La sociedad civil independiente ha alertado sobre las ideaciones suicidas, autoagresiones e intentos de quitarse la vida por parte de presos políticos cubanos y la desatención gubernamental a este problema.

A finales de agosto, Yosandri Mulet Almarales, preso de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, murió presuntamente por las heridas ocasionadas tras un intento de suicidio ocurrido el 22 de ese mes. Mulet Almarales había sido sentenciado a 10 años por manifestarse en el barrio La Güinera (La Habana). En junio de 2022 intentó quitarse la vida en el Combinado del Este y estuvo en estado crítico.

“En el caso de las personas reclusas por motivos políticos en Cuba, a las difíciles condiciones de habitabilidad de las prisiones y las posibles causas prexistentes, se suma la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto”, advirtieron en un comunicado el grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC).

Justicia 11J y el CDPC han registrado, desde el 1 de enero de 2024, tres eventos de ideaciones suicidas, tres autoagresiones y seis intentos de quitarse la vida, que involucran a 10 personas reclusas por motivos políticos (siete hombres y tres mujeres).

Se trata de las presas políticas Mayelín Rodríguez Prado, Yanet Pérez Quevedo y Lizandra Góngora; y los prisioneros Abel Lázaro Machado Conde, Ismael Rodríguez González, Yasmany González Valdés, Fray Pascual Claro Valladares, Daiver Leyva Vélez y Omar Ortega, también condenados por manifestarse o ejercer el activismo y la libertad de expresión. Sus casos han sido visibilizados por sus familiares con denuncias en redes sociales y ante organizaciones defensoras de derechos humanos.

Según Naciones Unidas, que estableció las Reglas Nelson Mandela para recomendar a los Estados miembros cómo tratar a los reclusos, las autoridades deben facilitar con frecuencia la asistencia médica necesaria para “detectar todo indicio de estrés psicológico o de otra índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o autolesión (…) y aplicar todas las medidas o tratamientos individualizados que corresponda”, para prevenir el suicidio.

El régimen de La Habana ha ratificado su “compromiso” con las Reglas Mandela. En 2020, la representante permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Viena, la embajadora Loipa Sánchez Lorenzo, aseguró que su gobierno sigue “determinados principios en cumplimiento estricto de la legalidad” para el tratamiento a las personas privadas de libertad.

No obstante, el equipo legal de la ONG Cubalex advierte que “la negación de la atención médica a los reclusos en Cuba constituye una violación de las Reglas Mandela”.

Según Cubalex, en las prisiones “el personal médico debería realizar exámenes periódicos para detectar estrés, lesiones y otros problemas en los reclusos, comunicándolos a las autoridades para buscar soluciones. Sin embargo, en el contexto cubano, estos profesionales actúan bajo la influencia del poder estatal, impidiendo el cumplimiento de sus funciones y la protección de los derechos de los reclusos. Esta complicidad del personal médico con las violaciones de derechos humanos contribuye a un sistema penitenciario corrupto y deshumanizante”.

La prisión puede ser el “detonante”

“La prevalencia de enfermedades mentales en la población penitenciaria es alta, incluyendo abuso de sustancias psicoactivas, trastornos de personalidad sociopáticos, bipolaridad, estrés post traumático y adicciones en general. Esto hace que el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y/o disfunciones mentales en esta población sea una prioridad”, dijo a Martí Noticias la psicóloga cubana residente en EEUU María de los Ángeles García.

Según la especialista, hay una “mayor incidencia de trastornos y disfunciones mentales en esta población”, por lo que se deben garantizar “tratamientos multifactoriales, con enfoque en proyectos educativos, psicológicos y socioculturales”.

José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, explicó para un artículo del diario El Mundo sobre suicidios de reclusos que “la prisión puede ser el detonante: los factores de riesgo que trae una persona se añaden a estar encerrado, al delito, al sentimiento de culpa, al desarraigo”.

