Lanzan lacrimógenos contra manifestantes en Venezuela; Maduro amenaza con retirarse de la OEA

Agentes antimotines impedían este miércoles con gases lacrimógenes el avance de manifestantes opositores hacia el centro de Caracas, quienes les respondían con piedras, en un nuevo brote de violencia en las protestas que dejan en un mes una treintena de muertos.

Las fuerzas de seguridad lanzaban también chorros de agua al grupo de jóvenes que, con el rostro oculto con capuchas y pañuelos, y algunos con máscaras antigases, intentaban pasar la barrera en la autopista Francisco Fajardo, en el este de Caracas.

"Hay que marchar y seguir, el que se quede en la casa pierde. Aquí seguiremos todos los días", dijo Andrés González, un estudiante de 20 años, con casco y máscara antigas.

"Quiénes somos? Venezuela; qué quéremos? Libertad", "Urgente, urgente... un nuevo presidente", gritaban algunos jóvenes.

Miles de opositores se movilizaban este miércoles en Caracas y otras ciudades para exigir elecciones generales, arreciando su ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro.

Desde que iniciaron las protestas el 1 de abril han ocurrido choques entre agentes antimotines y manifestantes, con intercambio de bombas lacrimógenas, perdigones, piedras y cócteles molotov, así como disturbios, saqueos y tiroteos de bandas de encapuchados, que según la Fiscalía dejan 26 muertos.

La Fiscalía publicó este martes una lista de 26 muertos, identificados, que han dejado las manifestaciones desde que iniciaron el 1 de abril, aunque Maduro habló de 29 fallecidos, sin dar detalles.

"Ha habido 29 compatriotas que han sido asesinados por culpa de la derecha, justicia es lo que pide el pueblo", dijo el mandatario en un acto público la noche del martes, sin que quede claro si se equivocó o si se trata de un nuevo balance.

En su primera declaración a la prensa desde que comenzaron las manifestaciones, la fiscal general, Luisa Ortega, precisó además que las protestas dejan 437 lesionados y 1.289 personas aprehendidas.

La oposición ve como única solución a la grave crisis política y económica del país petrolero la salida de Maduro del poder, según sus dirigentes a través de elecciones, aunque el gobierno los acusa de impulsar un golpe de Estado.

"Mañana sigue la calle contra la dictadura (...) Este es el momento en el que ponemos a prueba nuestra resistencia", subrayó el diputado Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora, al precisar que la marcha llegará a la Defensoría del Pueblo, en el corazón de la capital.

Pero hasta ahora las movilizaciones hacia el centro, considerado un bastión por el chavismo, han sido bloqueadas por fuerzas de seguridad, que las han dispersado con bombas lacrimógenas, chorros de agua y balas de goma.
"Es una marcha sin retorno hasta que logremos que los venezolanos decidan cómo salir de la crisis", señaló Julio Borges, presidente del Legislativo, único poder que controla la oposición.

Siete de cada diez venezolanos reprueba la gestión de Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019, hastiados de la escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI llegará al 720,5% este año, la más alta del mundo.

Para el analista Luis Vicente León, la presión opositora podría fracturar al chavismo y al sector militar, aliado clave al que Maduro dio gran poder económico y político. Según la consultora Eurasia Group, las manifestaciones muestran que "la oposición está más unida en torno a la estrategia de calle y se muestra revigorizada", mientras recibe apoyo de la comunidad internacional.

La Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general Luis Almagro llama "dictador" a Maduro, se reunirá el miércoles de manera extraordinaria para discutir una posible cita de cancilleres ante el recrudecimiento de la crisis.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió el martes que Maduro le dio instrucciones de iniciar "el procedimiento de retiro de Venezuela" de la OEA en caso de que la institución llame a un encuentro de ministros de Exteriores, sin contar con el visto bueno del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Analistas estiman que el poder electoral, para disminuir la presión, podría convocar pronto a elecciones de gobernadores, que debieron celebrarse en diciembre de 2016 y fueron pospuestas, así como de alcaldes, pautadas para este año.

La oposición quiere también un adelanto de las presidenciales, previstas para diciembre de 2018, pero el gobierno lo descarta.

Maduro dice querer elecciones para "derrotar" a la oposición, pero habla de las regionales. "Las divisiones en el chavismo probablemente se profundizarán, sobre todo de cara a las elecciones regionales y presidenciales. Las presiones de calle y de la comunidad internacional tienen el potencial de ensanchar sus fisuras", agregó Eurasia.

Intentando bajar la crispación, Maduro reiteró su llamado al diálogo. El lunes se reunió con el expresidente dominicano Leonel Fernández, uno de los facilitadores de la fracasada negociación que auspició el Vaticano a fines de 2016. "El único diálogo que quiere el país es el voto", reaccionó Borges.

OPOSITORES VENEZOLANOS COMIENZAN "PLANTÓN" EN VARIAS CIUDADES DEL PAÍS

Las protestas estallaron luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicó a fines de marzo las funciones del Parlamento, a lo que dio marcha atrás tras fuerte presión internacional y la sorpresiva reacción de la fiscalía.

La fiscal Ortega calificó esa sentencia como una "ruptura del orden constitucional" y la oposición exige al defensor del pueblo, Tarek William Saab, que active un proceso de destitución de los magistrados o de lo contrario "será considerado cómplice del golpe".

Aunque no volvió a referirse a esa declaración, Ortega condenó este martes la violencia: "Requerimos volver al diálogo con interlocutores válidos (...). Nadie desea un escenario de confrontación bélica, una guerra civil y mucho menos una injerencia extranjera", aseguró.

El gobierno socialista acusa a la "derecha extremista" de "terrorismo" para dar un golpe de Estado y propiciar una intervención extranjera.
Por su parte, la oposición, que exige además respeto a la autonomía del Parlamento, denuncia al gobierno por "represión" contra una población agotada por la crisis.

(AF P y Reuters)