Marcos Alejandro Sánchez, estudiante de Electromedicina, tenía intención de grabar con su teléfono celular a dos oficiales de la policía que hostigaban a un vendedor ambulante de productos agrícolas, conocidos como “carretilleros”, en la intercepción de las calles Aguacate y O´Relly, en Habana Vieja.
La recepcionista de una empresa cercana al sitio le advirtió, discretamente, que tuviese precaución, porque “si los policías se dan cuenta de que los estás filmando, te llevan para la unidad [policial], y te ponen una multa, como le sucedió a un vecino de esta cuadra”.
Aunque el estudiante y la recepcionista coincidieron en que filmar un acto policial—que ambos catalogaron de “atropello y abuso de autoridad”—no debería suponer ser detenido ni multado, desconocen que estas violaciones a los derechos y las libertades civiles son comunes en toda la isla.
Reportes de organizaciones civiles opositoras al régimen cubano señalaron que durante el último año elementos conjuntos de la Policía Nacional y de la Seguridad del Estado han protagonizado una ola de represión, amenazas, detenciones y golpizas contra los ciudadanos, algunos de los cuales no practican el activismo político ni pertenecen a organizaciones opositoras.
Tenemos “indicación de la jefatura de conducir [a la unidad policial] a los ciudadanos que filman nuestro trabajo, donde son advertidos de ser fuentes de información al servicio del enemigo”, reveló, bajo condición de anonimato, un agente del orden público que patrulla la zona del casco histórico de la Habana Vieja.
Varios observadores de los Derechos Humanos en Cuba señalan que estas violaciones a las libertades civiles se incrementaron desde el inicio del actual proceso electoral, y podrían incrementarse a medida que se acerca el próximo 19 de abril, cuando un nuevo jefe de Estado que no lleve el apellido Castro, o pertenezca a la llamada “generación histórica”, se instaure en el poder.
“Actualmente la represión es contra todas las personas, no solo contra opositores y disidentes”, constató Dulce Amanda Durán Dalmau, activista de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). “El hecho de quedarse a observar, preguntar qué ocurre o filmar una manifestación de cualquier grupo opositor, implica ser interceptado y hostigado por la Seguridad del Estado”.
Varios ciudadanos denunciaron, ante la sede de la CCDHRN ubicada en el municipio Playa, que sufrieron hostigamiento, amenazas o multas por observar actos represivos contra manifestaciones pacíficas de la oposición, las denuncias fueron ocultadas.
“Desde una esquina vi cómo un grupo numeroso de mujeres vestidas de civil golpeaban a otras tres mujeres, mientras un grupo de oficiales de policía observaba sin actuar”, relató uno de los denunciantes, bajo condición de no ser identificado, ni revelar detalles de su caso por temor a represalias contra sus familiares.
“Cuando los policías notaron que estaba filmando aquel abuso me interceptaron y me condujeron para la estación, donde me preguntaron para qué agencia estaba filmando. Me amenazaron de mil maneras y me decomisaron el celular”, añadió.
Este ciudadano contó que no sabía en ese momento que aquel acto de represión que grababa era perpetrado contra tres miembros de la organización opositora Damas de Blanco.
Otros observadores de Derechos Humanos han insistido en acotar que estas represiones no solo se cometen contra ciudadanos que observan o filman manifestaciones opositoras, o actos represivos contra estas, sino incluso cuando se trata de actos de decomiso a vendedores ambulantes, o a compradores de productos ilegales.
El 2 de mayo del pasado año, Jorge Anglada Mayeta filmaba con su celular el decomiso de mercancías contra un vendedor de panes ambulante en un barrio de la Habana Vieja.
A consecuencia de ello fue amenazado a punta de pistola por el oficial de policía vestido de civil que efectuaba el decomiso, y quien efectuó, ante medio centenar de ciudadanos, al menos un disparo al aire. Posteriormente Anglada Mayeta recibiría una brutal golpiza por elementos de la policía y sería arrestado bajo el cargo de "atentado".
Según su esposa, Ariadna Mena Rubio, quien junto a una de sus hijas menores también sufrió golpes, en días recientes les llegó la notificación de la condena contra Anglada Mayeta: dos años de privación de libertad sin internamiento.
“Este es el precio que debemos pagar los cubanos por registrar la verdad”, sentenció Mena Rubio.
