Un artículo publicado por la organización Consejo sobre Asuntos Hemisféricos (COHA) advierte que, más allá de los 500 casos reportados hasta hoy, y las tres muertes reconocidas en la Alerta Epidemiológica del 31 de julio de 2012, las autoridades cubanas se han estado esforzando por evitar la filtración de informes sobre la evolución del brote de cólera que irrumpió en la isla a mediados del año pasado.
La reticencia, según la autora --la investigadora asociada de COHA Jennifer Aron-- buscaría evitar el pánico entre la población e impedir que se afecten la imagen del país y los ingresos que reporta su industria turística.
Aron señala que en 2012 el turismo generó a Cuba 2.500 millones de dólares, y que los funcionarios de la industria han hecho lo posible por frenar la circulación de noticias sobre la enfermedad, ya que si bien ningún viajero ha enfermado, bastaría con uno para causar preocupación y empañar la reputación turística del país.
Agrega que La Habana es asimismo sensible al hecho de que los brotes de cólera causan un estigma adicional a los países subdesarrollados, y resultan en una percepción mayor de pobreza y vulnerabilidad.
La articulista dice no tener dudas de que el Ministerio de Salud Pública de Cuba, cuyo personal ha tratado durante largo tiempo el cólera en el extranjero, edita gran cantidad de información práctica sobre el mal, incluyendo folletos explicativos y procedimientos de adiestramiento.
Sin embargo—afirma-- el MINSAP se ha negado de manera inflexible a distribuir gran parte de este material a los residentes de la isla, lo que ha provocado el atento escrutinio del mundo exterior, cada vez más consciente de este problema médico.
De manera similar, en 2011 el Ministerio se percató de que los trabajadores humanitarios que regresaban de Haití podían llevar consigo a la isla la posibilidad de un brote de cólera. Pero aun cuando eran plenamente conscientes del peligro potencial para la población local, sus funcionarios en la base no compartieron información con los miembros de la comunidad, ni tomaron las precauciones necesarias.
Precisa la autora que tras la confirmación de casos de cólera en Cuba la Organización Panamericana de la Salud (OPS), rama regional de la Organización Mundial de la Salud, determinó acciones que Cuba debía emprender --y que según la OPS acometió-- entre ellas garantizar el tratamiento de las aguas, mejorar las labores de saneamiento y control de alimentos y fortalecer la conciencia y la educación sanitaria, con énfasis en la higiene de las manos y la seguridad de los alimentos y el agua de beber.
En este último punto el gobierno ha procedido principalmente a través de los medios electrónicos, y a nivel comunitario a través de carteles y explicaciones de trabajadores de la salud, pero ha evitado siempre fuera de las provincias originalmente infectadas mencionar la palabra cólera,citando en su lugar enfermedades diarreicas o gastrointestinales.
El organismo regional aconsejó que para erradicar el cólera en la isla, las autoridades cubanas aplicaran su exitosa experiencia en movilizaciones como la campaña de alfabetización de 1961.
Pero la OPS recomendó también otras medidas: intensificación de la vigilancia, incluida la búsqueda activa de casos; confirmación en los laboratorios para controlar la propagación geográfica y el patrón de resistencia; y analizar semanalmente la cifra de casos y defunciones según la edad, género, localización geográfica e ingresos en hospitales.
La nota de la entidad señalaba que la vigilancia del cólera debe ser parte de un sistema integral en cada país, e incluir una actualización oportuna de la información, tanto a nivel local como global.
Jennifer Aron concluye que al margen de si la preocupación del gobierno de Raúl Castro por su imagen justificaba o no retener la información, su incapacidad para resolver el problema al no haber adoptado estas recomendaciones básicas de la OPS fue irresponsable, y dio lugar a una serie de consecuencias negativas a largo plazo.
La investigadora del Consejo sobre Asuntos Hemisféricos insta a los países que tienen nacionales de visita en Cuba a emitir advertencias para presionar a La Habana a redoblar sus esfuerzos de erradicación del cólera, de modo que no tenga otra opción que informar a sus ciudadanos y mantener un registro público, a fin de que la comunidad internacional pueda estar al tanto de la información.
