CARACAS, Venezuela El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó a sus ministros remover de sus cargos a directivos y funcionarios que apoyan el referendo revocatorio de su mandato, impulsado por la oposición.
El dirigente oficialista y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo que Maduro pidió citar a los ministros de Alimentación, Empresas Básicas, Finanzas, Despacho de la Presidencia y Trabajo para establecer que "no pueden haber en cargos directivos... personas que estén en contra de la revolución y del presidente".
"Tiene un lapso, un plazo de 48 horas para que estas personas... pues tengan otro destino laboral", indicó Rodríguez.
El ministro de Comunicación, Luis José Marcano, manifestó su respaldo al anuncio de Rodríguez y dijo al canal de noticias Globovisión que no conoce ningún caso de un empleado de bajo rango que haya sido despedido. "Están los tribunales y están las instancias laborales para hacer los reclamos", agregó.
Maduro hasta el momento no ha emitido comentarios al respecto.
Luego de la recolección de firmas a favor del referendo, algunos empleados públicos denunciaron que fueron despedidos por apoyar la consulta. Una de ellas es Yelitza Badell, una abogada de 50 años despedida en julio del estatal Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera.
Badell dijo a la AP que "más de 200" trabajadores de esa entidad han sido despedidos en los últimos meses por firmar a favor del referendo.
"La gente que está adentro (de los organismos públicos) está viviendo el verdadero terrorismo", sostuvo la exfuncionaria al asegurar que se han intensificado las amenazas internas contra los empleados públicos. "Eso es un infierno. La amenaza es 'el que se atreva lo despiden''', agregó.
Al ser consultado sobre el tema, el defensor del pueblo Tarek William Saab dijo a la prensa que "el derecho al trabajo debe siempre evaluarse en función de la eficiencia de sus empleados... en función de su compromiso con la institución, con el país, con la paz, con la estabilidad".
La Asamblea Nacional revisa más de 1.000 denuncias de empleados del ente recaudador de impuestos, la corporación estatal de servicio eléctrico, dos bancos del Estado y la policía nacional que fueron despedidos de sus cargos por firmar a favor del referendo, de acuerdo con la presidenta del cuerpo legislativo Delsa Solórzano.
La oposición busca que el referendo se realice este año porque de ser derrotado Maduro debería llamar a elecciones. Pero si se retrasa a 2017 y el mandatario pierde los últimos dos años de su período serán completados por el vicepresidente.
El secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, dijo que de concretarse los despidos de empleados públicos se estaría "violando el derecho constitucional de expresarse políticamente".
"¿Cómo van a atreverse a tratar de traficar con el hambre y la necesidad del venezolano, a amenazar al venezolano con botarlo de su trabajo para que pierda el sustento de su familia? Eso es chantaje y extorsión", sostuvo Torrealba.
Un método del chavismo
En 2003 el oficialismo creó un sitio electrónico en el que incluyó un listado de empleados públicos que apoyaron el referendo contra el entonces presidente Hugo Chávez y que fueron despedidos. La lista, que fue eliminada en 2004 tras la victoria de Chávez en el referendo, fue rechazada en el país y denunciada en algunas instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Consejo Nacional Electoral aprobó este mes la validación de más de 1% de las firmas que avalan el referendo pero fijó unos plazos para la recolección de las firmas de 20% de los electores, necesario para activar el mecanismo, que pone en riesgo la posibilidad de que pueda realizarse este año.
La oposición ha convocado a una movilización el 1 de septiembre desde diferentes partes del país hasta Caracas para presionar la definición del cronograma para el referendo. En respuesta a la marcha opositora, el alcalde de Caracas dijo que el oficialismo también realizará tomas de plazas y autopistas en todas las ciudades del país.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, difundió la víspera en su cuenta de Twitter una carta abierta al dirigente encarcelado Leopoldo López en la que manifestó que "en Venezuela hoy no rige ninguna libertad fundamental y ningún derecho civil o político".
Maduro enfrenta este proceso en medio de una compleja crisis económica dominada por una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez que han golpeado la popularidad del gobierno y generado un creciente descontento, que se manifiesta en protestas callejeras y saqueos de comercios.