Al anunciar el pasado 16 de junio en Miami cambios en la política hacia Cuba legada por su predecesor Barack Obama, el presidente Trump prometió que su nueva política "comienza con hacer cumplir estrictamente las leyes de EE.UU”.
En relación con Cuba la ley fundamental del país es la de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba de 1996, o Helms-Burton, que codifica en una sola legislación todas las disposiciones del embargo y las condiciones para su levantamiento.
Pero hay una cláusula en la Helms-Burton que otorga a los presidentes de EE.UU. la prerrogativa de suspender cada seis meses un polémico título de la ley, y ahora Trump acaba de continuar esa tradición que siguieron los gobiernos que le precedieron, tanto demócratas como republicanos.
El Departamento de Estado informó el viernes que el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Tom Shannon (en el cargo desde febrero de 2016), ha reportado a los comités correspondientes del Congreso que ha efectuado la determinación legal requerida para suspender por seis meses, desde el 1 de agosto de 2017, el derecho a emprender acciones (legales) bajo el Título III de la Ley.
El citado Título III permitiría a todos los estadounidenses entablar un litigio civil en las cortes contra aquellos que trafiquen o se beneficien de las propiedades que les arrebató el gobierno cubano. La demanda puede radicarse contra este último o contra una empresa o ciudadano privado.
Esto facultaría también a los cubanos que se hicieron ciudadanos estadounidenses para sumar sus reclamos a las demandas de empresas y ciudadanos de los Estados Unidos certificadas por la Comisión de Ajuste de Reclamaciones en el Extranjero hasta el 6 de julio de 1972.
La fábrica de jabones y detergentes Crusellas fue establecida en Cuba en 1863 y era una de las industrias nacionales más exitosas antes de ser confiscada por el gobierno de Fidel Castro en octubre de 1960. Se reasentó en Miami en 1967
Esta comisión llegó a certificar 5.913 demandas. La lista de compañías estadounidenses demandantes asciende a unas 900, e incluye a Coca-Cola, Exxon Mobil y Colgate-Palmolive. El valor original de estas propiedades era de $1.900 millones. Con los intereses del 6% anual fijados por una comisión independiente del Departamento de Justicia, y la inflación, el total se calcula hoy en unos $8.000 millones.
Sólo estas reclamaciones fueron discutidas por la administración Obama durante su acercamiento con el gobierno de Raúl Castro, que a su vez pedía una indemnización mucho mayor por las pérdidas que le habría causado el embargo.
La aplicación del Título III elevaría exponencialmente la cantidad de reclamaciones, pues se calcula que los exiliados cubanos que adquirieron la ciudadanía estadounidense después de emigrar podrían radicar entre 300.000 y 400.000 nuevas demandas.
Sin embargo, desde la administración de Bill Clinton, quien promulgó la ley después del derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate (por orden del entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Raúl Castro), el Título III ha sido suspendido cada seis meses por todos los presidentes de EE.UU., a fin de evitar una nueva ola de reclamaciones en los tribunales.
Tras una negociación entre Clinton y el Congreso, a cambio del apoyo del presidente a la Helms-Burton, se incluyó en la ley una excepción que autorizaba al Primer Mandatario a suspender la controversial cláusula por seis meses (renovable) si fuese necesario para los intereses nacionales de EE.UU. o contribuyera a acelerar la transición democrática en la isla.
Desde entonces Clinton, George W. Bush y Barack Obama utilizaron la excepción para renovar puntualmente la suspensión. Y Donald Trump, al menos por ahora, sigue los pasos de los últimos inquilinos de la Casa Blanca.