Cuba
Cubanos debaten la eutanasia incluida en la nueva ley de salud
Cuba aceptó la eutanasia para personas que están en fase terminal y de agonía, después de la aprobación, el viernes, de la nueva Ley de Salud Pública.
Pocos países han aprobado la eutanasia o el suicidio asistido. Entre ellos están Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Australia, España, Alemania, Nueva Zelanda y algunos estados de Estados Unidos. En América Latina, Colombia es la única nación que permite esta práctica.
El procedimiento estará dirigido "a personas con enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles, con un sufrimiento intratable, que se encuentren en fase agónica o terminal de vida o que hayan sufrido lesiones que los coloquen en esta condición".
“Sería muy conveniente definir a grandes rasgos lo que es eutanasia: es matar sin dolor, y deliberadamente, mediante acciones de apariencia médica, todo lo cual implica un profundo dilema ético, un conflicto muy difícil de resolver: de un lado está el derecho que tiene un individuo a terminar su vida por razones bien justificadas, y del otro lado, está el deber de nosotros, los médicos de salvar la vida, a toda costa, y de aliviar todo el sufrimiento y el dolor, preservando la vida del individuo”, indicó desde Velasco, Holguín, el doctor Eduardo Cardet.
“Es algo que ha sido introducido por el régimen como una novedad, quizás para dar la apariencia de que está a tono con una tendencia que existe actualmente en muchas naciones del primer mundo, pero no es, de hecho, un planteamiento de las grandes mayorías del pueblo cubano, quizás hay algunas individualidades en Cuba que sí que han hablado del tema, pero nada más. Tampoco ha existido un proceso de consulta ni nada por el estilo”, recalcó el galeno y activista de derechos humanos.
El Ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda, destacó tras la aprobación de la ley que el grupo redactor del instrumento jurídico promovió acciones de divulgación y hubo 64 consultas colectivas en el país.
La normativa aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular entrará en vigor cuando se apruebe una regulación para su aplicación.
“Una de las desventajas de la eutanasia es que es un fenómeno que empieza siendo excepción y puede terminar convirtiéndose en una alternativa normal, cometiéndose abusos y actualmente existe un sinnúmero de formas terapéuticas y de fármacos para controlar el dolor y para asistir de manera paliativa a las personas con enfermedades terminales, pero ya no sabremos si, en definitiva, es que no hay solución a ese individuo a la luz de la ciencia médica y de los recursos actuales que existen a nivel global o es una carencia propia o típica del sistema fallido de salud de Cuba”, subrayó Cardet.
Al respecto, Jorge Armando Hechavarría Méndez, un residente de la barriada de Luyanó en La Habana, consideró que las autoridades de la Isla “se están atribuyendo facultades que yo creo que solo le corresponden a Dios”.
“El Estado ha aprobado la eutanasia, pero la población, en ningún momento ha dado su consentimiento. Se reunieron ellos y lo aprobaron de manera unilateral y eso va a traer como consecuencias que las personas mayores y desvalidas y que no tienen recursos, los van a dejar morir, pero eso ya está sucediendo hace mucho tiempo, ahora quieren darle un viso legal a una situación que se está dando en Cuba desde hace alrededor de 8 ó 10 años”.
“Las personas sin recursos están muriendo porque no tienen medicinas porque tampoco existen en los hospitales o los equipos adecuados para el tratamiento de las personas más vulnerables, como le dicen ellos a los miserables. Van a seguir muriendo sin ningún tipo de tratamiento, eso solo lo están haciendo para justificar la ineficiencia de ellos, pero yo estoy seguro que con los familiares de ellos no van tomar esa determinación”, remarcó Hechavarría Méndez.
Desde el punto de vista religioso o existencial, “es un atentado directo a la sacramentalidad de la vida, el derecho a vivir es algo que está por encima de la voluntad de las personas”, apuntó Cardet.
La Iglesia Católica cubana aún no se ha pronunciado sobre la inclusión de la eutanasia en la nueva ley de salud, pero es conocida su oposición en esta materia, igual que en el resto del mundo.