El suicidio, entendido como el comportamiento de planificación, conductas autolesivas, ideación, intentos y suicidio consumado, sigue siendo a día de hoy un importante problema de salud pública y la primera causa de muerte no natural en todo el mundo. Entre la población reclusa, la prevalencia de la conducta suicida se incrementa si la comparamos con la población general debido a la influencia de numerosos factores y al impacto psicológico que conlleva la estancia en prisión, según se explica en esta investigación del Colegio Oficial de Psicología de Madrid.

A la experiencia punitiva de la prisión se le suman las complejas circunstancias personales de cada preso, según estudios, y los especialistas hacen hincapié en la raíz multicausal del suicidio, así como la necesidad de prestar atención a cada uno de los casos de manera individualizada.

“Por ello, la primera evaluación psicológica que pasa un reo es al entrar en prisión. En la misma línea, se le presta atención cuando sus circunstancias penitenciarias cambian. Por ejemplo, cuando se le imputa una nueva causa, su condena aumenta o se le sanciona en aislamiento. Pero también cuando está a punto de quedar en libertad”, se advierte en este reporte del medio Público.

Los investigadores Pablo Cifuentes, de la Universidad de Chile, y Gergő Baranyi, de la Universidad de Edimburgo (Escocia), advierten en otra investigación que las personas ingresan con problemas de salud mental preexistente a las prisiones. “Ingresan con psicosis, con comorbilidades de adicciones y cursan con depresiones. Además, muchos de ellos tienen trastornos de personalidad y todo eso eleva el riesgo de suicidio en estas personas”, argumentan. Eso se suma a los factores que impone el mismo sistema penal: la separación de las familias, las adversidades, el trato cruel entre pares, etcétera.

Justicia 11J y el CDPC advierten en su pronunciamiento que, en el caso de los presos políticos cubanos, a las consecuencias psicológicas que puede tener el encierro se añaden las difíciles condiciones de habitabilidad de las cárceles y “la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto”.

“Para nosotros es muy preocupante que continúen presas cientos de personas por motivos políticos, en penales que no tienen las condiciones mínimas para vivir con dignidad. La desatención de problemas de salud prexistentes o adquiridos en la cárcel, los abusos físicos y la arbitrariedad de los procesos penales a que están sometidos los activistas y manifestantes en Cuba, configuran un escenario muy opresivo que puede ser el detonante para el suicidio”, respondió el grupo Justicia 11J, consultado por Martí Noticias.

Es el caso de Fray Pascual Claro Valladares, sentenciado a 10 años por las protestas en la ciudad camagüeyana de Nuevitas de agosto de 2022, quien intentó suicidarse tras conocer su condena. El incidente provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares para su protección.

Según la CIDH, el intento de quitarse la vida acometido por Claro Valladares “fue manejado con negligencia [por las autoridades], sin recibir la atención psiquiátrica necesaria y siendo castigado con aislamiento”.

Por su parte, Justicia 11J y el CDPC han exigido “la liberación inmediata para cientos de condenados por diversos escenarios de protesta en Cuba y otras causas políticas. Están en riesgo cada día que permanecen en las difíciles condiciones de los penales cubanos, castigados de múltiples maneras por sus ideas y oposición al régimen”, afirman las organizaciones en el citado comunicado.

Los suicidios en Cuba: una de las tasas más altas de América

El Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció en 2023 en un informe de balance sobre la situación del Sistema de Salud que las “lesiones autoinfligidas intencionalmente” —como se registra oficialmente las estadísticas del suicidio— están entre las primeras 10 causas de defunción en la isla.

Desde los años 80, Cuba presenta uno de los índices más altos de muertes autoinfligidas en el área de América Latina y el Caribe.

Aunque existen pocos datos y no pueden ser verificados por entidades independientes, según los más recientes de la Oficina Nacional de Información y Estadísticas (ONEI), desde 2019 se registró un aumento de las muertes por suicidio en la isla. Ese año se registraron 1.467 casos y para el 2020 ocurrieron 1.556 muertes por suicidio.

