Seis vecinos del barrio Las Cañas, en el municipio habanero Boyeros, continúan encarcelados bajo prisión preventiva, diez meses después de que participaran, junto a varias decenas de personas, en una protesta ocurrida el 30 de septiembre de 2022.
Dos de ellos, incluyendo a un menor de edad, se encuentran en prisión domiciliaria, pero todos están sujetos a procesos penales, sin que sus familiares conozcan siquiera si ya se cerró la fase preparatoria del expediente.
Así pasa con Maiby Álvarez Valdés, cuyo hermano William Álvarez Valdés está recluido, desde entonces, en la prisión Valle Grande de La Habana:
“Mi hermano sigue ahí preso, pero [las autoridades] no le dicen nada, ni del juicio, ni lo interrogan. El abogado explica que ha presentado tres peticiones de cambio de medida cautelar, pero se las han denegado. Lo único que dice es que es una causa política y que el juicio se hará cuando los fiscales entiendan”, relató a nuestra redacción, la hermana del privado de libertad.
En conversación con Martí Noticias, la abogada del centro de asesoramiento legal Cubalex, Giselle Morfi indicó que “la legislación cubana no establece un término en el cual la persona pueda estar bajo la medida cautelar de prisión provisional, lo omite completamente, por lo tanto, pueden estar el tiempo que las autoridades deseen de manera discrecional. Lo único que regula la ley al respecto es que, al año de estar detenido bajo prisión provisional, la Fiscalía, y el Tribunal tienen que hacer una supervisión”.
Los cubanos volvieron a salir a las calles a protestar el viernes 30 de septiembre de 2022. Tropas paramilitares y policías fueron movilizadas para enfrentar a los manifestantes.
“Lo mismo pasa con la fase investigativa, puede durar hasta un año”, señaló.
La hermana del preso político también refirió la deficiente nutrición que reciben los reclusos en el penal Valle Grande y la escasa atención médica: “Está flaco, muriéndose de hambre, con dolores en los dientes, se le cayó un diente y ahora le está doliendo otro y no lo llevan a un dentista”.
Cubalex ha presentado informes ante los procedimientos especiales de Naciones Unidas, como el EPU (Examen Periódico Universal) denunciando las condiciones de las prisiones en Cuba y de los centros de detención.
“Son en sí mismos una forma de tortura, por las condiciones infraestructurales, la negativa de atención médica, la negación del derecho a la comunicación con los familiares, a las visitas. Todo esto más, los malos tratos y torturas que cometen los oficiales dentro, sobre todo cuando se tratan de personas disidentes, opositores y activistas, defensores de Derechos Humanos, pues hay un mayor ensañamiento por motivo de la opinión política, que es una forma de discriminación prohibida por los estándares internacionales de Derechos Humanos”, recalcó la jurista.
Ese día hubo demostraciones populares en diferentes municipios de la capital cubana: en Boyeros, en varios puntos de Guanabacoa y el Cerro, en Puentes Grandes, Playa, en La Palma y Mantilla de Arroyo Naranjo, entre otros.
Entre el 4 de agosto y el 29 de octubre de 2022, el grupo Justicia 11J registró 155 demostraciones populares en 14 de las 15 provincias del país. En la capital se comprobaron 55 de este tipo de evento.
Cubanos, incluso niños salieron a las calles a tocar cazuelas y a construir barricadas para obstaculizar la entrada de los militares y policías.
Mayda Valdés, madre del prisionero político, ha acudido a diferentes instancias de la Fiscalía para conocer sobre el proceso penal que enfrenta su hijo. En Fiscalía Municipal le informaron que se llevará a cabo un juicio, pero aún no ha sido fijada la fecha.
“El abogado me informa que está acusado de ‘desórdenes públicos’ y pregunté, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Se fajó con un policía, se reviró, puso carteles, gritó? Y él me responde 'Esto jurídicamente es una bobería, pero esos expedientes están en el [Tribunal] Supremo. Son una causa política y buscan un castigo ejemplarizante'”, contó Valdés.
Los manifestantes del 30 de septiembre de 2022 exigían, pacíficamente al régimen, el restablecimiento del fluido eléctrico tras el paso del huracán Ian que dejó a la Isla bajo un dilatado apagón.
Los cubanos volvieron a salir a las calles a protestar el viernes 30 de septiembre. Tropas paramilitares y policías fueron movilizadas para enfrentar a los manifestantes.
“De entrada legal no es, cuando están presos por manifestarse, o sea, si a la persona la detienen por ejercer un derecho fundamental y la detienen como forma de castigo por haberlo hecho precisamente, cuando no cometieron delito, estamos hablando de que no es legal la detención y, seguramente, todos los procesos de arbitrariedad que hubo durante el arresto y en la detención”, subrayó Morfi.
“Manifestarse de manera pacífica es un derecho fundamental que el Estado debería garantizar y debería, además, abstenerse de prohibirlo o de tomar medidas como la privación de libertad a las personas por hacerlo porque está buscando un efecto inhibitorio en la sociedad donde las personas entonces no van a manifestarse, no van a ejercer este derecho, así como la libertad de expresión, por miedo y eso es lo que busca el Estado cubano en estos casos”, puntualizó la representante de Cubalex.