Cuba
Amnistía Internacional y Human Rights Watch llaman a gobierno cubano a liberar a El Osorbo y Otero Alcántara
El gobierno cubano debe liberar de inmediato y sin condiciones a Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, artistas que serán juzgados a partir del 30 de mayo de 2022, dijeron hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Los gobiernos interesados, especialmente de América Latina y Europa, "deberían monitorear el juicio y pedir la liberación de los artistas".
Otero Alcántara, artista visual, y Castillo Pérez, cantante de rap, también conocido por su nombre artístico “Osorbo”, se encuentran en prisión preventiva desde hace casi un año. Un fiscal ha solicitado que sean condenados a siete y diez años de prisión, respectivamente, por diversos cargos relacionados con su participación en una manifestación pacífica y un espectáculo artístico, y sus críticas al presidente Miguel Díaz-Canel.
“Están siendo procesados por ejercer su derecho humano de criticar a su propio gobierno”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos latinoamericanos no deben quedarse callados cuando los artistas son amenazados con prisión por hablar, la intolerancia extrema típica de las brutales dictaduras del pasado en la región”.
“Los gobiernos de las Américas y Europa deberían seguir de cerca el juicio contra estos presos de conciencia en Cuba, que nunca debieron pasar un día en prisión”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “En un país donde más de 700 personas, incluidos algunos niños menores de 18 años, están encarceladas simplemente por expresarse, es de suma importancia que estos juicios estén sujetos al escrutinio internacional”.
Otero Alcántara, miembro del Movimiento San Isidro, formado para criticar la censura del gobierno, fue detenido el 11 de julio de 2021, luego de publicar un video en el que decía que ese día se uniría a las protestas pacíficas en toda la isla. Más de 700 personas arrestadas durante la manifestación siguen detenidas, según el grupo de derechos humanos Cubalex. Castillo Pérez, uno de los autores de “Patria y Vida”, canción crítica al gobierno cubano que fue adoptada como himno de protesta popular, fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado el 18 de mayo de 2021.
Castillo Pérez, quien ha sufrido múltiples detenciones arbitrarias de corta duración, fue arrestado en su casa. Su familia no supo dónde estaba hasta el 31 de mayo, cuando las autoridades les informaron que estaba recluido en la prisión de Pinar del Río, donde permanece. La familia fue notificada solo unos días después de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU instara al gobierno cubano a revelar el lugar de detención de Castillo Pérez.
En enero de 2022, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que Castillo Pérez había sido detenido arbitrariamente y dijo que el gobierno cubano debería liberarlo de inmediato. Los expertos de la ONU determinaron que el rapero había sido detenido por ejercer sus derechos fundamentales y había sufrido violaciones al debido proceso, incluidas limitaciones abusivas a su derecho a defenderse. Los expertos encontraron evidencia creíble de que, antes de su última detención, Castillo Pérez había sido arrestado más de 120 veces por participar en protestas y criticar al gobierno.
En febrero, un fiscal de La Habana solicitó que Castillo Pérez fuera condenado a 10 años de prisión por los delitos de “desorden público”, “difamación de instituciones nacionales, organizaciones, héroes y mártires de la patria”, “desacato” y “atentado .” Un documento judicial revisado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional indica que algunos cargos están relacionados con memes que Castillo Pérez publicó en Facebook criticando al presidente Díaz-Canel y otras autoridades cubanas. Otros cargos están relacionados con una protesta pacífica del 4 de abril de 2021 en La Habana, durante la cual un policía intentó detener a Castillo Pérez y un grupo de vecinos lo defendieron, impidiendo la detención.
Otero Alcántara, a quien Amnistía Internacional ha declarado preso de conciencia en varias ocasiones durante múltiples detenciones arbitrarias, se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.
El mismo documento judicial indica que el fiscal busca una pena combinada de siete años para Otero Alcántara. Está siendo acusado de “insultar a los símbolos patrios” por el uso de la bandera cubana en la pieza dramática Drapeau, en la que usó la bandera cubana o la llevó consigo las 24 horas del día durante un mes.
El fiscal también lo acusó de “desorden público” y “desacato” por reunirse con Castillo Pérez y otras personas durante la protesta del 4 de abril, por escuchar “Patria y Vida” en público y decir “palabras ofensivas” contra el Raúl Castro.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han tenido conocimiento de que las autoridades cubanas han ofrecido en repetidas ocasiones liberar a Castillo Pérez y Otero Alcántara a cambio de que abandonen el país indefinidamente, "una práctica histórica del gobierno cubano que se ha aplicado a otros críticos en los últimos meses, en violación del derecho a entrar en el propio país". Otero Alcántara ha rechazado públicamente la oferta. Las autoridades cubanas aparentemente se han retractado de su oferta a Castillo Pérez.