En 2021 las “lesiones autoinfligidas intencionalmente” provocaron el deceso de 1.789 cubanos, para una tasa de 16,0 por cada 100.000 habitantes.

Tras el aumento de las tasas de suicidio en el país, el Ministerio de Salud Pública cubano implementó en 1989 el Programa Nacional de Prevención y Atención a la Conducta Suicida. Según la doctora Beatriz Corona Miranda, profesora e investigadora del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, este Programa “se somete constantemente a nuevas versiones y revisiones con el propósito de disminuir lo más posible la morbilidad por intento y la mortalidad por suicidio”.

No obstante, las cifras no han disminuido en la isla, sumida en una crisis generalizada. Los presos políticos se encuentran entre las personas vulnerables ante las constantes violaciones de derechos humanos.

Puede conocer más del tema en este Explicador de Martí Verifica.

Los cubanos protestaron en las calles, al menos en 137 ocasiones, durante el período que va de enero a junio de 2024, de acuerdo al informe semestral del centro de asesoramiento legal Cubalex.

Las acciones de descontento popular fueron apagadas con castigos y coacciones a los manifestantes: “En marzo, más de 40 protestas públicas llevaron a que aumentara significativamente la represión, con la desconexión de internet, las detenciones arbitrarias y violentas, y las multas a los manifestantes”, indicó a Martí Noticias, Giselle Morfi, miembro del equipo de Cubalex.

“Estas protestas fueron reprimidas, tanto físicamente como en el mundo virtual, como un claro intento de silenciar a la ciudadanía, de eliminar cualquier forma de disidencia”, dijo la experta.

La jurista destacó la táctica del régimen de implementar leyes como mecanismos para disuadir a la sociedad y a las personas de que “ejerzan sus derechos fundamentales. Por ejemplo, la Ley de Comunicación Social”.

Muertes bajo custodia de las autoridades

El reporte denuncia que en el primer semestre de 2024, ocurrieron al menos 26 muertes bajo custodia en las cárceles, en las que se repite un patrón de tratos crueles, torturas y falta de atención médica.

En este sentido, Morfi aludió al informe de Cubalex publicado el 10 de julio de este año, que “reflejó que entre enero del 2022 y enero del 2024 se registraron 56 muertes en custodia”.

“Es una situación que amerita la atención de los medios de prensa, de la sociedad civil, de defensores de derechos humanos, lo que está pasando en las prisiones de Cuba, que es que las personas están muriendo”, apuntó.

“En violación de lo establecido en las Reglas Mandela, emplean de forma arbitraria y discrecional la reclusión en celda de castigo, excediendo además el tiempo estipulado para esta práctica disciplinaria", detalla la organización que tiene su sede en Miami.

El informe advierte del empleo que hacen los mandos penitenciarios de reclusos y reclusas comunes para hostigar a los presos políticos, “favoreciendo episodios de violencia física y sexual".

Cubalex documentó 1.876 incidentes represivos, un promedio de diez por día, que “afectaron no solo a opositores políticos, activistas y periodistas independientes, sino también a ciudadanos comunes, profesionales, defensores de derechos de comunidades vulnerables, usuarios de redes sociales y artistas".

Los arrestos ilegales a menudo implicaron desapariciones forzadas y maltratos, tanto físicos como psicológicos: "La coerción y las amenazas durante detenciones y citaciones, incluyendo la fabricación de cargos penales y amenazas de muerte, son prácticas comunes".

Del mismo modo, la represión se materializó a través de la violencia física, incluyendo muertes a manos de efectivos del orden público; bravuconadas por parte de agentes policiales y el acoso en espacios digitales y telefónicos.

Los operativos de vigilancia y detención domiciliaria “fueron frecuentes, mientras que los cortes de internet y el bloqueo de sitios web continuaron restringiendo severamente la libertad de expresión”, según Cubalex.

