Cuba
Por qué la demanda contra Meliá en España por hoteles en Cuba podría tener éxito
Descendientes del empresario cubano Rafael Lucas Sánchez Hill podrían tener éxito en su reclamación de al menos 10 millones de euros a la cadena Meliá Hotels International presentada ante una corte española.
Los demandantes exigen indemnización por la explotación en Cuba de los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares en terrenos confiscados en Holguín a la familia en 1960 por el gobierno de Fidel Castro.
El reclamo legal, que no tiene relación con la Ley Helms-Burton, se realiza bajo el Código Civil español que penaliza el enriquecimiento ilícito y el tráfico -con conocimiento de causa- de propiedades robadas, que es el caso de Meliá, dijo a Radio Televisión Martí Nick Gutiérrez, asesor legal de los Sánchez Hill.
Para Gutiérrez esta demanda “refleja la universalidad de los principios de la Ley Helms-Burton y del Título III, pero sin utilizar esta ley que en España se considera tan polémica. Solo utiliza la propia ley española, lo cual es una importante ventaja”.
Oficializada el pasado 3 de junio ante una corte de Palma de Mallorca, donde Meliá tiene su sede, la demanda apela al reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de ese país “de un fundamento jurídico para la reclamación de una restitución de las propiedades confiscadas o de una justa indemnización, de conformidad con el Derecho comparado y el Derecho Internacional”.
Los demandantes afirman que “el carácter ilícito de dicha confiscación es conocido por Meliá, quien durante los últimos 20 años ha hecho caso omiso a las reclamaciones de aquellas empresas y familias a costa de las que se lucra”.
El canciller español Josep Borrell ha dejado en claro que su gobierno apoyará a las compañías españolas radicadas en Cuba contra la ola de reclamaciones que podrían enfrentar tras la puesta en vigor el pasado 2 de mayo del Título III de la Ley Libertad o Helms-Burton.
Al respecto, Gutiérrez explicó que el Gobierno español “no podrá invocar las leyes de bloqueo españolas y europeas que utilizarán contra demandas bajo la Ley Helms-Burton, porque esta es una demanda bajo la ley española. Es un frente nuevo que nunca se ha utilizado, y yo creo que los tiene un poco fuera de balance. Vamos a ver cómo responden, pero creo que (la demanda contra Meliá) tiene buen chance de éxito”.
La Unión Europea activó en 1996 una normativa antiboicot para neutralizar los efectos de Ley Helms-Burton. Este estatuto de bloqueo impide a las empresas europeas someterse a lo que dicta la ley estadounidense y les permite obtener indemnizaciones por perjuicios sufridos a causa de su aplicación.
El documento, consultado por Radio Televisión Martí, aclara que aunque en un convenio con Cuba firmado en 1986 el gobierno español se comprometió a “no reclamar más, e incluso, a no apoyar las posibles reclamaciones que pudieran formular los afectados contra Cuba”, el acuerdo no limita el derecho a exigir una indemnización justa.
Los abogados de los Sánchez Hill en España, la procuradora Cristina Sampol Schenk y el abogado Rafael Gimeno-Bayón Cobos, señalan en el texto de la demanda que según el Tribunal Supremo “los derechos de los afectados por la expropiación, que pasan a tener la condición de beneficiarios de ese Convenio de 1986 no quedan dañados por el mismo, puesto que su celebración no extingue el ejercicio de ese hipotético derecho de los particulares a recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa indemnización”.
En 1959, cuando los rebeldes comandados por Castro tomaron el poder, los demandantes contra Meliá, Santa Lucía Company, S.A. y Sociedad Civil Hermanos Sánchez, eran dueños del ingenio azucarero Central Santa Lucía, una vasta extensión de 120.000 acres (48,562 hectáreas) con una ubicación privilegiada.
Los terrenos ubicados en la costa y parte del interior de la provincia de Holguín abarcan “57 kilómetros de playa que van desde Gibara hasta Yuraguanal, e incluyen Bahía de Naranjo, Estero Ciego, Playa Guardalavaca, una zona muy bonita donde el gobierno de Cuba ha levantado hoteles”, comentó Gutiérrez.
El Central Santa Lucía, actualmente nombrado Rafael Freire, con los terrenos mencionados, fue confiscado bajo la Ley 890 promulgada por el gobierno revolucionario en 1960. El texto de la demanda señala que dentro de los terrenos expropiados se ubica “Playa Esmeralda”, donde fueron edificados los hoteles explotados por Meliá.
En los terrenos se levantan, además, hoteles de las compañías Iberostar y Blau, también de España, del grupo mexicano Posada y de la firma canadiense Blue Diamond, todos en empresas mixtas con la estatal Gaviota, administrada por el grupo empresarial GAESA, bajo el control de los militares cubanos.
