Las autoridades de la prisión Cuba Sí de Holguín prohibieron la visita familiar, que estaba programada para el pasado jueves, al preso político Yosvani García Caso por negarse a vestir el uniforme reglamentario de las penitenciarías cubanas.
“Mi esposo me había comentado que, si le quitaban la visita, se plantaría y efectivamente me llamó un preso y me dijo que Yosvani desde las 2 de la tarde del 11 de mayo, después que supo que no le darían su visita, se declaró en huelga de hambre”, denunció Mailín Rodríguez, su esposa.
García Caso, un obrero holguinero que extingue una de las condenas más altas a los manifestantes del 11 de julio, había sido interrogado y amenazado, días antes, por la Seguridad del Estado tras denunciar la golpiza que guardias del penal propinaron a otro preso político por el 11J, Yoirdan Revolta Leyva.
“Los agentes de la policía política orientaron a la jefatura de la cárcel que si Yosvany no se pone la ropa de preso no tendría visita. Mi esposo rechazó las ropas de preso desde el 11 de julio de 2022”, explicó Rodríguez.
Lee también Informe sobre Cuba del Comité Contra la Tortura de las Naciones UnidasGarcía Caso fue golpeado y castigado por vestirse de blanco en el primer aniversario de las multitudinarias demostraciones populares. Desde entonces no usó el uniforme.
El padre de tres hijos menores presuntamente estaría en celda de castigo, considera Rodríguez.
La Seguridad del Estado y los mandos de la prisión han tratado de intimidar a la esposa con trasladarlo a otro centro carcelario fuera de la provincia Holguín, donde reside la familia.
El joven de 33 años es una de las más de 140 personas juzgadas por sedición, un delito contra la Seguridad del Estado por el cual los tribunales cubanos lo condenaron a 20 años de prisión. Tras la apelación, la sentencia final bajó a 15 años.
A raíz de las sanciones a los manifestantes del 11 de julio, el grupo Justicia 11J señaló que "la sedición está siendo usada como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política. La desobediencia civil no es ni sediciosa ni se debe catalogar como vandalismo. Hacerlo es discriminatorio y elitista”.