Con una nueva correlación de fuerzas, nunca vista en 17 años, la Asamblea Nacional venezolana se instalará este martes bajo el control de la oposición que tendrá entre sus prioridades la contraloría del Gobierno.
Todo lo cual presagia tiempos de choques entre los poderes establecidos y los opositores en el país suramericano, sumido en una profunda crisis económica y política generada por el chavismo.
La Guardia Nacional y la Policía Nacional venezolana cerraron los accesos hacia el Palacio Legislativo, debido a que hoy se juramentarán los diputados de la Asamblea Nacional; además, han cerrado la avenida Universidad, las calles adyacentes y seis estaciones del Metro de Caracas, asegura un reporte del diario El Nacional.
La instalación del nuevo Congreso se da en medio de tensiones e incertidumbre ante el riesgo de posibles manifestaciones callejeras y la reciente decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia que suspendió la juramentación de tres diputados opositores y un oficialista del estado sureño de Amazonas, sentencia que la coalición opositora se niega acatar alegando vicios legales en un abierto reto al máximo tribunal que controla el oficialismo.
La oposición y los sectores aliados al Gobierno socialista convocaron este martes a marchas separadas en el centro de la capital.
Mientras, grupos violentos y prooficialistas, conocidos como "colectivos", han llamado a tomar los alrededores del parlamento en defensa de la "revolución", situación que ha elevado tensiones en torno a la instalación de la Asamblea Nacional.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, que siempre usa, como su predecesor Chávez, una retórica incendiaria y confrontacional, hizo la noche del lunes un llamado a que el nuevo Congreso se instale en paz y se respeten los poderes públicos, y anunció que las autoridades tomarán las acciones para garantizar el orden en las calles durante las dos marchas.
Maduro aprovechó un acto en el palacio de gobierno para atacar a la mayoría opositora a la que acusó de buscar supuestamente la desestabilización el país, y le pidió no bloquear un posible decreto de emergencia nacional.
La medida, prevista para ser anunciada próximamente, estaría encaminada a hacer frente a la crisis económica, dominada por una galopante inflación que los analistas estiman que ya alcanzó los tres dígitos; severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, y una contracción del aparato productivo, propio todo ello del sistema socialista que pretende imponer en el país.
Desde el mes pasado, el oficialismo emprendió una serie de acciones para contrarrestar a la mayoría opositora con la instalación de un parlamento comunal nacional, la designación por parte del congreso saliente de 13 magistrados del máximo tribunal y la suspensión de cuatro diputados electos.
En control del Banco Central
Más recientemente, Maduro aprobó, gracias a una ley habilitante, un paquete de leyes que incluye una reforma de la ley del Banco Central de Venezuela que le quitó al Congreso la potestad para nombrar directores del organismo y dejó esa atribución en manos del gobernante, y que limitó la difusión de la información estadística. Desde hace más de un año el BCV no ha informado sobre el comportamiento de la inflación y la economía.
En las elecciones del 6 de diciembre, la coalición opositora logró 112 escaños de los 167.
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