Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, líder de la oposición en Venezuela, estuvo en Praga en busca de nuevos grupos pro-derechos humanos que pida la liberación de su marido.
El martes Tintori seguía de lejos lo que ocurría en la sala de un tribunal de justicia en Caracas presidido por la juez Susana Barreiro. Se suponía que el martes el tribunal diera respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que había determinado que el arresto de López era una arbitrariedad.
De acuerdo a El Universal de Caracas, el grupo cuestiona el hecho de que el Ministerio público fuese responsable por todas las protestas callejeras en contra del gobierno de Nicolás Maduro ocurridas a partir del 12 de febrero y pidió su excarcelación. Las protestas contra el gobierno de Maduro duraron más de cuatro meses.
El diario dijo que el grupo de trabajo de la ONU había determinado que el Ministerio Público “no precisa que expresiones de su discurso (de López) pudieron motivar estos graves hechos o inducir a la comisión de los mismos".
“Tras advertir que el hecho de enviarlo a la cárcel militar de Ramo Verde ‘pareciera sustentado en un motivo de discriminación basado en opciones y opiniones políticas’, el grupo calificó de ilegal que se la mantenga (a López) aislado y que se le pongan obstáculos a sus abogados para comunicarse con él”, agrega el matutino.
Tinotori dijo que su esposo, graduado de Harvard y líder progresista en Venezuela, se entregó a las autoridades venezolanas el 18 de febrero en vista que la policía tenía una orden de arresto en base a que López estaba promoviendo la violencia.
Ahora, agrega Tintori, el gobierno tiene que decidir si va a excarcelar a su esposo y cumplir con el mandato de las Naciones Unidos, o nuevamente demorar su juicio. Para Maduro el asunto es difícil, ya que Venezuela estrena en enero del 2015 un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Tintori recuerda que las protestas callejeras duraron de febrero a junio y que fueron cientos de miles de venezolanos los que salieron a las calles en todas las ciudades del país a pedir la renuncia de Maduro. Agregó que el 12 de febrero dos venezolanos, Basil Acosta and Juancho Montoya murieron en las protestas. Más de 40 personas murieron en los disturbios y más de 1,700 venezolanos fueron arrestados y aún esperan juicio.
“Este es un caso político, no un caso criminal”, dijo Tintori. Entre los detenidos se encuentran los alcaldes Daniel Ceballos de San Cristóba y Enzo Scarano de San Diero.
En la cárcel a López sólo lo pueden visitar su esposa, sus padres e hijos. El martes un grupo grande en venezolanos se reunieron en las aceras del Ministerio de Justicia para exigir que liberaran a López. Pero López representa un enorme peligro para el régimen de Maduro por su arraigo popular. Si lo ponen en libertad, Maduro teme que López pueda conseguir el apoyo del pueblo venezolano para obligarlo a renunciar.
Después de casi 12 horas de espera en el sótano del Ministerio de Justicia, a López le notificaron el martes en la noche que su caso nuevamente había sido postergado. Ahora tendrá que esperar hasta el 26 de octubre.
Guillermo I. Martínez reside en el sur de la Florida. Su correo electrónico es: Guimar123@gmail.com.