El Gobierno de Cuba aseguró hoy que los casos de malos tratos en centros de detención son perseguidos penalmente en el país, al tiempo en que las penitenciarias del país están sujetas a un chequeo del Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas.
"En Cuba no hay, ni habría espacio para la impunidad", expresó ante el Comité el vicefiscal general del Estado y jefe de la delegación cubana, Rafael Pino, que agregó que "los actos de tortura y malos tratos están totalmente prohibidos y constituyen delitos", publicó la agencia de noticias EFE.
Pino agregó que no obstante "no estamos satisfechos" y que Cuba trabaja para "seguir avanzando", entre otras cosas actualizando el Código Penal, que actualmente no define el delito de tortura.
El vicefiscal cifra en más de 419 mil las quejas presentadas por los ciudadanos ante la Fiscalía entre los años 2007 y 2011, de los que asegura, 263 tuvieron que ver "con hechos relacionados con malos tratos en centros penitenciarios o en centro de detención".
Las denuncias fueron investigadas y resultaron "penalmente expulsados 46 agentes de las fuerzas del orden", dijo Pino, que atribuye a "una campaña política y mediática selectiva de la que Cuba es víctima " la idea de que en Cuba se condona la tortura.
Por su parte en su cuestionamiento a Cuba, el CAT alude a la situación de los activistas de derechos humanos, que según Pino no "pueden ser calificados bajo ese concepto, según los preceptos de la ONU", porque sus acciones "buscan destruir el orden interno de Cuba (...), al servicio y bajo la orientación de una potencia extranjera".
"En Cuba, los auténticos defensores de los derechos humanos son protegidos", dijo el vicefiscal, quien añadió "nadie en nuestro país ha sido perseguido o sancionado por ejercer sus derechos, incluidos los de libre expresión y asociación".
En cuanto a la asistencia de los presos que se han declarado en huelga de hambre, Pino aseguró que "se les brinda la mejor asistencia médica", al igual que al resto de personas privadas de libertad.
El CAT solicitó a Cuba datos sobre las muertes ocurridas en detención e información detallada sobre las investigaciones de esos fallecimientos y las medidas para prevenir suicidios.
Además pidió que se le diera a conocer los protocolos establecidos para el tratamiento de los detenidos en huelga de hambre y las medidas tomadas en los casos de Orlando Zapata Tamayo fallecido en 2010, Guillermo Fariñas, Darsi Ferrer, Franklin Peregrino, José Ubaldo, Juan Bermúdez, Iris Tamara Aguilera, Jorge Luis García, Diosiris Santana Pérez y Segundo Rey Cabrera González.
De igual forma le pidieron datos sobre "la información de la que dispone el Comité de que Yordani Martínez y David Piloto habrían sido esposados y golpeados (...) en la cárcel de Valle Grande como represalia por su declaración de huelga de hambre en mayo de 2011".
Solicitaron información sobre las circunstancias de la muerte de Juan Wilfredo Soto García en el Hospital Provincial de Santa Clara en mayo de 2011, tres días después de que denunciara que agentes de la policía le propinaron una paliza tras detenerlo.
Los integrantes del Comité cuestionaron además sobre las denuncias de agresiones y acoso contra Reina Luisa Tamayo tras la muerte de su hijo, Orlando Zapata, contra las Damas de Blanco y contra los blogueros críticos del régimen y mencionaron a Yoani Sánchez y Orlando Luis Pardo.
Pidieron más aclaraciones: sobre las presuntas agresiones de la policía durante una manifestación pacífica en Sancti Spiritus en febrero de 2008, contra Alexandre Santos Hernández en Holguín a manos de ocho miembros de una "brigada de respuesta rápida" y contra los familiares del periodista Raymundo Perdigán Brito cuando salían del juicio en el que éste fue condenando por "peligrosidad" en diciembre de 2006.
Los miembros del CAT Pidieron cuentas sobre la reforma del Código Penal que tramita el Parlamento cubano e instaron a incluir una tipificación del delito de tortura y a eliminar de manera efectiva la pena de muerte.
Claudio Grossman, presidente del CAT, expresó su inquietud por la "amplitud y vaguedad" de delitos que comportan en Cuba la pena de muerte y pidió al Gobierno que convierta la moratoria de facto en vigor desde 2003 en una abolición, informó EFE.
