Jacqueline Sandoval: los militares que violan las leyes son responsables de los actos violatorios que cometen y "no prescriben".
La directora ejecutiva de la Fundación para el debido proceso (FUNDEPRO), Jacqueline Sandoval, calificó de tensa la situación en Venezuela, donde continúan las protestas y la Guardia Nacional no cesa de reprimir y violar las leyes cuando detiene injustificadamente y sin orden judicial a quienes salen a las calles a protestar .
Sandoval dijo en el Programa Cuba al Día de Radio Martí, que el miércoles mientras el gobernante Nicolás Maduro y sus seguidores realizaban en Caracas un desfile cívico militar, la organización FUNDEPRO recibió el reporte de siete detenciones en tres municipios del Estado Miranda e informes de la existencia de barricadas en Carabobo, Aragua, Barinas, Mérida y Táchira.
"También tuvimos reportes de jóvenes heridos por la Guardia Nacional en El Chacao", señaló la abogada.
En Venezuela, las expresiones de descontento y los reclamos cívicos no terminan, porque el Gobierno no garantiza respuesta confiable a los reclamos.
A pesar de las detenciones y la violencia la gente sigue saliendo a las calles a protestar, porque no hay solución a los problemas económicos del país ni respuesta del Gobierno a la inseguridad.
"Hasta el momento Fundepro ha contabilizado 1030 jóvenes con medidas constitutivas de libertad y otros 9 privados de libertad", señaló Sandoval.
Los juristas ante incumplimiento de la ley
Un Gobierno democrático no puede coartar las libertades y los juristas tienen la obligación de hacer que se cumpla la ley, pero el problema mayor en Venezuela es que "no hay sanción' a los violadores de la ley.
"Las leyes están descritas como deben ser, no tienen imprecisiones y al parecer los militares que las violan escudándose en que cumplen órdenes o no les han dicho o no saben que son responsables de los actos violatorios de la ley y los derechos humanos que cometen y que no prescriben", concluyó la letrada.
La ONG FUNDEPRO ejecuta acciones que garanticen una investigación integral, de acuerdo a lo estipulado en el ordenamiento jurídico vigente, de las constantes violaciones al debido proceso y en general a cualquier derecho fundamental de las personas que se encuentran privadas de libertad o bajo proceso, en especial de la persecución política.
También se encarga de defender y difundir los casos de las víctimas, así como la búsqueda de la reparación del daño causado con la subsiguiente indemnización del perjuicio ocasionado, e impulsa y asesora denuncias de cualquier violación grave a los derechos humanos dentro o fuera de los recintos penitenciarios del país.
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Sandoval dijo en el Programa Cuba al Día de Radio Martí, que el miércoles mientras el gobernante Nicolás Maduro y sus seguidores realizaban en Caracas un desfile cívico militar, la organización FUNDEPRO recibió el reporte de siete detenciones en tres municipios del Estado Miranda e informes de la existencia de barricadas en Carabobo, Aragua, Barinas, Mérida y Táchira.
"También tuvimos reportes de jóvenes heridos por la Guardia Nacional en El Chacao", señaló la abogada.
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En Venezuela, las expresiones de descontento y los reclamos cívicos no terminan, porque el Gobierno no garantiza respuesta confiable a los reclamos.
"Hasta el momento Fundepro ha contabilizado 1030 jóvenes con medidas constitutivas de libertad y otros 9 privados de libertad", señaló Sandoval.
Los juristas ante incumplimiento de la ley
Un Gobierno democrático no puede coartar las libertades y los juristas tienen la obligación de hacer que se cumpla la ley, pero el problema mayor en Venezuela es que "no hay sanción' a los violadores de la ley.
"Las leyes están descritas como deben ser, no tienen imprecisiones y al parecer los militares que las violan escudándose en que cumplen órdenes o no les han dicho o no saben que son responsables de los actos violatorios de la ley y los derechos humanos que cometen y que no prescriben", concluyó la letrada.
La ONG FUNDEPRO ejecuta acciones que garanticen una investigación integral, de acuerdo a lo estipulado en el ordenamiento jurídico vigente, de las constantes violaciones al debido proceso y en general a cualquier derecho fundamental de las personas que se encuentran privadas de libertad o bajo proceso, en especial de la persecución política.
También se encarga de defender y difundir los casos de las víctimas, así como la búsqueda de la reparación del daño causado con la subsiguiente indemnización del perjuicio ocasionado, e impulsa y asesora denuncias de cualquier violación grave a los derechos humanos dentro o fuera de los recintos penitenciarios del país.
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