El Gobierno de La Habana estableció un nuevo límite de precios para los productos que venden los trabajadores privados en los mercados agropecuarios, las cooperativas no agropecuarias y los carretilleros.
Las flamantes regulaciones estrangulan tanto a los cuentapropistas como a la población, afirmó a Radio Televisión Martí, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, un estudioso del emprendimiento cubano.
“Estamos frente a un proceso de descentralización en el cual el Ministerio de Finanzas y Precios ya no será la entidad designada para topar los precios, lo harán los gobiernos locales, pero, al mismo tiempo, los gobiernos locales detentarán la potestad de incrementar o disminuir los impuestos y lo que está ocurriendo, por lo menos en La Habana, es que están aumentando”, dijo.
En el programa televisivo Mesa Redonda del 8 de octubre, el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció, entre otras medidas, una reforma de precios.
“Es una decisión política que tiene como fin controlar el comercio de alimentos provenientes del campo, pero como no se corresponde con la realidad económica del país, oprimirá aún más el mercado interno”, puntualizó el también director del Centro de Investigación para Desarrollo Local.
“Para los emprendedores, indudablemente, la restricción tendrá una repercusión negativa. La mayoría de ellos tienen que acceder a fuentes de materias primas e insumos en las tiendas que están abriéndose en MLC (Moneda Libremente Convertible) para luego comercializar sus productos en el mercado nacional en CUP o moneda nacional”, recalcó el especialista.
El jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo, dijo en una de sus intervenciones en el programa oficialista que otro de los objetivos del “ordenamiento” es “colocar a los que trabajan para el Estado en una mejor posición”.
La resolución del órgano provincial dispone que se venderá hasta 100 pesos por libra el jamón embuchado y el jamón Viking a 90 pesos la libra, la carne de puerco irá desde 35 pesos la libra de costilla hasta 55 la de bistec.
Asimismo, tendrán importes fijados, entre otros, las viandas, hortalizas, frutas, arroz y granos.
En ese sentido, la periodista independiente habanera, Ana León, comentó que el tope de precios tendrá el mismo resultado de otras normas que se han adoptado previamente:
“La desaparición de productos de alta demanda, la inflación de los precios y una caída mayor del poder adquisitivo de los ciudadanos”.
“De ahí que haya muchas personas disgustadas con esta situación, porque sin importar lo que el Gobierno determine, los comerciantes privados pondrán los precios que ellos consideren, como es su derecho, porque ellos saben el costo de su inversión, de transportación, en fin, todo lo que necesitan para que la mercancía llegue a la tarima”, dijo.
“Y la persecución estatal solo provoca que los privados escondan la mercancía para vendérsela a quienes puedan pagarla a un precio, muchas veces, astronómico”, apuntó.
Todo esto en un contexto de crisis sanitaria, de depresión económica por la caída del turismo y la improductividad congénita del sistema socialista, con una población que está reiniciando su vida laboral después de siete meses sin ingresos o con salarios disminuidos al 60%, destacó.
“No es nada novedoso que el Gobierno imponga precios sin tomar en consideración el poder adquisitivo real de los ciudadanos. Pero da la impresión de que se busca asfixiar más, tanto al comerciante que debe sortear trabas de todo tipo para vender su mercancía y sacarle provecho a su trabajo, que al cliente que cobra un salario simbólico con el cual le es imposible costear el costo de la vida”, resaltó la comunicadora.