Nadie debería verse obligado a elegir entre abandonar su propio país o enfrentarse a cargos penales abusivos por los que, en primer lugar, no debería ser procesado ni encarcelado, dijeron Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
El enjuiciamiento contra Otero Alcántara y Castillo Pérez es parte de un patrón mucho más amplio de abusos sistemáticos contra artistas cubanos y otros críticos del gobierno y manifestantes. En los últimos años, las autoridades cubanas han encarcelado, procesado y exiliado a decenas de artistas cubanos, incluso del “Movimiento San Isidro” y el “27N”, que reúne a artistas, intelectuales y periodistas críticos con el gobierno.
Las autoridades cubanas también se han involucrado en detenciones arbitrarias y malos tratos a detenidos, y han llevado a cabo juicios masivos injustos, en su mayoría a puerta cerrada, en respuesta a las protestas antigubernamentales mayoritariamente pacíficas en julio de 2021. Decenas de manifestantes han sido condenados a penas de hasta 30 años. en prisión, en juicios en los que los fiscales frecuentemente los han acusado de delitos vagamente definidos, como “desorden público” y “sedición”.
Las autoridades cubanas deben retirar los cargos diseñados para silenciar la disidencia contra todos los manifestantes y críticos, dijeron Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En la medida en que avancen los juicios, las autoridades deben permitir la presencia de periodistas, observadores de derechos humanos y personal de embajadas extranjeras en Cuba, incluido el contra Otero Alcántara y Castillo, dijeron las organizaciones.
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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Presentan en España resolución para reducir la influencia rusa en Cuba
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una propuesta de ley destinada a detener la creciente influencia de Rusia en Cuba y su impacto para socavar las democracias.
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
Los diputados explican que “Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de (Vladimir) Putin defendiendo la versión del Kremlin” sobre la guerra en Ucrania y “ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales”.
Mencionan además que Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania, dando como un ejemplo que en 2022, Cuba "participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de 50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú".
“Si hemos sido conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las democracias de Occidente”, expresaron los diputados.
La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos “que el régimen cubano Ileva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos” y que se “exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
Asimismo pide “promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vlodimir Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas” y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC UE-Cuba) hasta que el régimen cubano “ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania”.
Dicho articulo establece la cláusula de suspensión del acuerdo "por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos.
Los diputados proponentes expresan que “Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa”, lograda a través de dicho acuerdo.
“El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo, ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano”, señalaron.
Pescador cubano dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a Florida asegura que la embarcación fue robada
Un grupo de 43 cubanos desembarcó en una playa de Cayo Marathon, Florida. El dueño del bote en Cuba dice que se lo robaron.
Un pescador cubano dueño de un bote en el que llegaron 43 migrantes desde la isla a Florida este martes asegura que "lo ha perdido todo".
El grupo de 43 cubanos fue interceptado en la madrugada de este martes por la Guardia Costera tras desembarcar en una playa de Cayo Marathon, al sur de la Florida.
Mientras los balseros enfrentan una posible deportación, el dueño del bote, Fermín Puig, quien vive de la pesca desde hace más de tres décadas, fue citado en Cuba por la policía.
El pescador dijo que tenía el barco atracado en la bahía de Cojímar, al este de La Habana, y el lunes por la noche descubrió que se lo habían llevado. "Nadie vio nada, ni siquiera los custodios del lugar", aseguró.
"Ayer salí casi a las 11 de la noche de la estación y hoy me citaron para la una de la tarde. Todo el tiempo insinúan que yo vendí el barco o facilité las cosas para que se lo llevaran. ¿Pero cómo yo voy a vender lo que le da de comer a mi familia?", explicó.
Para que el pescador sea juzgado, el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía tienen que probar que el bote no fue robado, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, del servicio de asesoría legal Cubalex. "No obstante, en la práctica no funciona de esa manera siempre".
"Si la Policía o los oficiales del MININT entienden que no fue un robo, sino que esta persona lo vendió, prestó o regaló, lo pueden acusar de facilitar una salida ilegal y será él quien tenga que demostrar lo contrario", agregó.
