La situación de los Derechos Humanos en Cuba ha continuado durante este año llamando la atención de gobiernos y organismos internacionales que han sumado sus voces a las denuncias desde la isla sobre las reiteradas violaciones del régimen castrista al ejercicio de las libertades civiles e individuales.
“Hoy el gobierno cubano recurre en una medida menor, en comparación con épocas anteriores, a penas de prisión prolongadas para castigar a sus críticos. Pero las detenciones arbitrarias por períodos breves de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y activistas han aumentado en los últimos años. Otras tácticas represivas incluyen golpizas, denigración pública y el despido”, señaló Human Rigths Watch en su informe anual de 2017 sobre los derechos humanos en el mundo.
Esas detenciones arbitrarias y las nuevas tácticas represivas del régimen, son denunciadas y documentadas desde Cuba por activistas y organizaciones de derechos humanos como las Damas de Blanco y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, (CCDHRN), entre otras.
La CCDHRN, que publica cada mes el resultado del monitoreo a las violaciones de derechos humanos en Cuba, ha documentado un promedio de 454 detenciones mensuales, en el periodo comprendido entre enero y noviembre de este año, con una cifra máxima de 578 detenciones el pasado mes de octubre.
Durante el pasado mes de noviembre la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, CCDHRN, pudo registrar por lo menos 302 detenciones arbitrarias temporales, por motivos políticos, de pacíficos disidentes cubanos, la segunda cifra más baja en lo que va del año 2017.
Al propio tiempo, la Comisión verificó 7 casos de agresiones físicas y 25 acciones de hostigamiento contra disidentes, acciones ejecutadas en todos los casos, por la policía política secreta del régimen comunista.
El gobierno no ha cesado de hostigar y reprimir a las Damas de Blanco, que cada domingo acuden a los templos y salen a las calles para exigir la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
En octubre, el gobierno impidió viajar fuera del país a la dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler. Fue la cuarta ocasión en lo que va de año en que las autoridades prohíben la salida de la opositora.
La organización, que tiene un sitio web en Internet, mantiene una detallada información semanal sobre el acoso y las detenciones arbitrarias a sus miembros.
“La violencia contra la mujer se agudiza y se extiende a todo el país. Las damas de blanco son detenidas violentamente por oficiales militares del Departamento Seguridad del Estado (policía política), la Policía Nacional Revolucionaria, las Brigadas de Respuesta Rápida y otras organizaciones represivas del Ministerio del Interior, para impedir asistan a la Misa dominical y lleven a cabo la campaña #TodosMarchamos por la Libertad de los presos políticos”, denunciaron las Damas de Blanco en una carta entregada en la Fiscalía General de la República en marzo.
Durante el 2017 la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHRC) establecida en 1992, con sede en Miami, publicó varios documentos sobre la situación de derechos humanos en Cuba entre los que se destacan el hostigamiento del gobierno a los cuenta propistas, y las condiciones de trabajo impuestas a los médicos y profesionales de la salud que el régimen envía a trabajar en el exterior.
La FDHC mantiene un contacto regular con los defensores de los derechos humanos y activistas cívicos que están trabajando para el cambio en Cuba a través de medios no violentos, y contactos con las organizaciones internacionales de derechos humanos.
Este año Archivo Cuba, con sede en Miami, preparó un informe sobre violaciones al derecho a la vida perpretradas por el gobierno cubano, que presentó el pasado 5 de octubre al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas en conjunto con la Fundación de Derechos Humanos, de Nueva York, y Cubalex, de Tennessee, hasta hace poco radicada en Cuba.
La gestión procura que el Grupo de Trabajo de la ONU aborde el tema para el próximo Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba en mayo próximo (2018).
El informe de 10 páginas resume el desprecio sistemático a la vida humana reflejado en las leyes y prácticas del Estado cubano y hace referencia al trabajo en progreso de Archivo Cuba, que documenta muertes o desapariciones.
Otras dos organizaciones vinculadas a los opositores y activistas cívicos cubanos que durante 2017 han continuado su monitoreo el de la situación de los derechos humanos en Cuba, son el Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington D.C,y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
El OCDH denunció que se han producido 4.665 "detenciones arbitrarias" en Cuba desde enero de 2017, 306 de ellas en el mes de noviembre, en la mayoría de los casos (211) mujeres.
