El abogado del fondo inversor CRF, Jawdat Khurshid, ha acusado este jueves al Estado cubano de modificar sus normas sobre la gestión de la deuda externa histórica de Cuba ante su pleito para cobrar 72 millones de euros derivados de préstamos suscritos en los años 80.
Khurshid puso en duda la posición del Banco Nacional de Cuba (BNC) y la República de Cuba, los demandados en este caso, al concluir sus alegatos ante la jueza Sara Cockerill de la división comercial del Tribunal Superior de Londres, que debe decidir si el grupo registrado en 2009 en las islas Caimán es el acreedor legítimo de esa deuda.
La parte cubana, que esta tarde dará su réplica, argumenta que fue "inválida" la cesión a CRF de los derechos contractuales que antes tenía el banco ICBC, autorizada el 25 de noviembre de 2019 por el ex director de operaciones del BNC, Raúl Olivera Lozano, hoy encarcelado en su país.
Khurshid sostuvo que Olivera y otros miembros del BNC también condenados en mayo de 2021 en La Habana por presuntamente incumplir los procedimientos actuaron en realidad conforme a las normas, y dijo que Cuba trata de manipular el caso para eludir sus obligaciones de pago.
El abogado disputó el argumento de las autoridades cubanas, representadas por Alison Macdonald, de que Olivera y Londa Caridad Martí, exdirectora del Departamento de deuda externa del BNC, debían consultar con el Ministerio de Finanzas y Precios y el Consejo de Ministros antes de autorizar la reasignación a CRF.
Según su argumento, este requisito no se incluye en el estatuto del BNC y Cuba "solo lo planteó" ante la demanda presentada por el grupo inversor el 18 de febrero de 2020.
"En base a su manual el BNC podía consentir una cesión de deuda externa histórica sin la aprobación del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros", afirmó el letrado.
Si resulta que en verdad era un requisito, "no lo sabían las personas más involucradas en la cesión de la deuda: ni Olivera, ni Martí, ni (la secretaria legal, María Teresa Compte) Zubeldía", añadió.
Khurshid apuntó que el manual del BNC permite al presidente del banco delegar la autoridad en los altos directivos y solo menciona al ministerio en procesos no relacionados con las asignaciones de deuda.
La parte cubana alegó la semana pasada, mediante el testimonio del perito legal Juan Mendoza, que el decreto ley de 1998 dejó al BNC con competencias "solo administrativas" y le requiere consultar al Gobierno para reasignar la deuda adquirida antes de la fundación en 1997 del Banco Central de Cuba (BCC).
Este jueves, asiste al juicio en Londres el ministro cubano de Justicia, Óscar Silvera, como parte de la comitiva oficialista, mientras que lo siguen en directo desde otra sala miembros de la disidencia cubana y firmas inversoras en deuda cubana que calibran cómo este litigio afectará a sus intereses.
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