El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) señaló la responsabilidad de las autoridades de la isla en la muerte de al menos cuatro personas encarceladas por su participación en las históricas protestas de julio de 2021, en las que más de un millar de personas fueron detenidas.
“Es un exterminio. El régimen cubano está destruyendo la vida de los prisioneros políticos y de conciencia. Además de las injustas condenas, en las cárceles les someten a condiciones inhumanas, especialmente de salud y alimentación”, denunció esta organización con sede en Madrid, España.
“Hacemos un llamado urgente a la Unión Europea y al gobierno de Estados Unidos para que exija firmemente la liberación de todos los presos políticos cubanos y el cese de la represión en la isla”, instó el OCDH.
"Sabemos que en el mundo hay cantidad de problemas, pero aquí está en juego, en el pleno corazón del hemisferio Occidental, hay una isla con más de 1000 presos políticos y de conciencia. Eso debe ser éticamente inadmisible, lo que está en juego es la vida humana, son personas que están injustamente presas después de procesos judiciales que no se ajustan a los estándares internacionales del debido proceso que están presos por haber ejercido sus derechos humanos y además tienen que soportar condiciones carcelarias inhumanas", dijo a Martí Noticias Yaxis Cires, directivo del OCDH.
El caso más reciente al que hace referencia el observatorio fue el fallecimiento del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, el pasado 30 noviembre tras una golpiza en la prisión Combinado del Este, en La Habana.
"El joven, de 29 años y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide cumplía una condena de seis años de privación de libertad por el falso delito de “sabotaje”. Su primo Yan Franco denunció que los guardias de la cárcel le propinaron la golpiza, y luego dijeron a los familiares que el joven se había quitado la vida", recuerda la ONG.
“Lo mataron a golpes, lo torturaron, lo golpearon, le rompieron el tabique, lo ahorcaron con un cinto de zambrán (cinto militar), lo pisaron y le dieron tanto golpe que le levantaron el pulmón. Por eso se murió asfixiado, se orinó en los pantalones de los mismos golpes. Fue una muerte horrible”, dijo a Martí Noticias Dania María Esplugas Falco, madre del preso, que según afirma, en el momento de su deceso, se encontraba en una celda de castigo, presuntamente por un intento de fuga de la cárcel.
El OCDH en su comunicado reconoce como muertes bajo custodia de las autoridades otros tres casos:
- Luis Barrios Díaz, de 37 años, fallecido en el Hospital La Covadonga, en La Habana, como consecuencia de complicaciones respiratorias desatendidas por el personal sanitario de la prisión 1580, de San Miguel del Padrón. Barrios Díaz fue sentenciado en enero de 2022 a nueve años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11J.
- Yosandri Mulet Almarales, de 37 años, falleció el 26 de agosto de 2024 en el hospital habanero Julio Trigo, luego de haber intentado quitarse la vida cuatro días antes, durante un pase. Mulet Almarales cumplía una condena de 10 años por las protestas del 11 y 12 de julio en La Güinera, La Habana. Padecía trastornos mentales. En junio de 2022 había intentado también terminar con su vida en la prisión Combinado del Este, pero la institución penitenciaria se negó a otorgarle una licencia extrapenal.
-Gerardo Díaz Alonso, de 35 años y condenado a 14 años de cárcel por su participación en las manifestaciones en Cárdenas, Matanzas, falleció el 17 de octubre de 2024, tras sufrir un infarto. Díaz Alonso, padre de dos hijos, se encontraba recluido en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila.
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