Miembros de la familia Sánchez Hill contactados por Radio Televisión Martí declinaron comentar sobre el proceso legal contra Meliá.
Demandas por confiscación, un largo camino
Nick Gutiérrez lleva 25 años asesorando a la familia Sánchez Hill desde que sus miembros decidieron organizarse y abogar por sus derechos como legítimos propietarios del Central Santa Lucía y otros bienes confiscados en Cuba.
“Fuimos muy activos en pasar la Ley Helms-Burton y después en abogar para que se implementara”, dijo el abogado.
“Bajo la amenaza del Título IV logramos que Meliá se sentara con nosotros en cuatro ocasiones custodiados por altos funcionarios del Departamento de Estado, y negociamos, y ellos ofrecieron compensación (…). Después se echaron para atrás porque se dieron cuenta de que el gobierno americano no estaba serio en ejecutar el Título IV, y el Título III ni se soñaba en esa época”, recordó Gutiérrez.
Durante las negociaciones, que terminaron en 2002, Meliá ofreció pagar a los Sánchez Hill una compensación inicial de $5 millones de dólares, cifra que rebajó a unos $3 mil.
Años después, la familia logró ponerse en contacto con un grupo legal en Madrid al que pertenece uno de los abogados que hoy los representa en la demanda contra Meliá, Rafael Gimeno-Bayón Cobos.
“En unos días Meliá tendrá que responder, o por lo menos tendrá que pedir tiempo adicional. Tienen 20 días desde el 3 de junio, que fue cuando se presentó la demanda y se les notificó a ellos formalmente”, dijo Gutiérrez.
Radio Televisión Martí intentó obtener un comentario de Meliá sobre la demanda, pero un correo electrónico enviado a su oficina de Comunicación Corporativa aún no ha sido contestado.
El Título III, una esperanza
Gutiérrez también es el secretario de la compañía familiar Central Santa Lucía L.C., la “sociedad limitada que se formó para este propósito hace 23 años, que es la entidad que demanda en España”.
La sociedad está compuesta por unos 100 miembros de la familia Sánchez Hill y posee los derechos para demandar a quienes trafiquen en sus propiedades confiscadas en Cuba.
La mayoría de los miembros de Central Santa Lucía L.C. residen en EEUU, parte en España y algunos en Cuba, pero “la sociedad actúa a nombre de la familia completa, estén donde estén”, aclaró el asesor legal.
La nacionalidad de la compañía es estadounidense, por lo que puede realizar una demanda en tribunales de EEUU bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, pero este proceso no se realizará de inmediato, dijo Gutiérrez.
El letrado señaló que bajo el Título III, los cubanoamericanos para poder exigir compensación triple por los daños “tenemos que notificar al traficante [sic] con una carta formal, con un texto oficial redactado por el Departamento de Justicia para ponerlos sobre aviso que los vamos a demandar en 30 días si no se ponen de acuerdo con nosotros”.
Los Sánchez Hill también estudian la posibilidad de demandar en Estados Unidos, bajo el Título III, a otras compañías, además de Meliá, que operan hoteles en los terrenos de la familia en Cuba.
“Estamos coordinando altamente los esfuerzos entre los abogados españoles, por un lado, contra Meliá, y los abogados americanos por otro lado aquí contra Iberostar, Blau y el grupo Posada”, dijo Gutiérrez.
Las coordinaciones “consisten en conferencias entre profesionales legales involucrados en litigios internacionales. No queremos hacer nada acá que entorpezca los esfuerzos en España, y viceversa”, explicó.
Gaviota y funcionarios cubanos en la mira
La familia Sánchez Hill también demandará a la entidad estatal cubana Gaviota, e incluso nombrará en su momento “a personas privadas dentro del gobierno castrista que pueden estar lucrando con estas propiedades confiscadas”, afirmó Gutiérrez.
Esta demanda, explicó el abogado, puede ser colectiva.
“Es posible que se coordinen estos esfuerzos. Por ejemplo, Meliá tiene tantos hoteles en Cuba, casi todos en propiedades robadas, que es posible certificar un class action (una demanda colectiva) contra Meliá, y estos juicios se pueden cobrar contra propiedades (…) aquí en la Florida, en Nueva York e incluso en otros países que no tienen leyes de bloqueo (contra la Helms-Burton)”, agregó.
Gutiérrez advirtió que este es un esfuerzo complejo y de largo plazo que apenas comienza, pero que podría tener un gran efecto. No en todos los casos “tenemos que llegar al final de una larga demanda con una adjudicación judicial, puede ser un acuerdo extrajudicial, y tenemos confianza en que eso podrá ocurrir”, señaló.
“El principal objetivo de todo esto, además de lograr justicia para las familias dueñas de estas propiedades, es también desalentar la inversión extranjera en Cuba y negarle al régimen los recursos de moneda dura que está adquiriendo con estas inversiones”, concluyó Gutiérrez.
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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