Cuba
- Lizandra Díaz Blanco
Activistas de la Primavera Negra exigen su derecho a viajar al extranjero
Los excarcelados del grupo de los 75 que permanecen en Cuba
"No es posible que tengamos un tratamiento diferenciado al resto, por el hecho de no querer abandonar el país", dijo Marta Beatriz Roque Cabello en carta a la Ministra de Justicia.
Los 12 activistas de la Primavera Negra que permanecen en Cuba pidieron a la Ministra de Justicia se les aclare cuál es su situación legal y se les restituyan sus derechos políticos y civiles, entre ellos su derecho a viajar.
En una carta firmada el miércoles 29 de octubre, Marta Beatriz Roque Cabello, exigió en representación de sus hermanos de causa, que se les restablezca la legalidad que consideran quebrantada y se cumplan los acuerdos adoptados con la Iglesia Católica.
"No es posible que tengamos un tratamiento diferenciado al resto, por el hecho de no querer abandonar el país, lo que implicaría que el objetivo es darnos un castigo por nuestra decisión", escribió Roque Cabello a la titular de Justicia, María Esther Reus González.
En la primavera de 2003, 75 activistas cubanos fueron condenados por sus actividades opositoras a penas de entre de 12 a 28 años de privación de libertad y la pena de muerte para uno de ellos, bajo la Ley No.88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, conocida como Ley Mordaza.
Tras negociaciones con la Iglesia Católica, el Gobierno cubano liberó a los presos políticos que accedieron a abandonar el país definitivamente y mantuvo bajo licencia extrapenal a quienes se opusieron a marcharse.
"A partir de ese instante se obtuvo una relativa libertad", explicó la activista en la misiva pero indicó que no poseen ningún documento que acredite por qué fueron puestos en libertad ni las condiciones de esta.
No obstante, la licencia extrapenal restringe su movimiento al territorio nacional. "No podemos –como sería el deseo de la mayoría de nosotros– ausentarnos del país en forma temporal", escribió Roque Cabello.
Algunos de estos activistas han pedido al Gobierno permisos de salida temporales para atenderse dolencias de salud en el extranjero y les han sido denegados. El "sí" estaría condicionado a su decisión de no regresar al país.
Los activistas mencionados en la carta son Arnaldo Ramos Lauzurique, Jorge Olivera Castillo, Héctor Fernando Maseda Gutiérrez, Ángel Juan Moya Acosta, Oscar Elías Biscet González, Jose Daniel Ferrer García, Eduardo Díaz Fleitas, Iván Hernández Carrillo, Félix Navarro Rodríguez, Diosdado González Marrero, Librado Ricardo Linares García y la propia Marta Beatriz Roque Cabello.
Los ex presos políticos acordaron semanas atrás durante un encuentro en La Habana que todos firmarían la carta, una vez redactada por Roque Cabello, dijo José Daniel Ferrer, presidente de la Unión Patriótica de Cuba.
La misiva contiene los datos personal y la información de causa de cada uno de los activistas.
"Es absolutamente necesario que se nos dilucide nuestro estatus legal y nos sean restituidos todos nuestros derechos civiles y políticos –como corresponde– para desenvolvernos en la sociedad", escribió la activista.
A continuación, la carta íntegra:
A LA MINISTRA DE JUSTICIA
La que suscribe MARTHA BEATRIZ ROQUE CABELLO natural de La Habana, ciudadana cubana, mayor de edad, divorciada, universitaria, con carné de identidad No 45051602056 y vecina de la calle Belascoaín No.409, apto. 12 entre Zanja y San José, municipio Centro Habana, La Habana, a propio derecho y en tutela de los que le corresponden a mis hermanos encarcelados todos y sancionados respectivamente cuando la ola represiva conocida como “La Primavera Negra”, en el año 2003, en nuestra condición de presos políticos, ante Ud. comparezco y digo:
Que con las facultades de que vengo impuesta por la función de la que me encuentro investida, intereso se realicen cuantas gestiones sean necesarias ante los órganos Judiciales y Estatales correspondientes, en tutela de los derechos de los cuales nos consideramos asistidos, y consecuentemente se restablezca la Legalidad que por una parte consideramos quebrantada, y por la otra incumplidos los acuerdos adoptados entre el régimen y la Iglesia Católica en Cuba representada por el Cardenal Jaime Ortega Alamino y anunciados en la prensa oficial el 8 de julio de 2010.