“Ofrecer una confiabilidad menor que esa podría representar un costoso error para la reputación de Cuba”, termina diciendo la autora.
La reticencia, según la autora --la investigadora asociada de COHA Jennifer Aron-- buscaría evitar el pánico entre la población e impedir que se afecten la imagen del país y los ingresos que reporta su industria turística.
Aron señala que en 2012 el turismo generó a Cuba 2.500 millones de dólares, y que los funcionarios de la industria han hecho lo posible por frenar la circulación de noticias sobre la enfermedad, ya que si bien ningún viajero ha enfermado, bastaría con uno para causar preocupación y empañar la reputación turística del país.
Agrega que La Habana es asimismo sensible al hecho de que los brotes de cólera causan un estigma adicional a los países subdesarrollados, y resultan en una percepción mayor de pobreza y vulnerabilidad.
La articulista dice no tener dudas de que el Ministerio de Salud Pública de Cuba, cuyo personal ha tratado durante largo tiempo el cólera en el extranjero, edita gran cantidad de información práctica sobre el mal, incluyendo folletos explicativos y procedimientos de adiestramiento.
Sin embargo—afirma-- el MINSAP se ha negado de manera inflexible a distribuir gran parte de este material a los residentes de la isla, lo que ha provocado el atento escrutinio del mundo exterior, cada vez más consciente de este problema médico.
De manera similar, en 2011 el Ministerio se percató de que los trabajadores humanitarios que regresaban de Haití podían llevar consigo a la isla la posibilidad de un brote de cólera. Pero aun cuando eran plenamente conscientes del peligro potencial para la población local, sus funcionarios en la base no compartieron información con los miembros de la comunidad, ni tomaron las precauciones necesarias.
Precisa la autora que tras la confirmación de casos de cólera en Cuba la Organización Panamericana de la Salud (OPS), rama regional de la Organización Mundial de la Salud, determinó acciones que Cuba debía emprender --y que según la OPS acometió-- entre ellas garantizar el tratamiento de las aguas, mejorar las labores de saneamiento y control de alimentos y fortalecer la conciencia y la educación sanitaria, con énfasis en la higiene de las manos y la seguridad de los alimentos y el agua de beber.
En este último punto el gobierno ha procedido principalmente a través de los medios electrónicos, y a nivel comunitario a través de carteles y explicaciones de trabajadores de la salud, pero ha evitado siempre fuera de las provincias originalmente infectadas mencionar la palabra cólera,citando en su lugar enfermedades diarreicas o gastrointestinales.
El organismo regional aconsejó que para erradicar el cólera en la isla, las autoridades cubanas aplicaran su exitosa experiencia en movilizaciones como la campaña de alfabetización de 1961.
Pero la OPS recomendó también otras medidas: intensificación de la vigilancia, incluida la búsqueda activa de casos; confirmación en los laboratorios para controlar la propagación geográfica y el patrón de resistencia; y analizar semanalmente la cifra de casos y defunciones según la edad, género, localización geográfica e ingresos en hospitales.
La nota de la entidad señalaba que la vigilancia del cólera debe ser parte de un sistema integral en cada país, e incluir una actualización oportuna de la información, tanto a nivel local como global.
Jennifer Aron concluye que al margen de si la preocupación del gobierno de Raúl Castro por su imagen justificaba o no retener la información, su incapacidad para resolver el problema al no haber adoptado estas recomendaciones básicas de la OPS fue irresponsable, y dio lugar a una serie de consecuencias negativas a largo plazo.
La investigadora del Consejo sobre Asuntos Hemisféricos insta a los países que tienen nacionales de visita en Cuba a emitir advertencias para presionar a La Habana a redoblar sus esfuerzos de erradicación del cólera, de modo que no tenga otra opción que informar a sus ciudadanos y mantener un registro público, a fin de que la comunidad internacional pueda estar al tanto de la información.
“Ofrecer una confiabilidad menor que esa podría representar un costoso error para la reputación de Cuba”, termina diciendo la autora.