La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) manifiestó su preocupación por los reportes recibidos sobre graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las jornadas de protesta que iniciaron el pasado 11 de julio en Cuba.
Además de reiterar su condena a las acciones de represión denunciadas durante las manifestaciones, la Relatoría advierte que los reportes que llegan desde sociedad civil son graves y merecen atención por parte de las autoridades y la comunidad internacional.
“Según la información recibida, las jornadas de protesta estuvieron seguidas de un despliegue policial tanto en las calles como en residencias de particulares, que se habría extendido por varios días. Los hechos denunciados incluyen detenciones de cientos de manifestantes, incomunicación de las personas detenidas y la incertidumbre de familiares sobre su paradero”, informó la Relatoría en un comunicado.
La CIDH informó, además, que se reportan acciones de vigilancia y monitoreo a residencias y la apertura de procesos judiciales sumarios en la isla sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de las personas bajo custodia estatal.
Entre los detenidos habría una cifra significativa de jóvenes, activistas, artistas, periodistas, personal médico, profesores y sacerdotes de varias confesiones religiosas.
“En este marco, la Relatoría ha sido informada sobre las primeras condenas de prisión a raíz de las protestas del 11 de julio, las cuales se habrían dictado luego de un juicio sumario en el que la mayoría de los acusados no contó con defensa legal y en la que doce personas recibieron sentencias de 10 meses a 1 año de cárcel”, señala el comunicado.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión informa que, mientras tanto, la escasa información oficial disponible no responde a la dimensión del fenómeno denunciado.
“En una extensa entrevista, autoridades policiales y de la Fiscalía negaron que hubiese una sola persona desaparecida, afirmaron que en la isla no hay lugares de detención desconocidos o secretos”, dice la Relatoría.
La CIDH pidió a todos los Estados de las Américas que “cumplan con su deber internacional de actuar sobre la base de la licitud de las protestas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”.
“En el caso particular de Cuba, la Relatoría ha podido constatar que los distintos llamados de la ciudadanía a manifestarse públicamente han sido enfáticos en su carácter pacífico. Sin embargo, desde el inicio de las protestas, las autoridades han elegido calificar las manifestaciones como actos de desorden, vandalismo, disturbio y provocación, y a los manifestantes como “instigadores”, “enemigos”, “gusanos” y “contrarrevolucionarios”. Estos señalamientos estigmatizantes pueden alentar a un enfrentamiento entre ciudadanos, generan un clima de permisividad al abuso de autoridad e inhiben expresiones legítimas, desincentivando el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y asociación sobre asuntos de interés público”, opinó la CIDH.
La Relatoría también dijo haber recibido reportes que indican que familiares de personas detenidas o desaparecidas han optado por no preguntar a las autoridades, denunciar o exponer públicamente los casos por temor a que eso pueda poner en riesgo su vida o integridad, empeorar las condiciones de detención o agravar las consecuencias judiciales.
Señala, además, que “la prensa ha denunciado ser blanco constante de agresiones físicas, intimidaciones, detenciones y ataques virtuales a sus portales informativos”, que reportan de forma independiente, al margen de la prensa estatal.
