El Tribunal Supremo Popular de Cuba remarcó esta semana la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, conocida como "Ley Mordaza", aprobada hace 20 años que castiga con la cárcel a quienes colaboren con los objetivos de la Ley Helms-Burton y con medios de prensa extranjeros.
El 2 de mayo el presidente Donald Trump activó el Título III de la Helms-Burton, que permite demandar a ciudadanos y empresas que trafiquen con propiedades confiscadas sin compensación en la isla, después de 1959.
El sitio web del Tribunal Supremo Popular ha publicado el texto de la Ley 88 entre los principales contenidos de su portada en la sección de Actualidad Noticiosa y de Derecho.
La ley no se aplica en la isla desde la fatídica Primavera Negra, en 2003, cuando el régimen castrista llevó a la cárcel a 75 opositores, muchos de ellos, periodistas independientes.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular amenazó en redes sociales con aplicarla.
"La Ley 88, sobre la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba, tipifica como delitos los actos y conductas que apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de la Helms Burton y establece severas penas para sus comisores", escribió Ferro en su cuenta de Twitter.
La Ley Mordaza, aprobada en 1999, prevee condenas de cárcel y confiscación de bienes, para quien "suministre, directamente o mediante tercero, al Gobierno de Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes o funcionarios, información para facilitar los objetivos de la Ley “Helms-Burton”.
Además establece sentencias de ocho a veinte años de cárcel "si el hecho se comete con el concurso de dos o más personas; si hay remuneración, recompensa o promesa de cualquier ventaja o beneficio, si el culpable llegó a conocer o poseer la información de manera subrepticia o empleando cualquier otro medio ilícito; si el culpable conociera o poseyera la información por razón del cargo que desempeñe; si se producen graves perjuicios a la economía nacional".
La Ley Mordaza también castiga con penas de privación de libertad de cinco a doce años a quienes procuren obtener información clasificada y dispone severas condenas de encarcelamiento y multas para quien acumule, reproduzca o difunda, material de EEUU considerado como "subversivo" y a quien lo ingrese al país.
También estipula sanciones de privación de libertad y multas a quienes colaboren "por cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros".
La Ley 88 castiga además a quienes incurran en cualquiera de los delitos previstos en los artículos anteriores con la cooperación de un tercer Estado.
Periodistas independientes y activistas opositores cubanos coinciden en que la amenaza del gobierno de Miguel Díaz-Canel con aplicar nuevamente la Ley 88, es motivada por la crisis económica que vive el país y el descontento popular.
Angel Moya Acosta, condenado a 20 años de cárcel durante la Primavera Negra opinó que este anuncio es indicio de que está en camino una "nueva ola represiva porque la situación en el país es muy compleja".
Lo mismo considera la periodista Luz Escobar, quien asegura que las autoridades saben el gran descontento que existe en la población.
[Con información del Tribunal Supremo, redes sociales y reporte de Amado Gil para Radio Martí]
