Cuba
Las avionetas civiles derribadas por cazas cubanos: Un crimen impune desde hace 23 años
"¡Le dimos, cojo..., le dimos!" gritaron eufóricos, como victoriosos de un combate de guerra, los coroneles de la Fuerza Aérea de Cuba que derribaron el 24 de febrero de 1996 en aguas internacionales dos endebles avionetas de Hermanos al Rescate, el grupo de pilotos civiles que sobrevolaba el Estrecho de la Florida en labores de salvamento de balseros cubanos.
Fue un operativo fulminante. En cuestión de minutos los misiles aire-aire de los MIG-29 cubanos pulverizaron las avionetas desarmadas que habían salido desde Miami a rescatar inmigrantes. Así perdieron la vida tres pilotos estadounidenses de origen cubano, Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., y el residente cubano, Pablo Morales.
A bordo de otra avioneta, cuatro personas lograron sobrevivir tras escapar de una persecución aérea de más de una hora: José Basulto, el fundador de Hermanos al Rescate, el copiloto Arnaldo Iglesias y el matrimonio de Andrés y Silvia Iriondo.
Desde entonces los familiares de las víctimas y la comunidad cubana en el exilio han pedido incesantemente que los responsables de este crimen sean llevados ante la justicia.
A pesar de los múltiples intentos del régimen de La Habana por justificar la acción bajo el pretexto de que habían sobrevolado el espacio aéreo cubano, el derribo de las avionetas fue condenado por la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales.
Una exhaustiva investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OAIC) determinó que las naves N2456S y N5485S fueron derribadas en aguas internacionales, que las autoridades de Cuba no cumplieron los protocolos de aviso establecidos, tampoco intentaron desviar las naves fuera de las zonas de peligro, ni ordenaron a los pilotos que aterrizaran en un aeródromo designado.
Tras conocerse el informe, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1067 (1996) (13 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Rusia y China) que condenó el uso de armas contra aviones civiles y llamó al régimen de La Habana a cumplir con las leyes internacionales.
La responsabilidad del hecho recae sobre el general de Ejército Raúl Castro Ruz, quien confesó que se trató de una operación premeditada y que había dado instrucciones precisas para que las avionetas fueran abatidas: "Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan".
En la grabación que lo inculpa, publicada por el Nuevo Herald en 2006, se le escucha anticipar el resultado de la acción: "Con un cohetazo de esos, avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego".
Otros militares implicados en el ataque son el general de División Rubén Martínez Puente, entonces Jefe de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR) y los coroneles Lorenzo Alberto y Francisco Pérez-Pérez, los hermanos que pilotearon los MIGs.
También los espías Gerardo Hernández, cabecilla de la Red Avispa, acusado de proveer la información que permitió el derribo de las avionetas y el ex mayor Juan Pablo Roque, quien se infiltró en Hermanos al Rescate y se fugó a Cuba un día antes de la operación.
De los implicados, sólo el espía Gerardo Hernández fue llevado ante los tribunales. Fue condenado el 14 de diciembre de 2001 a dos cadenas perpetuas por 13 delitos, entre ellos “conspiración para cometer asesinato” y otros cargos de espionaje y fraude. Fue liberado por el Gobierno de Obama en diciembre de 2014 como parte de los acuerdos entre Washington y La Habana para restablecer relaciones diplomáticas.
El 21 de agosto de 2003 el Gran Jurado Federal de los Estados Unidos en Miami abrió una causa contra los hermanos Pérez-Pérez y el general Martínez Puente por el asesinato de los pilotos.
Raúl Castro al banquillo de los acusados
En la actualidad la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo Justicia Cuba, lleva el derribo de las avionetas entre sus principales casos y tiene a Raúl Castro como el mayor responsable de esta tragedia.
El general encabeza la lista negra de individuos a encausar por crímenes de lesa humanidad, donde también figuran los hermanos Pérez-Pérez.
Mientras tanto la Asamblea de la Resistencia Cubana que agrupa a numerosos grupos pro democracia de Cuba y el exilio, impulsa desde hace un año la recogida de firmas para pedir al Presidente Trump que inicie acciones para que Castro sea juzgado en una corte internacional.
También los legisladores cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Diaz-Balart enviaron una carta al presidente Trump pidiéndole que instruya al Departamento de Justicia una revisión de la implicación de Raúl Castro en la operación del 24 de febrero de 1996 y tome las acciones necesarias para iniciar el arresto y encausamiento en EEUU de los funcionarios cubanos responsables de estos asesinatos.
Durante una visita a Miami en noviembre de 2018, el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, mencionó el pedido de los legisladores y la carta al presidente Trump y dijo que estos documentos serían remitidos al Departamento de Justicia.
