Los agentes estatales son la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa en Cuba, afirma la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual 2020, donde resume los hechos más relevantes vinculados con la situación del derecho a la libertad de expresión en el hemisferio, entre ellos los de Cuba.
"Durante el 2020, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión registró continuidad en el patrón de restricciones a la libertad de expresión y al acceso a información pública en la isla. En particular, se han observado actos de amenazas, hostigamiento y persecución contra periodistas, disidentes, activistas, artistas y docentes que cuestionan al régimen o que difunden información u opiniones sobre temas de interés público. Si bien las formas de hostigamiento y las restricciones oficiales no son nuevas, la CIDH y su Relatoría observan que se han incrementado en el 2020 en el marco de la pandemia. En la mayoría de los casos, la persecución contra expresiones críticas por parte del Departamento de Seguridad del Estado se amparó en las disposiciones del Decreto-Ley 370 “sobre la informatización de la sociedad en Cuba”", señala el reporte anual elaborado a partir de numerosas fuentes, incluyendo medios de prensa independientes y nuestro sitio web www.radiotelevisionmarti.com, con decenas de menciones en el informe.
La Relatoría Especial alude a denuncias de bloqueos de determinadas aplicaciones y sitios web, interferencias y alteración de saldo de datos móviles por parte del gobierno, principalmente en un contexto de clima social agitado y convocatorias a protestas, impidiendo la comunicación y coordinación de los ciudadanos.
El organismo señala que "las autoridades estatales utilizaron la grave crisis generada por el Covid-19 para intimidar y hostigar de forma sistemática a periodistas que trabajan para medios independientes y detalla los casos de Yoe Suárez, Camila Acosta, Waldo Fernández Cuenca, Esteban Rodríguez, Julio Aleaga Pesant, Iliana Hernández, Niober García Fournier, Mónica Baró, Osniel Carmona, Jorge Enrique Rodríguez, Héctor Miguel Sierra, Emilio Almaguer de la Cruz, Yadisley Rodríguez Ramírez, Abraham Jiménez Enoa, Luz Escobar, Carlos Manuel Álvarez, Reinaldo Escobar, Roberto Quiñones y Héctor Luis Valdés Cocho, entre otros comunicadores y activistas.
La entidad recuerda al Estado de Cuba que el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión y los Estados tienen la obligación positiva de propiciar un entorno de trabajo seguro para la prensa.
"El Estado debe brindar a la prensa el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de interés público", indica la Relatoría.
Cuba muestra "una acentuada intolerancia en relación a las manifestaciones artísticas que pudieran poner en cuestión ya sea las bondades del sistema político o los aciertos del grupo dirigente", asegura el reporte y añade que "la discrepancia ideológica ha sido motivo para impedir expresiones artísticas de diversa naturaleza que tienen como fin la protesta".
La CIDH ha recomendado al Estado de Cuba poner fin al hostigamiento, incluyendo citaciones, detenciones de cualquier duración, y acoso judicial a cualquier persona por causas relacionadas al ejercicio de su libertad de expresión, libertad de asociación, reunión u otros conexos.
La Relatoría recuerda que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por Cuba el 28 de febrero 2008, protegen la labor periodística, artística y la defensa de los derechos humanos. De tal modo, quienes se expresan de forma legítima no deberían sufrir presión al ejercer su labor, cubrir y/o difundir los hechos de interés público.