"En Cuba no hay, ni habría espacio para la impunidad", expresó ante el Comité el vicefiscal general del Estado y jefe de la delegación cubana, Rafael Pino, que agregó que "los actos de tortura y malos tratos están totalmente prohibidos y constituyen delitos", publicó la agencia de noticias EFE.
Pino agregó que no obstante "no estamos satisfechos" y que Cuba trabaja para "seguir avanzando", entre otras cosas actualizando el Código Penal, que actualmente no define el delito de tortura.
El vicefiscal cifra en más de 419 mil las quejas presentadas por los ciudadanos ante la Fiscalía entre los años 2007 y 2011, de los que asegura, 263 tuvieron que ver "con hechos relacionados con malos tratos en centros penitenciarios o en centro de detención".
Las denuncias fueron investigadas y resultaron "penalmente expulsados 46 agentes de las fuerzas del orden", dijo Pino, que atribuye a "una campaña política y mediática selectiva de la que Cuba es víctima " la idea de que en Cuba se condona la tortura.
Por su parte en su cuestionamiento a Cuba, el CAT alude a la situación de los activistas de derechos humanos, que según Pino no "pueden ser calificados bajo ese concepto, según los preceptos de la ONU", porque sus acciones "buscan destruir el orden interno de Cuba (...), al servicio y bajo la orientación de una potencia extranjera".
"En Cuba, los auténticos defensores de los derechos humanos son protegidos", dijo el vicefiscal, quien añadió "nadie en nuestro país ha sido perseguido o sancionado por ejercer sus derechos, incluidos los de libre expresión y asociación".
En cuanto a la asistencia de los presos que se han declarado en huelga de hambre, Pino aseguró que "se les brinda la mejor asistencia médica", al igual que al resto de personas privadas de libertad.
El CAT solicitó a Cuba datos sobre las muertes ocurridas en detención e información detallada sobre las investigaciones de esos fallecimientos y las medidas para prevenir suicidios.
Además pidió que se le diera a conocer los protocolos establecidos para el tratamiento de los detenidos en huelga de hambre y las medidas tomadas en los casos de Orlando Zapata Tamayo fallecido en 2010, Guillermo Fariñas, Darsi Ferrer, Franklin Peregrino, José Ubaldo, Juan Bermúdez, Iris Tamara Aguilera, Jorge Luis García, Diosiris Santana Pérez y Segundo Rey Cabrera González.
De igual forma le pidieron datos sobre "la información de la que dispone el Comité de que Yordani Martínez y David Piloto habrían sido esposados y golpeados (...) en la cárcel de Valle Grande como represalia por su declaración de huelga de hambre en mayo de 2011".
Solicitaron información sobre las circunstancias de la muerte de Juan Wilfredo Soto García en el Hospital Provincial de Santa Clara en mayo de 2011, tres días después de que denunciara que agentes de la policía le propinaron una paliza tras detenerlo.
Los integrantes del Comité cuestionaron además sobre las denuncias de agresiones y acoso contra Reina Luisa Tamayo tras la muerte de su hijo, Orlando Zapata, contra las Damas de Blanco y contra los blogueros críticos del régimen y mencionaron a Yoani Sánchez y Orlando Luis Pardo.
Pidieron más aclaraciones: sobre las presuntas agresiones de la policía durante una manifestación pacífica en Sancti Spiritus en febrero de 2008, contra Alexandre Santos Hernández en Holguín a manos de ocho miembros de una "brigada de respuesta rápida" y contra los familiares del periodista Raymundo Perdigán Brito cuando salían del juicio en el que éste fue condenando por "peligrosidad" en diciembre de 2006.
Los miembros del CAT Pidieron cuentas sobre la reforma del Código Penal que tramita el Parlamento cubano e instaron a incluir una tipificación del delito de tortura y a eliminar de manera efectiva la pena de muerte.
Claudio Grossman, presidente del CAT, expresó su inquietud por la "amplitud y vaguedad" de delitos que comportan en Cuba la pena de muerte y pidió al Gobierno que convierta la moratoria de facto en vigor desde 2003 en una abolición, informó EFE.
