El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJV) procedió el viernes a la intervención jurídica del Partido Comunista venezolano, nombrando una nueva junta directiva.
La sentencia #1160, dictada por el TSJ “nombra una junta directiva ad hoc de dirección de la organización para que (...) organice los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados”.
Como presidente de la junta de intervención fue nombrado Henry Parra, junto a Sixto Rodríguez como secretario general, y otros cinco cargos de importancia para la organización. De acuerdo con Tribuna Popular, diario online del PSV, los recién nombrados “no pertenecen a la organización”.
La publicación denunció, además, que la decisión del Supremo “es el punto culminante de una ofensiva anticomunista emprendida a finales de 2021 por el vicepresidente del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) Diosdado Cabello, quien a través de su programa de televisión impulsó una matriz de una supuesta división en las filas del PCV”.
En reacción a la intervención judicial, los dirigentes tradicionales del PCV se reunieron este domingo en Caracas para preparar acciones de respuesta, e informaron a través de su cuenta en la red social X, anteriormente Twitter, de "una plenaria del Comité Central para analizar ‘el cuadro político y las medidas a adoptar tras la intervención judicial ordenada por el Gobierno de (el presidente) Nicolás Maduro", reportó la agencia de noticias EFE.
A finales de julio, alrededor de 300 intelectuales, políticos y sindicalistas de distintos países firmaron una petición al gobierno de Nicolás Maduro en la que solicitaban “garantías políticas para el PCV". Entre los firmantes se encontraban el sociólogo y filósofo Michael Löwy y los historiadores John Womack Jr. y Roger Keeran.
En la petición, el PCV advertía que acababa de “culminar su Congreso, aprobando la táctica de distanciamiento con el gobierno del presidente Nicolás Maduro” y renovando sus cuadros directivos. "Por ello, nos preocupan los comentarios que han hecho algunos altos funcionarios y dirigentes del partido de gobierno en Venezuela, quienes violando la autonomía de ese partido han deslizado la peregrina idea de abrir cauces a una eventual judicialización de esta organización política, lo cual sería un duro golpe al régimen de libertades democráticas", alertaba el documento.