“Este entorno de represión sistemática y violaciones continuas erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la desesperanza en la población, socavando las posibilidades de cambio pacífico”, señala el informe.

“Las violaciones de derechos humanos han estado presentes, sistemáticamente, de manera generalizada durante este semestre y el llamado es a una respuesta internacional que presione al Estado cubano, a cumplir con sus obligaciones internacionales, de proteger a la ciudadanía, de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales, de garantizarlos, de evitar que sucedan las violaciones de derechos humanos y que se sancionen a todos los responsables y se protejan a las víctimas” , subrayó la abogada.

Al menos 120 casos de hostigamiento, persecución y detenciones arbitrarias contra activistas, opositores, artistas y comunicadores cubanos tuvieron lugar en agosto, según revela el Reporte Mensual de Incidentes, correspondiente a agosto de 2024, del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FPLDP).

La organización fundada por la activista cubana Rosa María Payá indica que 39 mujeres y 83 hombres fueron víctimas del acoso policial y las ciudades donde mayor represión documentó la organización fueron La Habana con 60 incidentes, Santa Clara, con 13 casos y Matanzas con ocho.

La entidad, que tiene su principal sede en Miami, compiló además 25 detenciones arbitrarias.

“El informe evidencia nuevamente cómo la represión y la persecución contra los defensores de derechos humanos, opositores, y la ciudadanía en general, continúa reflejando este entorno que cada vez se hace más hostil hacia la libertad de expresión y la disidencia en el país”, dijo a Martí Noticias Juan Carlos Vargas, coordinador general de la organización que fue creada en 2015 para promover y defender la democracia en el hemisferio.

El directivo agregó que la Fundación para la Democracia Panamericana pone en la palestra pública los actos represivos del régimen de Cuba contra la población “para que la comunidad internacional abra los ojos y reaccione frente a los horrores que comete día a día la dictadura cubana”.

Recientemente, esta agrupación interpuso una petición de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del periodista independiente cubano y ex preso político Carlos Michael Morales Rodríguez.

“Además de la promoción y la educación sobre los derechos humanos internacionalmente, y atender a los asuntos relacionados en las Américas, el proyecto principal de FPLDP es promover la campaña Cuba Decide para realizar un Plebiscito Vinculante en Cuba”, que le permita al pueblo votar a favor o en contra de adoptar un sistema democrático.

La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF) advirtió que las violaciones de la libertad religiosa por parte del gobierno cubano “han seguido siendo particularmente graves a lo largo de 2024”.

“El gobierno utiliza su marco legal represivo para controlar estrictamente las asociaciones religiosas y criminalizar las actividades y expresiones religiosas”, subrayó este viernes el informe de la entidad independiente creada por el Congreso de Estados Unidos en 1998.

Además, el gobierno cubano “hostiga a los fieles y sigue maltratando a los presos de conciencia religiosos”, indicó USCIRF en el informe que actualiza la situación en la isla.

Acerca de la política de Estados Unidos, el reporte considera que se debe reiterar la importancia que otorga a las condiciones de libertad religiosa en Cuba.

Otra sugerencia es seguir presionando al régimen comunista para que extienda invitaciones oficiales para visitas sin restricciones a la USCIRF, al embajador especial de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional y al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Religión o Culto.

El informe aborda una variedad de obstáculos que enfrentan las personas y organizaciones religiosas en la isla. Destaca que el gobierno cubano utiliza su marco legal represivo “para prohibir que las organizaciones religiosas obtengan un registro legal”. También amenaza y castiga a los fieles “que expresan ideas o participan en cualquier actividad religiosa que perciba como crítica”.

Otro problema que menciona el informe es que el régimen recurre “a su vasto aparato de seguridad y vigilancia interna para hostigar a los fieles, como las Damas de Blanco”.

