El presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, James P. McGovern (D-MA), el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Gregory W. Meeks (D-NY), la presidenta del Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Operaciones Estatales y Extranjeras, Barbara Lee (D-CA), y el presidente del Subcomité de Energía y Comercio, Bobby L.Rush (D-IL), encabezaron un grupo de 114 congresistas demócratas que pidieron en una carta al presidente Joe Biden que priorizara el bienestar del pueblo cubano.
“La situación humanitaria actual en Cuba es cada vez más grave, entre la escasez de alimentos y bienes y la disminución del acceso a suministros médicos en medio de la pandemia de COVID-19”, señalaron los congresistas.
La carta fue enviada pocos días antes del séptimo aniversario de la decisión de la administración de Barack Obama de normalizar las relaciones con La Habana.
A raíz de las protestas de este año, y aunque el embargo permite el envío de ayuda humanitaria, los miembros instaron a la administración a apoyar al pueblo cubano suspendiendo las regulaciones estadounidenses que "impiden que alimentos, medicinas, remesas y otras ayudas humanitarias lleguen a sus manos".
Los congresistas expresaron que “si bien el embargo permite el envío de ayuda humanitaria, en la práctica, los requisitos de licencia, la verificación del uso final, las restricciones al sector bancario y el temor de infringir sin saberlo las leyes estadounidenses complican gravemente el envío de ayuda humanitaria a Cuba, desde otros países como así como de los Estados Unidos".
Asimismo, pidieron al Presidente la eliminación de “todas las restricciones a las remesas familiares, permitiendo que los cubanoamericanos ayuden a sus familias y mejoren su nivel de vida, y las restricciones a las remesas no familiares o donativas, permitiendo que las organizaciones sin ánimo de lucro y los grupos religiosos proporcionen asistencia humanitaria y capital inicial para los empresarios cubanos y la sociedad civil”.
Los congresistas dijeron que siguen esperando que se tomen medidas basadas en las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Remesas que el presidente Biden estableció tras las protestas del 11 de julio, encargado de acelerar la revisión, en un plazo de 30 días, de cómo enviar remesas directamente al pueblo cubano.
Los miembros escribieron que la protección de los derechos humanos en Cuba, incluido el derecho a protestar, se sirve mejor con un compromiso basado en principios, en lugar de un aislamiento unilateral, que, según dijeron, ha demostrado ser una política fallida.
Opinaron que "una política de compromiso con Cuba sirve a los intereses de Estados Unidos y los del pueblo cubano”, y que es más probable que el compromiso permita las aperturas políticas, económicas y sociales que los cubanos desean.
Congresistas y senadores republicanos, por su parte, han pedido a la administración que haga énfasis en la reiterada violación a los derechos humanos por parte del régimen cubano, especialmente tras las protestas del 11 de julio, que dejaron cientos de detenidos, acusados de delitos graves y sentenciados a largas condenas.
En noviembre pasado, liderados por la representante de la Florida María Elvira Salazar, los senadores Marco Rubio y Rick Scott, el representante Mario Díaz-Balart, y otros 10 congresistas republicanos realizaron una conferencia de prensa para pedirle al presidente Biden que provea conectividad al pueblo de Cuba, que condene al régimen cubano por la represión contra la disidencia y que tome medidas en apoyo a los manifestantes en la isla.
Este miércoles, el senador republicano por Florida, Rick Scott, pidió al gobierno de Joe Biden que trabaje junto a Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, grupos de derechos humanos y miembros de la comunidad internacional para asegurar la liberación inmediata de todos los activistas por la libertad encarcelados en Cuba.
