Cuba
Cuba vive una nueva dimensión de la violencia, alerta experto, y apunta a algunas de las causas
Al menos 14 personas, la mayoría jóvenes, murieron en Cuba el pasado diciembre, de acuerdo a la recopilación de Martí Noticias en redes sociales y medios de prensa independientes.
La inseguridad ciudadana, que las autoridades se empeñan en minimizar, es otro de los factores del desasosiego de los cubanos y parece continuar en ascenso, aun cuando no tienen carácter público las cifras oficiales más actuales sobre la criminalidad.
“Nosotros hemos identificado la violencia como el principal desafío que tiene el país de cara al futuro. No parece tener relación la violencia con la situación general, pero nosotros sí creemos que la degradación de las violencias institucionales, las violencias comunitarias, la violencia de género, y su degradación final en forma de violencia común en Cuba, tienen que ver justamente con todo lo que viene aconteciendo como implosión del sistema político cubano. Yo creo, incluso, cómo implosión del sistema de convivencia cubano, como lo conocimos, en el pasado o en el pasado más reciente, y eso es un problema muy serio”, indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de DFrente y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), dos coaliciones que promueven Shanti, una estrategia global contra la violencia en la Isla.
“Las cifras, cuando uno las compara por la cantidad de población, se alarma profundamente, porque el problema que estamos viendo es el enraizamiento de ese flagelo dentro de la sociedad cubana, y eso puede convertirse en un problema crónico que no nos prepara para nuestros desafíos”, dijo el analista.
Eugenio García, de 25 años, fue encontrado muerto el 28 de diciembre en el municipio holguinero de Mayarí, luego de dos días de haber sido reportado como desaparecido. La causa aparente del homicidio fue el robo.
Otro joven de 19 años, identificado en Facebook como Elochi Oddara fue asesinado el 28 de diciembre en una fiesta callejera en la ciudad de Santiago de Cuba, donde también murió asesinado, días antes, el adolescente de 16 años Drayan Enrique Cuevas Bueno.
Yosnel Benítez Estrada, de 19 años, y Yoelvis Yudiel Ávila Companioni, de entre 20 y 30 años, se apuñalaron mortalmente el 24 de diciembre, tras una discusión en el centro recreativo La Turbina, de Ciego de Ávila.
Ronaldo López Vera, de 20 años, fue acuchillado hasta morir, el 23 de diciembre, en la provincia de Guantánamo, en un presunto robo del teléfono celular.
Andrés de Jesús Peña Ricardo fue encontrado ahorcado en Camagüey el pasado 21 de diciembre. Su cuerpo tenía signos de violencia.
Rudy, un transformista que era conocido como “Blancanieves” en La Habana, fue asesinado en la semana del 15 de diciembre, supuestamente por su pareja.
César Alejandro, de 19 años, murió el 10 de diciembre en el quirófano luego de ser atacado con arma blanca por cinco jóvenes en una fiesta popular en Trinidad, Sacti Spíritus.
Damián Reyes Cordero, de 20 años, fue asesinado el 9 de diciembre en la ciudad de Santiago de Cuba, cuando intentó mediar en una pelea.
Jadier Fuentes, de 32 años, fue asesinado a machetazos el 9 de diciembre en el poblado de Indalla, en el municipio de Vertientes, en Camagüey.
El viernes 8 de diciembre fue quemado vivo Eduardo Enamorado Pérez, de 63 años de edad, en la finca en la que trabajaba de custodio, en Alquízar, Artemisa.
Yamany García, de 19 años, falleció en el hospital después de ser agredido el 3 de diciembre por dos personas armadas con machetes en Cárdenas, Matanzas.
El doctor Efrén Padrón fue asesinado el 3 de diciembre en su casa del municipio San Cristóbal, en Artemisa.
Por otra parte, los observatorios de género confirmaron 87 feminicidios en el último mes de 2023.
“Aunque parezca una paradoja, tiene que ver con la creciente emancipación de la mujer frente a un machismo que no ha evolucionado hacia tendencias más tolerantes en las relaciones de pareja. La emancipación de la mujer, la búsqueda de su propia felicidad más allá de los hombres o más allá del esposo, la facilidad con que ellas toman una determinación para romper un lazo familiar, se ha encontrado con un redoblamiento de la violencia machista, y esa paradoja ha generado un incremento de los feminicidios. Por eso es que la violencia que siempre ha existido, tiene también una dimensión nueva dentro de Cuba”, señaló Cuesta Morúa.
Las políticas de seguridad pública en Cuba han mostrado fallas de origen que explican las fronteras de su garantía y han resultado en el incremento de la violencia criminal y la inseguridad.
