Las autoridades del centro de mínima severidad, aledaño a la prisión de Quivicán, trasladaron a otros establecimientos penitenciarios a tres de los manifestantes del 11 de julio.
Jorge Martín Perdomo, participante de las protestas en San José de las Lajas, fue trasladado al centro correccional con internamiento de Canasí, municipio mayabequense Santa Cruz del Norte, a casi 50 kilómetros de su hogar, como castigo por incitar al resto de los penados a no trabajar.
“La Seguridad del Estado me dice que Jorgito cometió una indisciplina, que convocaban a las personas a no trabajar. Eso es mentira, porque mi hijo lo que sí asegura que él no trabaja porque él no acepta su sentencia porque es inocente, pero, al contrario, él les decía a los otros presos que no se buscaran líos”, relató Marta Perdomo la madre de los emblemáticos hermanos del 11J, Jorge y Nadir Martín Perdomo sentenciados a ocho y seis años de cárcel, respectivamente.
En los penales cubanos, el trabajo, remunerado o no, sirve a los presos para obtener beneficios y progresiones de régimen. Los reos incorporados al trabajo reciben una” rebaja adicional de sesenta días del término de la sanción por excepcional conducta en el trabajo socialmente útil”.
“Entonces, ahora en un extremo tengo a Nadir y al otro extremo tengo a Jorgito. Se lo llevan para un campamento que tiene contenido de trabajo con el carbón, entonces como allí tampoco él va a trabajar, yo les dije a los agentes de la Seguridad del Estado, ustedes lo que quieren es revocar a mi hijo”, dijo la madre.
Otros dos presos políticos fueron también cambiados de centros penitenciarios, William Valera Suárez hacia el llamado campamento “El Roble” y Alien Molina Castell al correccional “El Paraíso” a 35 kilómetros de donde vive su familia en Surgidero de Batabanó.
En agosto pasado, el Centro Cubano de Derechos Humanos informó que al menos 22 de los manifestantes del 11 de julio están en régimen de mínima severidad que les permite trabajar y autoriza breves estancias en sus hogares (pases).