Cuba
CPJ: Panorama mediático se abre en Cuba con críticos revolucionarios, represión disminuyó
El Comité de Protección a los Periodistas dice en su apartado cubano del informe "Ataques contra la prensa 2017" que los principales problemas para la libertad de expresión y prensa en la isla son leyes arcaicas y una internet cara y limitada
Un nuevo informe global del Comité para la Protección de los Periodistas, "Ataques contra la prensa 2017", dice en su apartado cubano, Conectando a Cuba, que el panorama mediático de la isla ha comenzado a abrirse en los últimos años gracias a la conquista─por periodistas, blogueros y documentalistas─ "de nuevos espacios para la libertad de expresión y el periodismo emprendedor que hasta hace unos años parecían intocables".
EL CPJ observa en ese grupo un espectro de opiniones políticas que va desde los más críticos, conocidos como disidentes, hasta los que están en favor de la revolución y critican las ideas socialistas, aunque las siguen apoyando.
La organización recuerda que en un discurso de 2010, Raúl Castro le dijo a la Asamblea Nacional que no temiera las discrepancias ni las diferencias de opinión, y estima que estas declaraciones "han envalentonado a los periodistas, en particular los que trabajan en la prensa estatal".
La entidad asegura que la represión estatal sistemática a gran escala contra los comunicadores ha disminuido significativamente en la isla, y que "la táctica, otrora común, de acusar a los periodistas de actuar como 'mercenarios' al servicio de Estados Unidos, se ha vuelto prácticamente obsoleta. No obstante "los opositores más estridentes en los medios sostienen que siguen enfrentando el acoso y la intimidación por parte de las autoridades”.
Considera que “la amplia transformación del panorama mediático ha incrementado el espacio para la crítica y les ha permitido a todos los sectores de la prensa profundizar en cuestiones vistas anteriormente como tabú, como por ejemplo los derechos de los homosexuales, las denuncias de corrupción oficial y la pobreza”.
Para el CPJ en la actualidad los mayores problemas para la libertad de prensa y de expresión en Cuba son:
1-) Leyes arcaicas (“las más restrictivas en materia de libertad de expresión y libertad de prensa de las Américas”) como las de Desacato a la autoridad, Propaganda enemiga, Actos "contra la independencia o la integridad territorial del Estado", y la Ley 88, "de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba”.
2-) Un acceso a internet caro y limitado para todos los cubanos. La mayoría del contenido que producen los periodistas es consumido fuera de la isla, ya que el público nacional está mayoritariamente desconectado de la Internet.
A continuación el texto completo del informe sobre Cuba del CPJ:
Conectando a Cuba
Leyes arcaicas y acceso a internet caro y limitado frenan progreso en la isla
Por Carlos Lauría
El panorama mediático cubano ha comenzado a abrirse en los últimos años, transformado por una animada blogosfera, un número cada vez mayor de sitios web noticiosos que contienen investigaciones periodísticas y opiniones noticiosas, y una innovadora generación de periodistas independientes que son críticos de las ideas socialistas y, no obstante, las siguen apoyando.
El mayor dinamismo en los medios contrasta con el restrictivo marco jurídico de la isla, que limita la libertad de expresión con el pretexto de proteger la "independencia o integridad territorial del Estado". Aunque la Constitución prohíbe la propiedad privada de la prensa, y todos los medios están presuntamente controlados por el Estado comunista de partido único, el auge de la cobertura informativa independiente es una señal de cambio.
Los periodistas, desde los más críticos --quienes son conocidos como disidentes-- hasta los graduados de periodismo, los documentalistas y los blogueros en favor de revolución, están abriendo nuevos espacios para la libertad de expresión y el periodismo emprendedor que hasta hace unos años parecían intocables.
Blogueros han declarado que habían acogido con satisfacción la relajación de las restricciones. "Estamos viendo oportunidades que parecían inconcebibles hace cinco años", declaró Alejandro Rodríguez, quien en 2012 renunció a su puesto en Adelante, un semanario estatal de la oriental ciudad de Camagüey, para lanzar un blog.
No obstante, muchos sostuvieron que hacía falta hacer más, pues la amenaza de la detención arbitraria, las anticuadas y ambiguas disposiciones legales y las limitaciones sobre el acceso a la Internet frenaban el avance en materia de libertad de prensa en Cuba.