Como otra iniciativa, en el proyecto de ley Cuban Military Transparency Act, el senador cubanoamericano Marco Rubio incluye a los autores del derribo de las avionetas entre una lista de militares y empresas cubanas que no deberían comerciar con EEUU.
Los sucesos del 24 de febrero de 1996 impulsaron la aprobación de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba, conocida como Ley Helms-Burton, que entre otras disposiciones contempla en el Título III reclamaciones legales contra empresas o individuos extranjeros que hayan traficado con sus propiedades confiscadas por el gobierno cubano y en el Título IV, que se niegue la entrada a EEUU a directivos y principales accionistas, así como sus familiares directos, de las empresas que se considere trafican con dichas propiedades.
Una serie de procesos judiciales han ordenado compensaciones millonarias para los familiares de las víctimas, utilizando fondos del Estado cubano que estaban congelados en Estados Unidos, pero ellos y la inmensa comunidad de cubanos que los respalda aguardan la justicia plena, esa que logre condenar definitivamente a los autores de este crimen.
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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Presentan en España resolución para reducir la influencia rusa en Cuba
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una propuesta de ley destinada a detener la creciente influencia de Rusia en Cuba y su impacto para socavar las democracias.
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
Los diputados explican que “Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de (Vladimir) Putin defendiendo la versión del Kremlin” sobre la guerra en Ucrania y “ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales”.
Mencionan además que Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania, dando como un ejemplo que en 2022, Cuba "participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de 50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú".
“Si hemos sido conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las democracias de Occidente”, expresaron los diputados.
La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos “que el régimen cubano Ileva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos” y que se “exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
Asimismo pide “promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vlodimir Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas” y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC UE-Cuba) hasta que el régimen cubano “ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania”.
Dicho articulo establece la cláusula de suspensión del acuerdo "por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos.
Los diputados proponentes expresan que “Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa”, lograda a través de dicho acuerdo.
“El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo, ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano”, señalaron.
Miles de litros se desperdician por salideros en La Habana en plena crisis de agua potable
El video de un enorme salidero en plena calle del Cerro, en La Habana, es pura ironía para los cientos de miles de cubanos que no tienen acceso regular al servicio de agua potable.
En las esquinas de las calles Santa Lutgarda y Recreo, en el municipio Cerro de La Habana, el el agua potable brota de una tubería rota. Durante días, miles de litros de agua potable se han desperdiciado, fluyendo por las calles, mientras cientos de miles de cubanos sufren cortes en el suministro de agua en sus hogares.
El artista cubano Yulier Rodríguez, conocido por sus graffitis en áreas públicas de la capital, documentó el desastre en un video grabado el martes. En las imágenes se aprecia un enorme agujero en el pavimento, en el que se puede ver una tubería rota de la que mana agua sin cesar. Rodríguez describió la situación y dijo que el problema lleva varios días sin solución.
“Es una tubería grande, parece que es una tubería suministradora que sale de la propia sede de Aguas de La Habana, que está a unos metros de aquí. El agua lleva días fluyendo, y nadie hace nada”, explicó el artista en una conversación con Martí Noticias.
Este desperdicio de agua ocurre en medio de una crisis por falta del recurso y recientes declaraciones de Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, quien reveló este martes que más de un millón de personas en Cuba están afectadas por los cortes de agua, con 713,000 de ellas sufriendo interrupciones prolongadas.
El funcionario añadió que alrededor de 300,000 cubanos dependen del suministro de agua a través de camiones cisterna, en ciclos que pueden extenderse hasta más de 15 días.
Benito, un vecino que vive cerca del salidero de Santa Lutgarda y Calle Recreo, describió la situación con desesperación. “Eso es peor que el río Almendares”, comentó, refiriéndose al famoso río habanero.
Ana Julia Cortés, otra residente en el lugar, expresó su indignación por el daño causado no solo a la infraestructura hidráulica, sino también a las calles del barrio. "El agua corre por ambas aceras las 24 horas del día. Ha destrozado completamente la calle".
Cortés subrayó la ironía de que el agua se derrame cuando existe una crisis del servicio. "Nos duele ver tantos miles de litros desperdiciados mientras la mayoría de nosotros no tiene agua en casa”, dijo.
Este no es un incidente aislado. En otra parte del municipio Cerro, en la Calle Atocha, entre Calzada de Palatino y Zaragoza, los vecinos también sufrieron las consecuencias de un salidero similar que fue, finalmente, reparado, aunque dejó la calle intransitable. “Lo arreglaron, pero la calle sigue desbaratada”, explicó uno de los residentes en el barrio afectado.
La respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Aunque inspectores de la empresa Aguas de La Habana se han acercado al salidero próximo al Acueducto de Albear, en el municipio Cerro, los residentes afirman que no han tomado medidas efectivas.
“Les dijimos a los inspectores, y a todo el que pasa, pero no hacen nada”, comentó Ana Julia con frustración.
La infraestructura hidráulica de Cuba, especialmente en ciudades como La Habana, se encuentra en un estado crítico, afirmaron los entrevistados, quienes también se refirieron a la combinación de apagones constantes, tuberías envejecidas y falta de inversión en reparaciones y mantenimiento, lo que ha generado una situación de emergencia.
“Nos duele ver esto. Pensamos, ¡Dios mío, cuánta agua se está botando aquí!, mientras tantos de nosotros llevamos semanas sin una gota de agua en nuestros hogares”, concluyó Ana Julia.
Pescador cubano dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a Florida asegura que la embarcación fue robada
Un grupo de 43 cubanos desembarcó en una playa de Cayo Marathon, Florida. El dueño del bote en Cuba dice que se lo robaron.
Un pescador cubano dueño de un bote en el que llegaron 43 migrantes desde la isla a Florida este martes asegura que "lo ha perdido todo".
El grupo de 43 cubanos fue interceptado en la madrugada de este martes por la Guardia Costera tras desembarcar en una playa de Cayo Marathon, al sur de la Florida.
Mientras los balseros enfrentan una posible deportación, el dueño del bote, Fermín Puig, quien vive de la pesca desde hace más de tres décadas, fue citado en Cuba por la policía.
El pescador dijo que tenía el barco atracado en la bahía de Cojímar, al este de La Habana, y el lunes por la noche descubrió que se lo habían llevado. "Nadie vio nada, ni siquiera los custodios del lugar", aseguró.
"Ayer salí casi a las 11 de la noche de la estación y hoy me citaron para la una de la tarde. Todo el tiempo insinúan que yo vendí el barco o facilité las cosas para que se lo llevaran. ¿Pero cómo yo voy a vender lo que le da de comer a mi familia?", explicó.
Para que el pescador sea juzgado, el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía tienen que probar que el bote no fue robado, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, del servicio de asesoría legal Cubalex. "No obstante, en la práctica no funciona de esa manera siempre".
"Si la Policía o los oficiales del MININT entienden que no fue un robo, sino que esta persona lo vendió, prestó o regaló, lo pueden acusar de facilitar una salida ilegal y será él quien tenga que demostrar lo contrario", agregó.
"La sanción en estos casos podría ser de uno a tres años de privación de libertad y/o una multa. Paralelamente, pueden aplicar una sanción administrativa, como retiro de la licencia de pesca, entre otras", precisó.
Amanda Puig, la hija de Fermín, vive desde hace dos años en EEUU, adonde llegó por la frontera sur tras hacer una travesía desde Nicaragua.
"Mi papá nunca quiso irse de Cuba porque decía que el mar es su vida. Lo han destruido", dijo.
"Yo estoy en shock. Lo que más lamento en este momento es que mi papá se quedó sin nada y ni siquiera estaba en el grupo de los que llegaron. Por lo menos lo tendría aquí conmigo. En Cuba no hay un seguro, no hay nada para que nos podamos reponer de esto. Estamos desesperados", agregó.
"A esta hora nosotros deberíamos estar reclamando el barco pero no tenemos a quién. Mi papá es el afectado y es al que interrogan", remarcó.
Francis Puig, una hermana de Fermín que vive en Florida, ha publicado varios videos en sus redes sociales exigiendo que se haga justicia y encuentren al responsable del robo de la embarcación.
"Esos balseros quizás ni sabían que el barco era robado pero ojalá que investiguen y den con el culpable. Con la situación como está en Cuba, es muy difícil que mi hermano se pueda reponer de esto y para colmo [las autoridades] lo están amenazando con quitarle hasta la licencia de pesca", indicó.
El bote en el que llegaron los 43 balseros estaba valorado en más de 20.000 dólares en Cuba, comentó Puig.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo recientemente a Martí Noticias que las embarcaciones que llegan desde Cuba no son devueltas a la isla debido a "dificultades logísticas".
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó esta semana de un aumento de operaciones ilegales en el área de los cayos del sur de la Florida, que incluye el tráfico de migrantes y el contrabando de drogas.
En la ruta del Estrecho de la Florida, que ha sido utilizada durante décadas por los que escapan de la isla, han muerto o desaparecido al menos una treintena de cubanos este año, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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