Informe de HRW alerta sobre alto índice de homicidios en Venezuela

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Militares en Venezuela.

HRW informa que "los venezolanos enfrentan uno de los índices de homicidios más altos del hemisferio y necesitan ser protegidos eficazmente, y con urgencia, ante delitos violentos".

Un informe conjunto difundido este lunes por Human Rights Watch y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) reveló que redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela han derivado en denuncias de abusos generalizados.

Los señalamientos incluyeron casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, según destacó una publicación de Human Rights Watch.

El informe de 43 páginas "Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela" analiza señalamientos de abusos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en distintos lugares del país desde julio de 2015, en el marco de la "Operación de Liberación y Protección del Pueblo" (OLP), que se anunció como una iniciativa para combatir a bandas criminales.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW destacó que los venezolanos enfrentan uno de los índices de homicidios más altos del hemisferio y necesitan ser protegidos eficazmente y con urgencia ante delitos violentos.

En múltiples redadas a lo largo del país, las fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos –incluyendo asesinatos– nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección, destacó Vivanco.

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HRW denuncia abusos policiales en Venezuela

En una audiencia pública que inició este 4 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a la que han sido invitados representantes del Gobierno venezolano, las organizaciones expondrán sus hallazgos.

Un denominador común de todos estos casos, así como de otros abusos gubernamentales documentados por PROVEA y Human Rights Watch durante la última década, ha sido el grado en que las víctimas –o sus familiares– han sentido que no tienen dónde acudir para obtener resarcimiento o para que se protejan sus derechos fundamentales, precisó el informe.