuba respondió a las acusaciones en el plazo determinado de 60 días.