El presidente cubano Raúl Castro sostiene un ejemplar del periódico Juventud Rebelde en La Habana, en diciembre de 2010. Pese a algunas reformas en el ámbito de los medios, la libertad de expresión sigue objeto de restricciones. (AP /Ismael Francisco, Prensa Latina)
El acceso a la Internet en Cuba, que las Naciones Unidas clasifica como uno de los más bajos en el hemisferio occidental, sigue siendo inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos. Y aunque la represión estatal sistemática a gran escala ha disminuido significativamente, los opositores más estridentes en los medios sostienen que siguen enfrentando el acoso y la intimidación por parte de las autoridades.
El ámbito de los medios comenzó a expandirse en 2011, cuando el presidente Raúl Castro introdujo reformas de mercado con el objetivo de reinventar el socialismo, aunque muchas de tales reformas se han implementado con lentitud y, en algunos casos, hasta se han revertido.
Cuando se lanzó por primera vez el llamado a favor de la relajación de las restricciones, la dirigencia del partido instó a la población cubana a criticar al gobierno y a las instituciones estatales. En un discurso pronunciado en diciembre de 2010, Castro le dijo a la Asamblea Nacional que no temiera las discrepancias ni las diferencias de opinión.
Estas declaraciones han envalentonado a los periodistas, en particular los que trabajan en la prensa estatal. Y aunque prácticamente no se critican las políticas gubernamentales en los medios oficiales, la mayoría de los periódicos --entre ellos el diario nacional Granma-- han comenzado secciones de "Cartas al editor" que les ofrecen a los cubanos un canal para expresar opiniones.
Periodistas oficiales y académicos de La Habana afirmaron que reconocían la necesidad de que la prensa oficial fuera más crítica, y algunos han reclamado una ley de acceso a la información pública.
Laura Blanco Betancourt, reportera del diario provincial estatal Vanguardia, admitió que la ausencia de una "cultura de debate" había impedido sostener conversaciones con franqueza dentro de la prensa oficial.
José Ramón Vidal, exeditor del diario Juventud Rebelde, fue más allá en una entrevista publicada en la edición de diciembre 2015-marzo 2016 de la revista mexicana Razón y Palabra, en la que argumentó que Cuba debía cambiar su "modelo comunicacional" porque "importantes cuestiones sociales" se estaban dejando de lado. Vidal, en la actualidad profesor de Comunicación en la Universidad de La Habana, señaló que el modelo mediático centrado en la propaganda estaba en crisis y que los cubanos ya no le prestaban atención.
Raudiel Peña Barrios, un jurista de La Habana, escribió en la revista digital OnCuba: "El sólo hecho de que se esté debatiendo sobre esta temática [la libertad de información] es una gran novedad en el contexto cubano". En un artículo titulado "El derecho a la información en Cuba: ¿posibilidad o utopía?", Peña sostuvo que semejante ley "debe contribuir a democratizar el acceso a la información".
Blanco Betancourt, quien reside en la ciudad de Santa Clara, afirmó que una estrategia de comunicación pública podía ayudar, y añadió que cualquier ley de esa índole "debe incluir el acceso a la información pública para todos los cubanos".
Aunque el férreo control del gobierno cubano sobre la prensa ha mermado en los últimos años, las autoridades siguen ejerciendo control sobre los medios, y los periodistas independientes más críticos siguen sometidos al acoso. Los encarcelamientos por períodos prolongados se han vuelto raros desde la ola represiva de 2003 (durante la cual el CPJ documentó los casos de 29 periodistas que cumplían largas penas de cárcel), pero las detenciones y citaciones siguen siendo comunes, según datos del CPJ. La táctica, otrora común, de acusar a los periodistas de actuar como "mercenarios" al servicio de Estados Unidos, se ha vuelto prácticamente obsoleta.
El restablecimiento de vínculos diplomáticos entre Washington y La Habana en diciembre de 2014, sumado a la histórica visita a Cuba del entonces presidente estadounidense Barack Obama en marzo de 2016, han dificultado que el Gobierno justifique la censura de la prensa como un medio para proteger al país de la agresión estadounidense, de acuerdo con periodistas cubanos.
Aún no está claro cómo el nuevo Gobierno estadounidense influirá sobre esa dinámica. Y el mismo día de la llegada de Obama a Cuba, el bloguero independiente y activista Lázaro Yuri Valle Roca fue arrestado y detenido durante cinco días luego de intentar de cubrir una protesta de Las Damas de Blanco, grupo opositor fundado por las esposas de disidentes encarcelados. El periodista declaró luego de su liberación que no lo habían procesado, pero que le habían advertido que podía ser enjuiciado si lo volvían a arrestar.
