Durante el pasado mes de junio y ante la situación con el COVID-19, las autoridades de la provincia de Holguín tomaron la decisión de vender módulos de alimentos por los Consejos Populares para evitar las aglomeraciones en las tiendas.
Los paquetes consisten en un litro de aceite para cocinar, una bolsa de detergente y dos paquetes de salchichas, por un monto de 150 pesos cubanos (CUP) por núcleos.
Pero en el barrio Velasco 2, en el Reparto Santa Rita, recogieron el dinero y nunca llegaron los alimentos.
El hecho ha provocado la protesta de los residentes que señalan a la delegada de la Circunscripción del Poder Popular, la señora Mariela Rafaela García Almaguer, y critican su pobre gestión.
Los afectados elevaron una denuncia ante el Partido Municipal en Gibara, según informa a Radio Martí la activista de Cuba Independiente y Democrática (CID) Sorania Díaz Rosales.
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Corrupción en Velasco
Esta no es la única queja en contra de la funcionaria, supuestamente elegida para representar y darle solución a los problemas de la vecindad, pues también la acusan de corrupción.
Los vecinos denunciaron que ella construyó una de las mejores residencias del pueblo, mientras que hay varios de sus electores, quienes son damnificados de huracanes que llevan años reclamando ayuda a la delegada, sin tener éxito.
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La casa de la delegada
Mariela es además inspectora integral y mantiene un hostigamiento en contra de cuentapropistas carretilleros y vendedores quienes, de acuerdo a la activista entrevistada por Radio Martí, son víctimas de decomisos y extorsión por parte de la funcionaria.
Además denuncian que durante la cuarentena la delegada celebró fiestas en su casa hasta altas horas de la noche.
Sumado a la denuncia realizada en el municipio, también los vecinos se reunieron en la Casa de los Combatientes de Velasco, lugar donde radican las oficinas del gobierno y partido local, donde reclamaron la devolución del dinero o la entrega de los productos, entre otras quejas en contra de García Almaguer.
Allí las autoridades locales tomaron la decisión de devolverle los 150 pesos a cada núcleo familiar y la promesa de que tendrán prioridad cuando lleguen nuevamente los módulos. También la delegada presentó su renuncia, aunque todavía está en funciones, agrega Sorania.