“Nosotros defendemos el derecho de la persona a la vida, la vida es sagrada, la vida nos la da Dios desde el momento de la concepción hasta el momento del fin natural. Por lo tanto, cualquier modalidad de eutanasia o suicidio asistido o cualquier manera de ponerle fin a la vida contra los planes de Dios, contra el fin natural, es inmoral. Nosotros pensamos que, por otra parte...hay que ayudar a que los mayores y los enfermos se sientan tan amados que no deseen la muerte”, precisó el padre Rolando Montes de Oca, de la Arquidiócesis de Camagüey.
“Nos preocupa muchísimo el hecho de que estas leyes van generando una cultura de muerte que a la larga hacen que la persona enferma o mayor se llegue a sentir un estorbo o un peso en la sociedad, cosa que nunca debería ocurrir. Entonces, antes de aprobar leyes o promover esto tendríamos que empeñarnos en dar mejor calidad de vida, en acompañar mejor, en amar y en hacer que las personas, nunca se sientan por ningún motivo un estorbo o un peso”, precisó el sacerdote católico.
El papa Francisco ha reafirmado, en varias ocasiones, su oposición a la eutanasia, asegurando que "no se juega con la vida".
El reverendo Alejandro Hernández Cepero del ministerio Aliá del Regreso al Buen Camino, que tiene su feligresía en la comunidad La Palma del municipio capitalino Arroyo Naranjo, subrayó que “nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona, ni de quitársela a sí mismo”.
“Aprobar la eutanasia en Cuba es otra de las caretas que se está poniendo el régimen para manipular la opinión pública internacional y a las pocas personas que aún creen que el gobierno hace cosas para beneficiar al pueblo. El régimen quiere mostrarse como un estado vanguardia en la Salud”, puntualizó el pastor.
La Ley de Salud Pública, que reemplaza a la vigente de 1983, descarta cualquier tipo de práctica privada de la medicina o instituciones de seguro.
En tal sentido se justifica en el Artículo 46 de la Constitución, que reconoce la salud como uno de los derechos de los cubanos, y el Artículo 72 que establece que es “responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación”.
“El régimen cubano ha prometido proporcionar cuidados de salud de determinada calidad, pero el problema surge cuando hay que cumplir con esas promesas, partiendo de la realidad actual, el estado calamitoso que está el Sistema Nacional de Salud. Lo más lógico es dudar de que eso sea posible”, señaló Cardet.
“Como siempre, ellos se mantienen en el control absoluto de esos servicios clave como es salud y educación. En cuanto a la Salud Pública, niegan el servicio legal y amplio de la medicina privada, que no es que sea la solución, pero sí una alternativa para crear un sistema de salud que contemple todas las posibilidades y donde exista un amplio desarrollo de los servicios de salud”, agregó.
En coincidencia con lo declarado por el doctor Cardet, el habanero Hechavarría Méndez opinó que el Estado cubano no garantiza una atención adecuada en la Salud Pública.
“La ley para nada refleja la realidad cubana porque hace mucho tiempo que la medicina dejó de ser gratuita en este país. El que no tiene dinero, o no tiene familia en el exterior que le mande los medicamentos, no puede ponerse un tratamiento efectivo. En el caso de mi mamá, me dijeron busca el metronidazol, es decir, por mis medios. No fue la atención adecuada y mi mamá falleció”.
La madre de Hechavarría Méndez, Delia Rosa Méndez Calzadilla, de 79 años, tuvo que ser ingresada en el hospital Miguel Enríquez, conocido como La Benéfica, donde falleció tres días después, sin que los médicos precisaran la enfermedad que la condujo a la muerte.
Del mismo modo piensa el contramaestrense Néstor Cintra: “Perdí, por negligencia médica, una hermana enferma de cáncer. Pero aún estuviera en agonía por su enfermedad, yo no hubiera permitido que se le aplicara la eutanasia. Nadie está capacitado para ordenar ni quitarle la vida a nadie”.
En las redes sociales los internautas han debatido sobre el método de muerte asistida aprobado, como este comentario de José Valdés: “Menos bocas que alimentar y enfermos que atender, será un gran ahorro de recursos y dinero, muy pragmático dadas las circunstancias”.
En tanto que Abdel Oviedo escribió que “es la ley más humana y digna que puede existir. Yo la apoyo con las dos manos”.
El usuario Roberto Cruz le respondió a Oviedo, “eso es muy importante, pero más importante y necesaria es una ley que blinde el derecho de los cubanos a tener una vida digna ".
Vea todas las noticias de hoy
Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
Foro