“Hay un grupo de causas que tienen que ver con el fenómeno de la violencia que, por cierto, hay un acrecentamiento cuantitativo que le ha dado una nueva dimensión al fenómeno, siempre presente en Cuba, como en cualquier otra sociedad. Pero ahora estamos en una nueva dimensión, y una de las características de esa nueva dimensión tiene que ver con una de las causas, que es la ruptura del lazo social comunitario en la sociedad cubana, lo que en otro lenguaje llamen ‘sálvese quien pueda’”, precisó el estudioso.
“Dentro de la comunidad hay otra causa que es socioeconómica, la intensificación y, al mismo tiempo, el afianzamiento de la desigualdad social en Cuba, ha generado también una violencia socioeconómica, en especial, en los sectores marginados de la sociedad cubana, que, desafortunadamente, coinciden con el color de la piel, con la raza”, recalcó.
También aumentó el número de personas desaparecidas, asesinadas para robarles un teléfono o los ajustes de cuentas entre pandilleros, generalmente jóvenes.
Cuesta Morúa destacó una tercera causa, que es la violencia promovida desde el Estado.
“El Estado debe ser el gran pacificador de una sociedad frente a los conflictos de la sociedad con el Estado, y los conflictos dentro de la misma sociedad. El mensaje que ha enviado el Estado es el de violencia, ya sea institucional, ya sea policial, y eso es una causa que genera un incremento también de la violencia”.
El 11 de julio de 2021, el gobernante Miguel Díaz-Canel, al conocer que estaban ocurriendo levantamientos en el país, se presentó en la Televisión Nacional con un discurso para enfrentar a cubanos contra cubanos: "La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios", exhortó.
En octubre, y tras haber negado varias veces la inseguridad pública, el Ministerio del Interior (MININT) anunció que iniciaría el “combate” contra la violencia y delincuencia que asola el territorio nacional.
De este modo, el órgano trataba de limpiar la cara de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), con un bajo nivel de estima y confiabilidad por parte de la población, según encuestas de organizaciones independientes.
El Índice de Paz Global de 2023, una medición internacional de los indicadores de violencia, publicó, a inicios de noviembre que Cuba ocupa el puesto 99 entre 163 países.
Las letras del año para 2024, de las dos grandes entidades religiosas afrocubanas, alertaron sobre la criminalidad galopante en la nación.
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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Presentan en España resolución para reducir la influencia rusa en Cuba
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una propuesta de ley destinada a detener la creciente influencia de Rusia en Cuba y su impacto para socavar las democracias.
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
Los diputados explican que “Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de (Vladimir) Putin defendiendo la versión del Kremlin” sobre la guerra en Ucrania y “ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales”.
Mencionan además que Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania, dando como un ejemplo que en 2022, Cuba "participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de 50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú".
“Si hemos sido conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las democracias de Occidente”, expresaron los diputados.
La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos “que el régimen cubano Ileva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos” y que se “exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
Asimismo pide “promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vlodimir Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas” y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC UE-Cuba) hasta que el régimen cubano “ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania”.
Dicho articulo establece la cláusula de suspensión del acuerdo "por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos.
Los diputados proponentes expresan que “Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa”, lograda a través de dicho acuerdo.
“El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo, ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano”, señalaron.
Pescador cubano dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a Florida asegura que la embarcación fue robada
Un grupo de 43 cubanos desembarcó en una playa de Cayo Marathon, Florida. El dueño del bote en Cuba dice que se lo robaron.
Un pescador cubano dueño de un bote en el que llegaron 43 migrantes desde la isla a Florida este martes asegura que "lo ha perdido todo".
El grupo de 43 cubanos fue interceptado en la madrugada de este martes por la Guardia Costera tras desembarcar en una playa de Cayo Marathon, al sur de la Florida.
Mientras los balseros enfrentan una posible deportación, el dueño del bote, Fermín Puig, quien vive de la pesca desde hace más de tres décadas, fue citado en Cuba por la policía.
El pescador dijo que tenía el barco atracado en la bahía de Cojímar, al este de La Habana, y el lunes por la noche descubrió que se lo habían llevado. "Nadie vio nada, ni siquiera los custodios del lugar", aseguró.
"Ayer salí casi a las 11 de la noche de la estación y hoy me citaron para la una de la tarde. Todo el tiempo insinúan que yo vendí el barco o facilité las cosas para que se lo llevaran. ¿Pero cómo yo voy a vender lo que le da de comer a mi familia?", explicó.
Para que el pescador sea juzgado, el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía tienen que probar que el bote no fue robado, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, del servicio de asesoría legal Cubalex. "No obstante, en la práctica no funciona de esa manera siempre".
