El abogado cubano Julio Alfredo Ferrer Tamayo, detenido la semana pasada durante un asalto policial a la consultoría legal independiente Cubalex, ha sido trasladado, al parecer para cumplir una sentencia pendiente, a la cárcel El Pitirre 1580, en el municipio habanero de Guanabacoa.
Ferrer, un letrado con amplia experiencia en el funcionamiento de los tribunales, tenía suspendida una sentencia de tres años por supuesta falsificación de documentos en relación con su vivienda.
Según explicó a Martí Noticias la directora de Cubalex, la abogada Laritza Diversent, el dictamen es una represalia por los emplazamientos legales que Ferrer ha venido haciendo por más de diez años en torno a irregularidades en el sistema judicial cubano.
El abogado ya había cumplido seis meses de privación de libertad en 2015 por desacato a tres jueces de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo.
En 2004 el jurista tuvo su primer enfrentamiento al sistema al cuestionar en los tribunales por arbitrario el proceso contra tres jóvenes que fueron fusilados en 2003 por un intento de secuestro de la lancha de Regla, un hecho en el que no hubo derramamiento de sangre.
Hace cinco años, justo después que Ferrer presentara una demanda contra la ministra de Justicia María Esther Reus, por denegar una solicitud de legalización de la independiente Asociación Jurídica Cubana, su esposa, Marienys Pavó Oñate, también abogada, fue detenida por un presunto delito de Estafa y enviada a prisión. Desde entonces el esposo ha estado denunciando violaciones de las garantías procesales en el caso.
Entre otras mociones interpuso un recurso de habeas corpus. Como represalia, le abrieron en 2014 la causa por falsificación de documentos, la cual fue acelerada cuando lo acusaron de desacato con el fin de inhabilitarlo como abogado.
Fue condenado en febrero de 2016 a tres años por la presunta falsificación, pero hasta ahora el cumplimiento de la sentencia había quedado en suspenso. Nunca lo llamaron a cumplirla.
Diversent señaló que por tratarse de una sentencia dictada por un tribunal provincial, su colega no podrá persentar una apelación, un derecho que está recogido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, pero que en Cuba sólo existe en las cortes municipales.
La directora de Cubalex asegura que, a pesar de estar sentenciado por un delito común la única causa real por la que Ferrer está en prisión es su defensa de los derechos humanos y del debido proceso, que él asumió durante todos estos años prácticamente solo; y también por su inapreciable aporte al trabajo de Cubalex.
“Con su ayuda hemos presentado un recurso de alzada a la ministra María Esther Reus para que anule la decisión del Departamento de Asociaciones de denegar la constitución de Cubalex; un litigio contra la Aduana por todos los decomisos en el aeropuerto; una moción para que se diga cómo canalizar propuestas electorales"...
"Trabajando juntos nosotros hacíamos una pequeña pareja explosiva: yo conozco el derecho internacional humanitario, en el que me he formado fuera de Cuba, y él conoce el sistema nacional al dedillo, sabe cómo hay que hacer, cómo tramitar, tiene muchísima experiencia, primero como juez y luego como abogado defensor y de derechos humanos, y entonces formábamos un complemento”.
La abogada, graduada en Derecho en la Universidad de La Habana, cree que el operativo de la semana pasada contra la sede de Cubalex, en el barrio habanero de El Calvario, y una posible acusación de enriquecimiento ilícito contra sus miembros, podría ser la respuesta a “un "Informe sobre la situación de la libertad de expresión y opinión en Cuba” que ella presentó a mediados de agosto al Relator Especial sobre ese tema del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
