Siete relatorías y grupos de trabajo de Naciones Unidas acusan al gobierno cubano de violar los derechos humanos de activistas y creadores en la isla, incluidos el rapero contestatario Denis Solís, la reconocida artista y artivista Tania Bruguera y ocho integrantes del Comité́ por la Integración Racial (CIR).
La organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) señaló en Twitter que las víctimas de estas violaciones se hallan sometidas a vigilancia policial, amenazas, prohibiciones de viaje, detenciones arbitrarias y represión por protestar de forma pacífica.
El presidente del CPD, Javier Larrondo, explicó a Radio Martí que aunque la denuncia se presentó a ONU el 18 de enero de 2021, "durante dos meses estos documentos se mantienen embargados, y sólo los ve el Estado que es acusado", por lo que "la comunicación de las Naciones Unidas se ha hecho pública ahora, en la tercera semana de marzo de 2021".
Larrondo subraya que “un hecho muy importante de esta comunicación acusatoria, gravísima, de 7 relatorías y grupos de trabajo de las Naciones Unidas, es que las víctimas son todas defensores de derechos, unos culturales y artísticos y otros de integración racial, que son dos movimientos que en Cuba han cobrado fuerza en los últimos años”, y que a su juicio “están muy enraizados en la sociedad civil” independiente.
El presidente del CPD dijo que la defensa que hacen del caso de Denis Solís, al explicar “que no pudo haber un desacato, puesto que el policía entró, allanó su vivienda de forma ilegal, es muy acertada”.
Apuntó, además, que el hecho de que Solís sea defendido en las Naciones Unidas “cobra mucha fuerza para el Movimiento San Isidro y su respaldo en las organizaciones internacionales de derechos humanos”.
En el caso de Bruguera, Larrondo recuerda que se trata de “una defensora de los derechos humanos”, pero también de una “artista muy reconocida internacionalmente”.
En su opinión, “el hecho de que Naciones Unidas emita esta comunicación acusatoria, protegiéndola”, es “muy significativo” para los artistas independientes en Cuba “que se sienten desamparados en la lucha por la libertad de expresión, la libertad artística y sus derechos humanos”.
El documento presentado ante la ONU señala que Solís González es “un defensor de derechos culturales, cantante y cofundador del Movimiento San Isidro (MSI), un proyecto artístico y social creado por un grupo de artistas en la Habana que busca promover el respeto a los derechos humanos y la democracia”.
Sobre Bruguera dice que es “una defensora de los derechos culturales, artista e integrante del MSI”, que centra su obra “en temas de relevancia social y cultural, en particular en el derecho a la libertad de expresión y la migración”.
Explica, además, que los activistas Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González, Osvaldo Navarro Veloz, Luis Oleidy Machado Reinosa, Dunia Medina Moreno, Richard Zamora, Esber Rafael Ramírez Argota y Neurelina Cardo Brizo son integrantes del Comité de Integración Racial (CIR), una organización que desde 2008 “realiza actividades de incidencia y promoción del derecho a la igualdad, integración, tolerancia y multiculturalidad en Cuba por medio de eventos, talleres e informes”.
"Como era de esperar, las autoridades cubanas iban a negar las prácticas arbitrarias que vienen cometiendo contra la sociedad civil", dijo Madrazo Luna, desde La Habana, a Radio Martí.
"Ahora mismo, hay una práctica de linchamiento mediático contra los actores de la sociedad civil", subrayó el activista del CIR.
Esta "carta acusatoria" es muy importante, recalcó Larrondo, para “un sector de la sociedad cubana que está siendo hostigado tremendamente, y que tiene muchas ganas de despertar, y despertar con fuerza, y que lo está haciendo”.
El 11 de marzo pasado, una alta funcionaria de ONU pidió al régimen de La Habana que cese la intimidación y detención de defensores de los derechos humanos que trabajan por la justicia racial en el país.
"Los arrestos periódicos contra las personas defensoras de los derechos humanos en la isla, la falta de acceso a representación legal durante las detenciones y la vigilancia ejercida por agentes del Departamento de Seguridad del Estado son contrarias al derecho internacional y deben cesar", dijo Mary Lawlor, relatora especial de la ONU.
En diciembre de 2020, un grupo de 20 organizaciones de la sociedad civil cubana solicitaron a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ponga especial atención a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en la isla.
Los firmantes exigieron a la Alta Comisionada que demande al gobierno de Cuba "la debida cooperación con los mecanismos de protección, así como la toma de medidas concretas para acabar con dichos abusos, honrando la exigencia de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, la cual establece que los miembros del Consejo deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos y cooperar con el Consejo”.