"Si la Policía o los oficiales del MININT entienden que no fue un robo, sino que esta persona lo vendió, prestó o regaló, lo pueden acusar de facilitar una salida ilegal y será él quien tenga que demostrar lo contrario", agregó.
"La sanción en estos casos podría ser de uno a tres años de privación de libertad y/o una multa. Paralelamente, pueden aplicar una sanción administrativa, como retiro de la licencia de pesca, entre otras", precisó.
Amanda Puig, la hija de Fermín, vive desde hace dos años en EEUU, adonde llegó por la frontera sur tras hacer una travesía desde Nicaragua.
"Mi papá nunca quiso irse de Cuba porque decía que el mar es su vida. Lo han destruido", dijo.
"Yo estoy en shock. Lo que más lamento en este momento es que mi papá se quedó sin nada y ni siquiera estaba en el grupo de los que llegaron. Por lo menos lo tendría aquí conmigo. En Cuba no hay un seguro, no hay nada para que nos podamos reponer de esto. Estamos desesperados", agregó.
"A esta hora nosotros deberíamos estar reclamando el barco pero no tenemos a quién. Mi papá es el afectado y es al que interrogan", remarcó.
Francis Puig, una hermana de Fermín que vive en Florida, ha publicado varios videos en sus redes sociales exigiendo que se haga justicia y encuentren al responsable del robo de la embarcación.
"Esos balseros quizás ni sabían que el barco era robado pero ojalá que investiguen y den con el culpable. Con la situación como está en Cuba, es muy difícil que mi hermano se pueda reponer de esto y para colmo [las autoridades] lo están amenazando con quitarle hasta la licencia de pesca", indicó.
El bote en el que llegaron los 43 balseros estaba valorado en más de 20.000 dólares en Cuba, comentó Puig.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo recientemente a Martí Noticias que las embarcaciones que llegan desde Cuba no son devueltas a la isla debido a "dificultades logísticas".
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó esta semana de un aumento de operaciones ilegales en el área de los cayos del sur de la Florida, que incluye el tráfico de migrantes y el contrabando de drogas.
En la ruta del Estrecho de la Florida, que ha sido utilizada durante décadas por los que escapan de la isla, han muerto o desaparecido al menos una treintena de cubanos este año, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Piden investigar parole humanitario de militar cubano vinculado al ataque contra Hermanos al Rescate
Exiliados cubanos pidieron a Blinken y Mayorkas una investigación urgente sobre cómo el piloto de guerra Luis Raúl González-Pardo Rodríguez terminó recibiendo el beneficio migratorio de parole humanitario.
José J. Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, junto a Sylvia G. Iriondo, representante de M.A.R. por Cuba (Madres contra la Represión), y Arnaldo Iglesias, miembro de la misma organización, han enviado cartas al secretario de Estado Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando una investigación urgente sobre el parole humanitario concedida al Teniente Coronel Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
“Si bien González-Pardo Rodríguez no fue la persona que derribó los aviones en este ataque, jugó un papel clave en los eventos que siguieron, persiguiendo nuestras aeronaves con la aparente intención de destruirnos. Aunque no tuvo éxito, su participación en esta horrenda operación fue evidente”, asegura la carta.
En una breve comunicación con Martí Noticias, González-Pardo Rodríguez dijo que negaba “la mayoría” de “las cosas que se han dicho” sobre él, pero que todavía no ha decidido explicar ante la opinión pública los hechos debido a “algunas situaciones que pueden verse afectadas”.
La esposa de González-Pardo Rodríguez está esperando un visado para emigrar a EEUU.
En la misiva los exiliados recuerdan que el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo internacional, cobró la vida de los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre, y el residente legal en EE. UU., Pablo Morales.
“Nos preocupa el proceso de evaluación realizado antes de otorgarle una visa. Es muy probable que, cuando fue entrevistado en Cuba, González-Pardo Rodríguez haya omitido detalles críticos sobre su papel en este ataque o haya proporcionado información falsa. Su implicación en un acto tan atroz plantea serias dudas sobre la legitimidad del Parole Humanitario que se le concedió”, añadieron.
La presencia de González-Pardo Rodríguez en Estados Unidos, reportada primero por Periódico Cubano y corroborada con pruebas por Martí Noticias, desató una fuerte polémica debido a las acciones del piloto de combate, quien participó en la operación contra Hermanos al Rescate, de acuerdo con Orestes Lorenzo, un piloto cubano que escapó a Florida en 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia.
"Confiamos en que tomarán las medidas necesarias para que aquellos involucrados en eventos tan trágicos no eludan la justicia mediante la obtención de visas humanitarias bajo falsos pretextos", concluye la carta.
Hasta el momento, los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado no han respondido sobre si están revisando el caso de González-Pardo.
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