"La sanción en estos casos podría ser de uno a tres años de privación de libertad y/o una multa. Paralelamente, pueden aplicar una sanción administrativa, como retiro de la licencia de pesca, entre otras", precisó.
Amanda Puig, la hija de Fermín, vive desde hace dos años en EEUU, adonde llegó por la frontera sur tras hacer una travesía desde Nicaragua.
"Mi papá nunca quiso irse de Cuba porque decía que el mar es su vida. Lo han destruido", dijo.
"Yo estoy en shock. Lo que más lamento en este momento es que mi papá se quedó sin nada y ni siquiera estaba en el grupo de los que llegaron. Por lo menos lo tendría aquí conmigo. En Cuba no hay un seguro, no hay nada para que nos podamos reponer de esto. Estamos desesperados", agregó.
"A esta hora nosotros deberíamos estar reclamando el barco pero no tenemos a quién. Mi papá es el afectado y es al que interrogan", remarcó.
Francis Puig, una hermana de Fermín que vive en Florida, ha publicado varios videos en sus redes sociales exigiendo que se haga justicia y encuentren al responsable del robo de la embarcación.
"Esos balseros quizás ni sabían que el barco era robado pero ojalá que investiguen y den con el culpable. Con la situación como está en Cuba, es muy difícil que mi hermano se pueda reponer de esto y para colmo [las autoridades] lo están amenazando con quitarle hasta la licencia de pesca", indicó.
El bote en el que llegaron los 43 balseros estaba valorado en más de 20.000 dólares en Cuba, comentó Puig.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo recientemente a Martí Noticias que las embarcaciones que llegan desde Cuba no son devueltas a la isla debido a "dificultades logísticas".
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó esta semana de un aumento de operaciones ilegales en el área de los cayos del sur de la Florida, que incluye el tráfico de migrantes y el contrabando de drogas.
En la ruta del Estrecho de la Florida, que ha sido utilizada durante décadas por los que escapan de la isla, han muerto o desaparecido al menos una treintena de cubanos este año, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Piden investigar parole humanitario de militar cubano vinculado al ataque contra Hermanos al Rescate
Exiliados cubanos pidieron a Blinken y Mayorkas una investigación urgente sobre cómo el piloto de guerra Luis Raúl González-Pardo Rodríguez terminó recibiendo el beneficio migratorio de parole humanitario.
José J. Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, junto a Sylvia G. Iriondo, representante de M.A.R. por Cuba (Madres contra la Represión), y Arnaldo Iglesias, miembro de la misma organización, han enviado cartas al secretario de Estado Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando una investigación urgente sobre el parole humanitario concedida al Teniente Coronel Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
“Si bien González-Pardo Rodríguez no fue la persona que derribó los aviones en este ataque, jugó un papel clave en los eventos que siguieron, persiguiendo nuestras aeronaves con la aparente intención de destruirnos. Aunque no tuvo éxito, su participación en esta horrenda operación fue evidente”, asegura la carta.
En una breve comunicación con Martí Noticias, González-Pardo Rodríguez dijo que negaba “la mayoría” de “las cosas que se han dicho” sobre él, pero que todavía no ha decidido explicar ante la opinión pública los hechos debido a “algunas situaciones que pueden verse afectadas”.
La esposa de González-Pardo Rodríguez está esperando un visado para emigrar a EEUU.
En la misiva los exiliados recuerdan que el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo internacional, cobró la vida de los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre, y el residente legal en EE. UU., Pablo Morales.
“Nos preocupa el proceso de evaluación realizado antes de otorgarle una visa. Es muy probable que, cuando fue entrevistado en Cuba, González-Pardo Rodríguez haya omitido detalles críticos sobre su papel en este ataque o haya proporcionado información falsa. Su implicación en un acto tan atroz plantea serias dudas sobre la legitimidad del Parole Humanitario que se le concedió”, añadieron.
La presencia de González-Pardo Rodríguez en Estados Unidos, reportada primero por Periódico Cubano y corroborada con pruebas por Martí Noticias, desató una fuerte polémica debido a las acciones del piloto de combate, quien participó en la operación contra Hermanos al Rescate, de acuerdo con Orestes Lorenzo, un piloto cubano que escapó a Florida en 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia.
"Confiamos en que tomarán las medidas necesarias para que aquellos involucrados en eventos tan trágicos no eludan la justicia mediante la obtención de visas humanitarias bajo falsos pretextos", concluye la carta.
Hasta el momento, los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado no han respondido sobre si están revisando el caso de González-Pardo.
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