El restablecimiento de los vínculos ha llevado a algunos analistas a sugerir que Cuba pudiera regresar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que expulsó a Cuba en 1962. Pero en junio, el Gobierno cubano declaró que como una muestra de solidaridad con Venezuela, no se uniría a la organización, informó la BBC. La declaración de Castro ocurrió luego de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitara la aplicación de sanciones a Venezuela. La membresía en la OEA, cuyo mandato incluye una comisión para la protección de los derechos humanos, exigiría que Cuba mejorara su situación en materia de libertad de prensa, inclusive la reducción de restricciones sobre el acceso a la Internet y el cese del acoso a periodistas.
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Cuba, que ocupó el décimo puesto en la lista del CPJ sobre los países con mayor censura correspondiente a 2015, posee las disposiciones legales más restrictivas en materia de libertad de expresión y libertad de prensa de las Américas. El código penal cubano contiene disposiciones que limitan la libertad de prensa.
La mayoría de los procesos penales que amenazan la libre expresión contemplan el delito de desacato a la autoridad, previsto en el Artículo 144; el delito de "propaganda enemiga", previsto en el Artículo 115; o el delito de actuar "contra la independencia o la integridad territorial del Estado", previsto en el Artículo 91, que con frecuencia se emplea en combinación con la Ley 88, "de protección de la independencia nacional y la economía of Cuba", según un estudio comparativo de 2016 respecto a las disposiciones penales sobre la difamación en las Américas, elaborado para el CPJ por el estudio de abogados Debevoise & Plimpton en colaboración con la Fundación Thomson Reuters. Tales delitos pueden ser sancionados con una pena privativa de libertad de hasta 20 años.
La mayoría de los procesos aluden a la difamación de las instituciones públicas, de organizaciones y de héroes y mártires nacionales, lo cual también se utiliza junto con otras disposiciones para limitar la libertad de expresión al impedir el debate público y la crítica a las autoridades y las políticas gubernamentales.
La amplia transformación del panorama mediático ha incrementado el espacio para la crítica y les ha permitido a todos los sectores de la prensa profundizar en cuestiones vistas anteriormente como tabú, como por ejemplo los derechos de los homosexuales, las denuncias de corrupción oficial y la pobreza.
La Internet quizás sea el mayor obstáculo para los periodistas que intentan adquirir relevancia, porque la mayoría del contenido que producen es consumido fuera de la isla. Al mismo tiempo, los periodistas deben pagar elevados precios por el acceso a la Internet y encontrar formas originales de diseminar su trabajo a un público nacional que mayoritariamente está desconectado de la Internet.
Estos periodistas de los nuevos medios también se desempeñan en un vacío legal, en parte porque el Artículo 53 de la Constitución prohíbe la propiedad privada sobre los medios de prensa y reconoce "la libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista". Muchos de los periodistas entrevistados señalaron que abordan su trabajo con cautela y a veces se abstienen de publicar trabajos abiertamente críticos debido al marco jurídico vigente.
Desmantelar este marco para la prensa y eliminar todas las barreras al acceso individual a la Internet y a la vez expandirla a la población en general, son factores claves para promover un ambiente más abierto, según analistas y expertos en el tema cubano.
La lenta reducción de las restricciones refleja un Gobierno con muchos altos dirigentes mayores de 80 años que no son parte de una comunidad virtual activa. En el Gobierno y la dirigencia del partido se debate cuán rápida debe ser esta apertura.
Los disidentes, los periodistas que informan sobre cuestiones sociales pero que no son considerados hostiles, los blogueros progubernamentales y los miembros de la prensa estatal coinciden todos en un punto: quieren que el Gobierno les ofrezca acceso mayor, más barato y menos restringido a los 11 millones de habitantes de Cuba.
En una entrevista concedida en julio de 2015 al diario Juventud Rebelde, José Ramón Machado Ventura, el segundo más alto dirigente del Partido Comunista de Cuba, acusó a extranjeros de tratar de promover la ampliación del acceso a la Internet "no con el fin de que el pueblo cubano se comunique, sino con el propósito de penetrarnos y hacer trabajo ideológico para lograr una nueva conquista". Este obstinado enfoque en torno al acceso a la Internet pone en duda si el Gobierno cumplirá su promesa de llevar el acceso a la Internet al 50 por ciento de la población para el 2020, si lo permite la situación económica. Semejante logro exigirá mucha valentía de parte de la dirigencia cubana.
Carlos Lauría, director de programa y coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ, ha escrito para numerosas publicaciones. Nacido de Buenos Aires, ha escrito con frecuencia para Noticias, la principal revista de actualidad política en Argentina.
[Basado en un informe del CPJ]
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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