Algunos ejemplos de acoso son:

• En mayo, las autoridades prohibieron a un sacerdote católico tocar las campanas de la iglesia durante un apagón en protesta por las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno.
• En junio, las autoridades pusieron arbitrariamente bajo arresto domiciliario a un pastor.
• En junio, el gobierno impidió arbitrariamente que el padre de un preso político se reuniera con un obispo.
• En julio, las autoridades retuvieron la ayuda humanitaria que una organización religiosa con sede en el Reino Unido envió para el pueblo cubano.
• En agosto, el gobierno interrogó a un sacerdote que invitó a los fieles a rezar en un parque público y le negó asistencia religiosa a otro preso.

Acerca de las prisiones de Cuba, USCIRF recordó que muchos líderes religiosos y fieles fueron arrestados por participar pacíficamente en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

Por ejemplo, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, líder de la Iglesia Independiente Monte de Sion en Palma Soriano, fue condenado a ocho años de prisión. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha dicho que el gobierno cubano había arrestado y encarcelado arbitrariamente a Fajardo.

Donaida Pérez Paseiro y su esposo, Loreto Hernández García, dirigentes de la Asociación Yoruba Libre de Cuba, están tras las rejas. Ambos fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.

Las gemelas Lisdani Rodríguez Isaac y Lisdiani Rodríguez Isaac, miembros de la Asociación Yoruba Libre de Cuba, fueron arrestadas y encarceladas por protestar el 11J. Sin embargo, las autoridades le concedieron a Lisdani la libertad provisional por razones médicas, agregó el informe de USCIRF.

El preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 70 años, está ingresado en el Hospital General Comandante Ciro Redondo, de Artemisa, tras sufrir, el pasado sábado, una isquemia cerebral, confirmó a Martí Noticias, su esposa Janet Bulnes.

“Una isquemia en desarrollo. Le están administrando medicamentos para su mejoría y que no le repita. El médico que pasó visita me dijo que le hicieron un TAC (Tomografía Axial Computarizada) y arrojó eso, una isquemia. Me dijo que hay lesiones en el cerebro”, declaró Bulnes, a quien le permitieron cuidar del enfermo, reportado en estado grave.

“Fue por una subida de presión. Yo no hacía ni cinco días que le había llevado medicamentos para la presión y para la diabetes”, explicó la mujer.

Pupo Rodríguez, manifestante del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, padece diabetes e hipertensión arterial. Días antes había sufrido una caída en el correccional con internamiento Ceiba 5 donde estaba recluido, luego de que las autoridades de ejecución le aprobaran el tránsito a un régimen de menor severidad.

La esposa relató que Pupo tiene el lado derecho del cuerpo afectado, con parálisis en el brazo y la pierna “y el lenguaje no se le entiende, no está articulado”.

Aunque el preso político no está internado en una sala penal porque el hospital artemiseño carece de este tipo de instalación, tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior (MININT).

“Ahora, hay un teniente coronel del MININT que está aquí constantemente, sentado al lado de nosotros”, indicó Bulnes.

“Yo estuve hablando con el militar que estaba [de guardia] por la mañana y me dice que ellos van a procesar una licencia extrapenal para presentarla al tribunal y el tribunal es el que decide. Después le pregunté al teniente coronel qué cree en este caso de la presentación de una extrapenal y me contestó que se la van a conceder, porque ‘en el estado que está ¿dónde lo van a tener?’. Él no puede caminar, no puede comer, hay que darle la comida”, señaló.

La legislación cubana otorga a los tribunales la facultad para otorgar la licencia extrapenal durante el tiempo “que se considere necesario” y en casos de enfermedad o padecimientos que incapaciten al reo de forma temporal o definitivamente.

El centro de asesoramiento legal Cubalex ha emitido varias alertas acerca del estado de salud de Pupo Rodríguez, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI).

La organización ha destacado que, debido a sus enfermedades y a su edad, Pupo es uno de los presos políticos más vulnerables, cuestión que se agrava con la falta del acceso necesario a cuidados médicos especializados y a la administración puntual de los medicamentos que requiere.