Los senadores Bob Menendez (D. NJ) y Ted Cruz (R. TX) enviaron una carta este jueves al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, donde proponen más sanciones contra funcionarios del régimen nicaragüense, incluido su líder, Daniel Ortega.
La oficina del senador Menendez informó en un despacho de prensa que la propuesta se basa en “los continuos esfuerzos del presidente nicaragüense, Daniel Ortega por silenciar a sus críticos y promover la impunidad por los abusos a los derechos humanos”.
Al citar nuevos informes sobre el empeoramiento de la crisis política en Nicaragua, los senadores identificaron a una serie de funcionarios del gobierno orteguista, “incluido el propio Presidente Ortega, para que la Administración Trump imponga sanciones adicionales en virtud de su Ley de Condicionalidad de las Inversiones de Nicaragua (Ley NICA)”.
La misiva aborda la responsabilidad del máximo gobernante con la muerte de centenares de opositores descontentos con la actual administración nicaragüense: “Ha pasado más de un año desde que Ortega ordenó una brutal represión contra los manifestantes, en que mataron a más de 320 personas; y seis meses desde de que sus fuerzas de seguridad allanaron medios de comunicación y grupos de la sociedad civil, socavando su capacidad para pedirle cuentas”.
Los senadores critican la aprobada Ley de Amnistía, que puso en libertad a los principales opositores encarcelados, pero deja en la impunidad a los victimarios.
“Es importante señalar que hasta la fecha, ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad ha sido procesado por su participación en la campaña de represión del régimen, que incluye casos documentados de tortura y abusos generalizados contra los derechos humanos”, señala el documento.
Aunque de acuerdo con los pasos tomados por la administración Trump, los legisladores insisten en que el gobierno estadounidense debe ampliar dichas medidas y trabajar con el Congreso en "esfuerzos adicionales para que los funcionarios nicaragüenses rindan cuentas”.
La Ley NICA también exige que la Oficina de Inteligencia e Investigación (INR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado, en coordinación con el Secretario del Tesoro y el Director de Inteligencia Nacional, proporcione al Congreso un informe clasificado sobre el papel de los funcionarios nicaragüenses en las violaciones de derechos humanos y la corrupción.
Los senadores cuestionan que el informe, "que el Departamento de Estado no presentó antes de la fecha límite del 19 de junio, es esencial para nuestros esfuerzos por promover la justicia y la rendición de cuentas para las víctimas de la crisis actual de Nicaragua, y ayudará a tomar decisiones sobre cómo implementar mejor las sanciones dirigidas contra ese gobierno y sus funcionarios”.
Finalmente, los firmantes relacionan la lista de funcionarios citados por un informe de la organización Human Right Wacht (HRW) el pasado mes de junio donde pide al gobierno de Estados Unidos sancionarlos por su responsabilidad en “los procesos abusivos contra los opositores al régimen y los ataques contra la sociedad civil y la prensa libre”.
1. Presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional.
2. General (jubilada) Aminta Granera, ex directora general de la Policía Nacional.
3. General Ramón Avellán, subjefe de la Policía Nacional;
4. General Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional.
5. General Luis Pérez Olivas, jefe de la cárcel de El Chipote.
6. General Justo Pastor Urbina, jefe del Departamento de Operaciones Especiales.
A los anteriores señalados, los senadores solicitan agregar información sobre “tres individuos sospechosos de complicidad en el asesinato del ciudadano estadounidense Eddy Montes, mientras permanecía preso (por motivos políticos) en la prisión de La Modelo:
1. Julio Guillermo Orozco, Director General del Sistema Penitenciario Nacional.
2. Darling Morales Duarte, Director de la Penitenciaría “Jorge Navarro”, de Tipitapa, conocida como “La Modelo”.
3. Donald Pérez Garay, Director del Área de Máxima Seguridad en la prisión de La Modelo.
“Es fundamental que Estados Unidos intensifique los esfuerzos de la comunidad internacional para mantener la presión sobre el régimen de Ortega y garantizar que respete los derechos del pueblo nicaragüense, enjuicie a los responsables de violaciones de derechos humanos y restaure los procesos democráticos”, concluyen los signatarios.