Decenas de oficiales del Ministerio del Interior asaltaron este martes la sede la Unión Patriótica de Cuba y detuvieron a varios de sus activistas, incluido su líder, José Daniel Ferrer, denunciaron miembros de esa organización opositora.
"Gran operativo policial en la sede de #UNPACU en Santiago de Cuba. Nos cortaron el servicio de llamada. Es posible que asalten y roben viviendas", dijo en Twitter la activista y portavoz del movimiento, Katerine Mojena.
Carlos Amel Oliva, de la junta directiva de UNPACU, confirmó a Radio Televisión Martí que "un descomunal operativo policial" estaba teniendo lugar en la sede nacional de la organización en Santiago de Cuba.
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Carlos Amel Oliva, integrante de la directiva de UNPACU, hizo la denuncia
"Alrededor de 60 efectivos policiales están desplegados en la sede principal y sus alrededores. También hay varios autos y camiones de la Policía Nacional. Este operativo lo encabeza la Seguridad del Estado, policía política de la dictadura castrista", explicó Oliva.
Además de Ferrer, fueron detenidos José Pupo Chaveco, Fernando González Vaillant, Ibeisi Chacón García y Evert Luis Hidalgo.
La intención del operativo es "despojarnos nuevamente de los medios con que damos alimentos por medio de un proyecto social en la sede principal a las personas de la comunidad, sobre todo a ancianos, niños y madres que se encuentran desamparadas (...) y llevarse todo lo que encuentren a su paso como teléfonos móviles, laptops...", señaló Oliva.
El registro de la sede de UNPACU continuaba en horas de esta mañana, dijo en Twitter la activista Liettys Rachel Reyes Tur.
UNPACU ha permanecido bajo acoso constante de las autoridades desde que en septiembre pasado convocara a una protesta masiva en el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba.
La "Marcha de los Girasoles" fue sofocada con más de 100 arrestos, algunos violentos. Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de UNPACU detenidos, permanece en prisión tras un juicio sumario en el que resultó condenado a cinco meses de cárcel por negarse a pagar una multa de 2,000 pesos que considera le fue impuesta de manera arbitraria.