A cuyo efecto consigno los siguientes particulares:
PRIMERO: Que como antes referí se trata de todos los opositores que quedamos presos del llamado Grupo de los 75, que por el entendimiento entre el alto nivel antes reseñado, se liberaron solamente los que abandonaron definitivamente el país y parcialmente los 12 -a los que se refiere este documento- que quedamos fuera de prisión, pero que rehusamos -por decisión propia- la posibilidad de emigrar y que son:
ARNALDO RAMOS LAUZURIQUE natural de La Habana, ciudadano cubano, mayor de edad, casado, universitario, con carné de identidad No.42052700680 y vecino de la calle Manglar No 354 apto D, entre Franco y Oquendo, municipio Centro Habana, provincia La Habana.
Sancionado como autor de un delito contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado e Infracción de la Ley No. 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, por Sentencia No. 7 de fecha 4 de abril del año 2003, en la causa No. l2 de 2OO3, de la radicación de la Sala Primera de lo Penal en función de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, a DIECIOCHO AÑOS de Privación de Libertad.
Sanción que fuera ratificada por la Sala de la Seguridad del Tribunal Supremo Popular al declarar Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto contra la misma.
JORGE OLIVERA CASTILLO natural de La Habana, ciudadano cubano, mayor de edad, casado, desocupado, con carné de identidad No. 61090832800 y vecino de la calle Merced No. 209 apto. 9, 2do piso, entre Habana y Compostela, municipio Habana Vieja, provincia La Habana.
Sancionado como autor de un delito contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado e Infracción de la Ley No 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba por Sentencia No.5 de fecha 5 de abril del año 2003, en la causa No.14 de 2OO3, de la radicación de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana a QUINCE AÑOS de Privación de Libertad.
Sanción que fuera ratificada por la Sala de la Seguridad del Tribunal Supremo Popular al declarar Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto contra la misma.
HÉCTOR FERNANDO MASEDA GUTIÉRREZ natural de La Habana, ciudadano cubano, mayor de edad, viudo, desocupado, con carné de identidad No 43011822367. y vecino de la calle Neptuno No 963 entre Aramburu y Hospital, municipio Centro Habana provincia La Habana.
Sancionado como autor de un delito contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado e Infracción de la Ley No 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba por sentencia No. 6 de fecha 6 de Abril del año 2003, en la causa No.11 de 2OO3, de la radicación de la Sala Segunda de lo Penal en función de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana a VEINTE AÑOS de Privación de Libertad.
Sanción que fuera ratificada por la Sala de la Seguridad del Tribunal Supremo Popular al declarar Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto contra la misma.
ÁNGEL JUAN MOYA ACOSTA, natural de Matanzas, ciudadano cubano, mayor de edad, casado, sin vínculo laboral, con carné de identidad No. 64092000244 y vecino de la calle 20 No. 2525 entre 25 y 27, Pedro Betancourt, Provincia de Matanzas
Sancionado como autor de un delito contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado e Infracción de la Ley No 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba por Sentencia No. 16 de fecha 8 de Abril del año 2003, en la causa No. 15 de 2OO3, de la radicación de la Sala Primera de lo Penal en función de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana a VEINTE AÑOS de Privación de Libertad.
Sanción que fuera ratificada por la Sala de la Seguridad del Tribunal Supremo Popular al declarar Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto contra la misma.