"El gobierno cubano persiste en su dinámica represiva" señaló la organización en una nota de prensa difundida el pasado 4 de diciembre en Madrid.
A punto de concluir el 2017 el gobierno cubano sigue sin ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —ambos firmados en febrero de 2008—, ni el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Tampoco ha reconocido la competencia del Comité contra la Tortura ni del Comité contra la Desaparición Forzada, ambos de las Naciones Unidas, para recibir y examinar comunicaciones presentadas por víctimas o por otros Estados miembros.
En los últimos diez años Cuba sólo ha permitido, la visita del Relator de Naciones Unidas sobre la Alimentación, Jean Ziegler (2007) y las relatoras sobre la Trata de Personas, y otro sobre Cooperación Internacional, ambas en este año.
A pesar de que Cuba invitó en el 2009 al Relator contra la Tortura, Manfred Nowak, el experto concluyó su mandato sin poder viajar la isla. La invitación fue reiterada hace cinco años al nuevo Relator, Juan A. Méndez, quien todavía espera la fecha del viaje.
Maria Grazia Giammarinaro, visitó a Cuba del 10 al 14 de abril de este año para evaluar la situación de la trata de personas, especialmente la de mujeres y niños. Su visita fue la primera realizada a la isla por un experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la última década.
Por su parte la relatora de la ONU sobre derechos humanos y solidaridad internacional, Virginia Dandan, viajó a Cuba para evaluar, los programas de cooperación que mantiene el gobierno cubano en el exterior.
Los resultados y recomendaciones de ambas visitas serán incluidos en sus respectivos informes especiales que se presentarán al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2018.
Para el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Cuba tiene un gobierno un gobierno autoritario, que arresta arbitrariamente a activistas y opositores y limita libertades fundamentales.
La afirmación está contenida en el informe anual sobre derechos humanos en el mundo que elabora el Departamento de Estado, publicado en marzo de 2017.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), entre otras, han denunciado el acoso y la represión a los disidentes, y en especial los casos de varios opositores que fueron arrestados tras la muerte de Castro.
En un comunicado emitido en marzo AI afirmó que la sentencia de tres años de cárcel al disidente cubano Eduardo Cardet por críticas a Fidel Castro tras su muerte es una “clara ilustración” de las restricciones a la libertad de expresión en Cuba.
No hay duda de que Cardet es un prisionero de conciencia que está tras las rejas por expresar sus ideas; no debe pasar un segundo más en prisión”, sostuvo Amnistía.
Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), fue sentenciado el 20 de marzo a tres años de prisión por sus críticas a Castro y continúa encarcelado.
Este año el caso cubano fue abordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, como parte de su 161 Período de Sesiones.
Por otra parte la situación de los derechos humanos de los afrodescendiente en Cuba fue presentado en ante la CIDH por activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, con sede en La Habana, que viajaron desde Cuba y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington.
En su informe anual sobre los derechos humanos Human Rights Watch destacó que el gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana.
“El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones”, subrayó HRW.
La Red de Cultura Inclusiva de Cuba, con sede en la isla, documentó casos de vulneración contra los derechos de las personas con discapacidad cometidos por el Estado cubano los cuales presentó ante la CIDH en México.
En septiembre, los activistas Rolando Ferrer, Juan Goberna, Acelia Carvajal y César Méndoza, miembros de la Red, viajaron a la capital azteca para denunciar al gobierno cubano que empeñado en no afectar sus estadísticas de mortalidad infantil "opta por no registrar a estos niños cuando presentan un alto riesgo de morir".
Freedom House y Amnistía Internacional, publicaron a principios de noviembre sendos informes relacionados con la situación de los derechos humanos en Cuba.
Freedom House clasificó a Cuba como el país con más censura sobre Internet en este Hemisferio y alertó de la situación de periodistas independientes, las "detenciones periódicas" que sufren.
Por su parte AI denunció que los críticos del gobierno se enfrentan a un futuro de acoso en el empleo, ya que las autoridades utilizan su control sobre el mercado laboral como herramienta adicional de represión.
Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el gobierno”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba tiene la oportunidad de iniciar un diálogo significativo sobre derechos humanos. Es imperativo que el país empiece a hacer los cambios necesarios para que la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población”, destacó el informe.
(Resumen elaborado a partir de artículos publicados en Martí Noticias)