OSCAR ELÍAS BISCET GONZÁLEZ, natural de Ciudad de La Habana, ciudadano cubano, mayor de edad, casado, médico con carné de identidad No. 61072013628 y vecino de la calle Acosta No 464 entre Octava y Novena, Reparto Lawton, municipio 1O de Octubre, provincia La Habana.
Sancionado como autor de delito contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado e Infracción de la Ley No 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, por Sentencia No. 16 de fecha 8 de abril del año 2003, en la causa No. 15 de 2OO3, de la radicación de la Sala Primera de lo Penal en función de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana a VEINTE Y CINCO AÑOS de Privación de Libertad.
Sanción que fuera ratificada por la Sala de la Seguridad del Tribunal Supremo Popular al declarar Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto contra la misma.
JOSE DANIEL FERRER GARCÍA, natural de Palma Soriano, ciudadano cubano, mayor de edad, desocupado, 12 grado, con carné de identidad No 70072927509 y vecino de la calle 9 No 10 entre E y G Reparto Mármol, Santiago de Cuba.
Sancionado como autor de un delito contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado e Infracción de la Ley No 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba por Sentencia No. 7 de fecha 7 de abril del año 2003, en la causa No. 4 de 2OO3, de la radicación de la Sala de los delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba a VEINTE Y CINCO AÑOS de Privación de Libertad
Sanción que fuera ratificada por la Sala de la Seguridad del Tribunal Supremo Popular al declarar Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto contra la misma.
EDUARDO DÍAZ FLEITAS, natural de Pinar del Río, ciudadano cubano, mayor de edad, pequeño agricultor, con carné de identidad No. 51101307463, vecino de calle 20 No.1303 A en el poblado de Entronque de Herradura, Consolación del Sur, provincia Pinar del Río.
Sancionado como autor de un delito contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado e Infracción de la Ley No 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba por Sentencia No. 1 de fecha 5 de abril del año 2003, en la causa No.2 de 2OO3, de la radicación de la Sala Cuarta de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río en función de Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana a VEINTE Y UN AÑOS de Privación de Libertad.
Sanción que fuera ratificada por la Sala de la Seguridad del Tribunal Supremo Popular al declarar Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto contra la misma.
IVÁN HERNÁNDEZ CARRILLO, natural de Colón, provincia de Matanzas ciudadano cubano, mayor de edad, soltero, con carné de identidad No.71052420968 y vecino de la calle Mesa No. 32 entre San José y Concha, en el municipio de Colón, provincia de Matanzas.
Sancionado como autor de un delito contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado e Infracción de la Ley No 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba por Sentencia No. 2 de fecha 4 de abril del año 2003, en la causa No. 8 de 2OO3, de la radicación de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas en función de Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana a VEINTE Y CINCO AÑOS de Privación de Libertad.
Sanción que fuera ratificada por la Sala de la Seguridad del Tribunal Supremo Popular al declarar Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto contra la misma.
FÉLIX NAVARRO RODRÍGUEZ, natural de Perico, provincia de Matanzas ciudadano cubano, mayor de edad, casado con carné de identidad No.53071000884 y vecino de la calle Peatonal No. 6 entre 17 y Campo en el municipio de Perico, provincia de Matanzas.
Sancionado como autor de un delito contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado e Infracción de la Ley No 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, por Sentencia No. 2 de fecha 4 de abril del año 2003, en la causa No.8 de 2OO3, de la radicación de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas en función de Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana a VEINTE Y CINCO AÑOS de Privación de Libertad.
Sanción que fuera ratificada por la Sala de la Seguridad del Tribunal Supremo Popular al declarar Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto contra la misma.
DIOSDADO GONZÁLEZ MARRERO, natural de Matanzas, ciudadano cubano, mayor de edad, casado con carné de identidad No. 62081000665 y vecino de la calle Santa Rita No. 29 entre Maceo y Santa Teresa, El Roque, municipio Perico, provincia de Matanzas.
Sancionado como autor de un delito contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado e Infracción de la Ley No 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba por Sentencia No. 15 de fecha 7 de abril del año 2003, en la causa No.9 de 2OO3, de la radicación de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas, en función de Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana a VEINTE AÑOS de Privación de Libertad
Sanción que fuera ratificada por la Sala de la Seguridad del Tribunal Supremo Popular al declarar Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto contra la misma.
LIBRADO RICARDO LINARES GARCIA, natural de Camajuaní, Villa Clara, ciudadano cubano, mayor de edad, casado con carné de identidad No. 60060914924 y vecino de la calle Hnos. Cárdenas No.26 entre Demetrio Brito y Valeriano López, municipio de Camajuaní, provincia de Villa Clara.
Sancionado como autor de un delito contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado e Infracción de la Ley No 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba por Sentencia No. 3 de fecha 7 de abril del año 2003, en la causa No.1 de 2OO3, de la radicación de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, en función de Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana a VEINTE AÑOS de Privación de Libertad
Sanción que fuera ratificada por la Sala de la Seguridad del Tribunal Supremo Popular al declarar Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto contra la misma.
MARTHA BEATRIZ ROQUE CABELLO, natural de La Habana, ciudadana cubana, mayor de edad, divorciada, universitaria, con carné de identidad No. 45051802056 y vecina de la calle Belascoaín No.409, apto. 12 entre Zanja y San José, municipio Centro Habana, La Habana,
Sancionada como autora de un delito contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado e Infracción de la Ley No. 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba por Sentencia No.7, de fecha 4 de abril del año 2003, en la causa No. l2 de 2OO3, de la radicación de la Sala Primera de lo Penal en función de la Sala de los delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana a VEINTE AÑOS de Privación de Libertad.
Sanción que fuera ratificada por la Sala de la Seguridad del Tribunal Supremo Popular al declarar Sin Lugar el Recurso de Casación interpuesto contra la misma.
SEGUNDO: La decisión que se mencionó se adoptó sin que conozcamos siquiera su contenido, forma y alcance, aunque a raíz de ese momento, la mayoría de nosotros fue sacada del Centro Penitenciario donde extinguía la sanción impuesta y se les entregó el carné de identidad. Otros estábamos de licencia extrapenal. A partir de ese instante se obtuvo una relativa libertad, pero como no nos constan los aspectos jurídicos de tal decisión, pues no poseemos ningún documento que acredite por qué estamos fuera de la prisión, continuamos sufriendo las consecuencias de ésta, por las limitaciones que confrontamos con nuestros derechos civiles y políticos.
TERCERO: Hay un Principio General del Derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la que Cuba es signataria y reconocido en la Constitución y leyes del país que establece que: “todos somos iguales ante la ley y gozamos de igual protección de ésta”. Obviamente ese principio elemental no se cumple por la negación mantenida en cuanto a los derechos civiles aludidos.
No podemos –como sería el deseo de la mayoría de nosotros- ausentarnos del país en forma temporal, retornando siempre a Cuba, máxime cuando –con posterioridad a que se dispusiera nuestra liberación- no hemos sido sancionados por Tribunal de Justicia alguno, ni estamos sujetos a medida de carácter legal que disponga nuestra liberación restringida, pero es absolutamente necesario que se nos dilucide nuestro estatus legal y nos sean restituidos todos nuestros derechos civiles y políticos -como corresponde- para desenvolvernos en la sociedad.
Siendo de destacar que por un elemental principio de equidad y justicia no es posible que tengamos un tratamiento diferenciado al resto, por el hecho de no querer abandonar el país, lo que implicaría que el objetivo es darnos un castigo por nuestra decisión.
MINISTRA
Por todas estas razones, exigimos se tomen cuantas medidas sean menester a fin de que se nos restituyan los DERECHOS CIVILES que no disfrutamos con el fin de poder viajar al exterior, los que así lo consideren.
La Habana, 29 de octubre de 2014. Martha Beatriz Roque Cabello
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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